La ‘Operación Aplauso’ acaba sin consecuencias judiciales para Arturo Torró y Javier Reig

VALÈNCIA. Tras años de acusaciones, negociaciones y demandas, la denominada ‘Operación Aplauso’ ha llegado a su fin: El juzgado de instrucción ha sobreseído la causa en la que tanto el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, como Javier Reig, también del Partido Popular, estaban citados por el juez en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación en la compra que se efectuó a través de la empresa municipal IPG de parte del complejo de Gandia Palace. 

Así se desprende del auto del Juzgado número 1 de Gandia, que detalla todas las acciones que se han llevado a cabo desde que se inició la maniobra, con la que Arturo Torró pretendía  potenciar la playa. Unos hechos que se remontan a 2011 y que concluyen en 2017, tras el acuerdo homologado por el juez entre el gobierno actual y la empresa. De hecho, al considerar que desde entonces no se han instado la práctica de nuevas diligencias de investigación, procede a decretar el sobreseimiento provisional de la causa. 

Cabe recordar que en ese proyecto, el exalcalde popular Arturo Torró pretendía adquirir el complejo Gandia Palace por 6,7 millones de euros y sufragar los gastos de la operación alquilando a una empresa los espacios de los antiguos CineBox y otras dependencias de complejo. El instrumento para llevar a cabo esta operación era la empresa municipal IPG. Sin embargo, al entrar Vipei en concurso de acreedores, la propiedad pasó a manos del Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reordenación Bancaria).

A pesar de que el Partido Popular en su día asegurara que la compra nunca se materializó, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Valencia (diciembre de 2015), consideraba que la compra del inmueble sí se realizó, y fue IPG quien incumplió el acuerdo de compraventa firmado por el anterior ejecutivo de Gandia el 16 de enero de 2012. Por tanto, el consistorio estaba obligado a pagar a la empresa propietaria de las boleras y cines la cantidad de 5.364.000 euros. 

Una cantidad que llevó al actual gobierno de Gandia a negociar con el administrador concursal de la propietaria de la galería comercial. Y fue en mayo de 2017 cuando el juez homologó el acuerdo tomado entre ambas partes: El edificio volvía a manos de su propietario y el consistorio gandiense se eximía de abonar los más de cinco millones de euros por la compra del inmueble. De hecho, este acuerdo es el que lleva al sobreseimiento de la causa. 

Desde ese momento no se han presentado diligencias por lo que el juez acuerda el Sobreseimiento Provisional de la causa. Una sentencia a la que el gobierno actual, dirigido por Diana Morant, no ha recurrido pues han pasado más de tres días desde la fecha en que se dio a conocer el auto. 

Preguntado por esta sentencia, Arturo Torró, se muestra contento y resalta que la operación era “impecable” y que “el actual gobierno nunca alcanzaría a pensar una iniciativa como esta”. De hecho, recuerda que con la operación “ganaba la ciudad con un nuevo espacio, se revitalizaba la playa se recuperaban los tributos y se pagaba la hipoteca del espacio”. Una gestión que “jamás se le ocurriría a Diana Morant y su equipo”.