VALÈNCIA. La patronal del comercio urbano de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) ha elaborado su propio decálogo de medidas para mejorar la situación del sector con propuestas que van desde fijar periodos concretos para las rebajas, reducir la presión fiscal hasta mayores controles contra la venta ilegal y las falsificaciones. Estas peticiones serán trasladadas a los diferentes partidos que concurren a las elecciones del 18 de abril y las del 26 de mayo.
La primera exigencia de la organización que preside Rafael Torres a los partidos es la revisión de la normativa estatal para devolver “el sentido de las rebajas” recuperando de esta manera su limitación a periodos fijos en verano e invierno, una reivindicación que llevan haciendo desde que se liberalizó su regulación en 2012.
Asimismo, reclaman una mejora de los servicios de inspección de la venta ilegal e incrementar las medidas de control para luchar contra la falsificación y venta ilegal de productos y su posterior comercialización. También en espacios no autorizados como mercados ambulantes, pisos, showrooms y locales marketplace, comprobando que cumplen con las licencias y requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad comercial.
Sobre la regulación de los horarios comerciales, insisten en la necesidad de “establecer la posibilidad de que la declaración o derogación de una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) pueda, sin menoscabo de la potestad de cada ayuntamiento, iniciarse por parte de una organización representativa de carácter autonómico, si se demuestra que se cumplen o dejan de cumplir objetivamente las circunstancias marcadas en la ley". Respecto de la vigencia de 4 años de la declaración de ZGAT, que incluye el reglamento aprobado por la Conselleria de Economía, "se solicita que se recoja el silencio administrativo en el caso de que no se envíe el informe solicitado, por parte del ayuntamiento correspondiente".
Además, exigen la aprobación de un Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat, en tramitación, que sea “vinculante” para “procurar un crecimiento ordenado del sector y avanzar hacia un modelo de comercio sostenible” y la revisión de las normativas autonómicas y estatales que “en muchos casos impiden que bajos de viviendas se les pueda uso comercial”.
En materia fiscal, reclaman reducir “la presión” sobre el sector que en estos momentos está “muy por encima de la media de la Unión Europea”, así como impulsar una simplificación de las modalidades de contratos con "un adecuado sistema de incentivos fiscales a la contratación como el establecimiento de tipos reducidos, deducciones o reducciones en el rendimiento neto empresarial en el ámbito del IRPF y el Impuesto de Sociedades para pymes que creen o mantengan el empleo".
También, fomentar el relevo generacional en las empresas familiares y facilitar la transferencia de pymes a jóvenes y emprendedores, mejorando también los canales de conexión con start up para "evitar la desaparición de empresas comerciales tradicionales y el despoblamiento de las zonas urbanas".
El comercio recuerda el crecimiento exponencial que está teniendo la venta online y, en este sentido, ven necesario garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio con independencia de que el canal de venta sea off u online.
Otro de los pilares de sus peticiones pasa por impulsar desde el ámbito autonómico planes de formación específicos para el sector. Entre las propuestas están fomentar la formación profesional reglada y desarrollar formación específica de economía digital para mejorar las habilidades en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los negocios.
Asimismo, reivindican la adopción de un marco laboral “más adecuado” a la realidad del sector que permita “una mayor flexibilidad interna en las empresas, capaz de adaptarse a la realidad homogénea de los periodos de afluencia de los clientes como fines de semana, rebajas o campaña de Navidad".
La protección del medio ambiente es otro de los aspectos que también abordan entre sus propuestas. Así, reclaman un sistema de recogida y tratamiento de residuos acorde a las condiciones intrínsecas de las pymes de comercio, el establecimiento de tasas de recogida de residuos en función de los residuos generados por las pymes de comercio, no de los m2 de los establecimientos y la recogida selectiva en mercados municipales de residuos compactado separando orgánico, cárnicos, plásticos, cartón, cristal y otros.
Por otro lado, insisten en la puesta en marcha de un centro de coordinación de proyectos en el que participen activamente las organizaciones empresariales más representativas, junto las agrupaciones políticas, para el diseño de iniciativas singulares que acrediten la repercusión directa sobre el sector y la promoción del desarrollo de la digitalización en el comercio con una normativa específica que regule el nuevo escenario planteado y protegiendo al sector de “prácticas abusivas y desequilibrios competitivos”. Asimismo, consideran que se deben abordar cuestiones "pendientes" como la optimización de la logística y la seguridad de los pagos online, así como la información a los consumidores sobre sus derechos para “aumentar la confianza”.
En otro orden de asuntos, ven necesario un órgano de coordinación autonómico entre la Administración, agentes de comercio y turismo, para rentabilizar de mejor forma la recepción de turistas, así como la modificación de la composición del Observatorio de Comercio con el fin de adaptarlo a la realidad de las organizaciones empresariales más representativas del sector.
Respecto a las subvenciones, piden arbitrar mecanismos para el cumplimiento efectivo por parte de la administración pública de los plazos de resolución de las ayudas concedidas y para el adelanto de las cantidades subvencionadas de manera que permitan la ejecución del proyecto. También, equiparar la dotación presupuestaria del sector comercio en los presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana a su aportación al PIB de la Comunitat.
En el ámbito municipal, solicitan el desarrollo de los Consejos Locales de Comercio para que ejerzan "como instrumentos de participación activa y favorezcan la coordinación de las asociaciones locales con la administración municipal para consensuar y colaborar en la ejecución de acciones dirigidas a la dinamización comercial de ejes comerciales urbanos y también en cuestiones de otra índole pero que afectan en el día a día al negocio".
También promover una legislación que proteja la conservación de comercios emblemáticos, sus fachadas, rótulos e interiores de los establecimientos, apoyando su rehabilitación y mantenimiento: Para ello, solicitan una revisión de la actual normativa que "en muchos casos impide que bajos de viviendas antiguas, mayormente ubicadas en los cascos antiguos, se les pueda dar un uso comercial".
En este sentido, urgen al mantenimiento y fomento de actividades culturales en ejes comerciales, con la señalización de los espacios e hitos históricos, y que se iluminen de forma sostenible sus fachadas para "resaltar la arquitectura, eliminar barreras en aras de la accesibilidad e implementar el IBI cultural para fomentar las actividades comerciales de carácter cultura, incluyendo las librerías, distribuidoras de libros y galerías de arte, con la reducción de impuestos municipales sobre estas actividades."
"El tiempo que se utiliza en la búsqueda del aparcamiento, tiene un coste económico", dice Confecomerç, que propone que se mejore la utilización de las zonas de carga y descarga y que cuando el espacio lo permita, "se reserve una de las cuatro esquinas de los cruces de las calles, se destine a carga y descarga de vehículos".
El sector prevé que el segundo semestre del año sea "más complicado" porque se agravará la caída del consumo