La operación Alquería centra los ataques de la oposición a Ximo Puig en la sesión de control

VALÈNCIA. Si cualquier espectador escuchara el pleno de Les Corts Valencianes de este jueves, pensaría que se habría equivocado de hemiciclo. En el parlamento valenciano primó la actualidad de otra institución, la de la Diputación de Valencia. Con el golpe policial y judicial que derivó en la detención de Jorge Rodríguez y otras cinco personas –entre ellas la cogerente de Divalterra por cuota de Compromís, Agustina Brines–, todos los grupos parlamentarios a excepción de la coalición valencianista interrogaron al jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, por este escándalo. La operación Alquería monopolizó la sesión de control. 

Los ataques se centraron especialmente en los socialistas, pese a que miembros de Compromís también se encuentran imputados en la causa, y con los que la coalición ha adoptado medidas menos contundentes. Mientras los del puño y la rosa despojaron en menos de 12 horas a Rodríguez de sus cargos orgánicos, anunciaron su intención de suspenderle de militancia y propusieron a Toni Gaspar como candidato para el relevo al frente de la Diputación de Valencia, en la UTE electoral esperaron dos días a que fuera Brines quien se apartara de su cargo. Pero lo hará temporalmente -hasta que declare ante el juez-, no será definitivo como en el caso de Rodríguez.

La veda de los envites en la sesión de control al president de la Generalitat la abrió la líder del PPCV, Isabel Bonig, quien en numerosas ocasiones ha tenido que defender a su partido por los casos de corrupción de etapas anteriores que investigan los tribunales y para quien la operación Alquería es un balón de oxígeno a emplear en sus intervenciones a un año de las elecciones.

"¿Se imagina que ahora nosotros presentáramos una reprobación contra Jorge Rodríguez como han hecho ustedes con los del PP? ¿Se acuerda de cuando linchaban a cargos de nuestro partido? ¿Cuándo los informes de la UCO eran sentencias condenatorias? ¿O cuando pedía responsabilidades?", le increpó la presidenta regional de los populares al jefe del Consell.

Puig distanció a su partido del PPCV esgrimiendo la celeridad con la que la formación adoptó medidas. Subrayó que Rodríguez ya ha dimitido al frente de la corporación provincial, mientras que el presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, "está imputado y sigue como presidente". Una defensa a la que replicó la portavoz adjunta del partido de la gaviota en Les Corts Eva Ortiz, que preguntó si se fiaba de todos los diputados del PSPV.

Los reproches continuaron con Podemos. El síndic de Podemos, Antonio Estañ, indicó que con las diputaciones "no hay reformas posibles, solo cabe su vaciamiento y descentralización hasta su eliminación vía reforma constitucional". "La Generalitat ha tenido tres años para hacerlo cumpliendo el Acord del Botànic y el Estatut, pero se ha impuesto la continuidad con el statu quo, por lo que el Consell debe ser valiente e impulsar la reforma de la Ley de Coordinación para desmantelar estas instituciones zombies", manifestó el también secretario general de la formación morada. 

Para la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, el caso Alquería demuestra que la "transparencia y buen gobierno en la corporación provincial ha brillado por su ausencia". Y volvió a exigir, como ya hizo tras la dimisión de Rodríguez de la Diputación, que también lo haga del Ayuntamiento de Ontinyent. 

Oltra responde por el PSPV

Aunque la sesión de control, a priori, sirve a los partidos de la oposición para fiscalizar la acción y gestión del Ejecutivo –por la que apenas fue cuestionado Puig– por las que debe responder el president del la Generalitat, la que respondió al envite de Ortiz (PPCV), e incluso a los de Ciudadanos y Podemos, fue la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Un gesto que despertó las quejas de la bancada popular. "¡Pero si ella no es del PSOE!", se oyó a algún diputado.