Ángel de la Fuente. VPVALÈNCIA. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, y el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares Manuel Lagares, presentes en la Comisión de Expertos sobre la reforma del sistema de financiación autonómica a propuesta del Ministerio de Hacienda, no están nada contentos con el funcionamiento de este organismo ni con el informe no vinculante que ha elaborado.
En un voto particular, los dos asesores del ministro Montoro arremeten contra los expertos propuestos por las Comunidades Autónomas, a los que califica de "expertos con bandera".
En su opinión, estos profesionales se han visto "como representantes de la administración que los ha propuesto, más que como expertos independientes con opiniones basadas en criterios profesionales", lo que ha provocado, aseguran, que "muchos de ellos se hayan sentido obligados a anteponer los intereses inmediatos de esa administración, o sus indicaciones, a los intereses generales que deberían guiar la actuación de una verdadera comisión de expertos independientes"
A los representantes del Estado, que no parecen haber sentido ese impulso de defender los intereses de quien los nombró, tampoco les gustó el mecanismo de decisión de la Comisión, en la que, a diferencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Estado no tiene el 50% de los votos.
Al respecto, afirman: "Al no haberse dispuesto expresamente un mecanismo de voto ponderado que equilibrase los pesos de las dos administraciones representadas en ella, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley 40/2015, sus decisiones han debido de tomarse en última instancia por mayoría simple, lo que ha dejado a los representantes de la Administración General del Estado (AGE) en una situación de clara minoría, permitiendo a los representantes de las CCAA imponer sus criterios y preocupaciones en aquellos asuntos en los que existe entre ellos una coincidencia de intereses frente a la AGE".
A continuación reconocen que no se llegó a votar "en ningún momento", pero "la amenaza de hacerlo ha sido suficiente para imponer determinadas posiciones". El resultado, continúan, "ha sido un informe claramente desequilibrado en su cobertura de los problemas a analizar y un tanto sesgado en lo que respecta a algunas de sus conclusiones".
De la Fuente y Lagares creen que el "peso dominante" de las CCAA en el 'comité de sabios' se ha traducido en "un diagnóstico muy benevolente de algunos de los principales problemas del actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y en una cobertura desproporcionada de los problemas que más preocupan a estas administraciones, posiblemente en detrimento del rigor en el análisis y de otras cuestiones que habrían merecido un tratamiento más cuidadoso".
Así, señalan que "frente a las 3 páginas que describen la estructura y funcionamiento del nuevo sistema que se propone, o las 7 páginas que se dedican al resto del diagnóstico del sistema actual, el informe dedica 27 páginas a la supuesta insuficiencia de sus medios y al pretendido desequilibrio vertical en el reparto de recursos entre administraciones".
No son menos críticos respecto al trabajo de la Comisión en el siguiente párrafo: "Se ofrece un tratamiento a nuestro entender confuso y excesivamente prolijo de la supuesta insuficiencia del SFA, que a su vez se relaciona con la existencia de un desequilibrio a favor del Estado en el reparto vertical de recursos entre la AGE y las autonomías".
Una de sus críticas se refiere a una de las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana, cuyo representante, Francisco Pérez, ha introducido un voto particular para reclamar una quita de la deuda con el Estado. Al respecto, De la Fuente y Lagares consideran que "el informe dedica un espacio muy considerable a un intento de cuantificar el supuesto déficit de recursos del actual sistema de financiación, presumiblemente con el objetivo de condicionar la inevitable negociación política sobre los recursos del nuevo sistema y posiblemente con la esperanza de sentar las bases para reclamar la condonación de parte de la deuda autonómica con el Estado".
Estos dos expertos por el Gobierno rechazan incluso la idea muy extendida de que el gasto en sanidad, educación y servicios sociales, todos ellos prestados por las CCAA, son tan irrenunciables como el de las pensiones, que presta el Estado. "La idea de que existen unas necesidades irrenunciables de gasto que han de financiarse en cualquier caso supone también una enmienda a la totalidad, a nuestro juicio en la dirección equivocada, a las líneas maestras de la política fiscal española", añaden. Esta argumentación la sustentan en una ley del Gobierno Rajoy, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, que "establece reglas claras que limitan el gasto de las CCAA en función de las circunstancias económicas de una forma que resultaría difícilmente compatible con lo que se dice en las partes del informe que cuestionamos".
La Comisión de Expertos sobre financiación autonómica cuenta con un representante de cada comunidad autónoma excepto las de régimen foral, País Vasco y Navarra y un miembro en representación del Gobierno central. También sendos representantes de Ceuta y Melilla. Cataluña renunció a proponer a un candidato.
La presidencia recae en el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Jaén, Manuel González Sánchez.
A propuesta del Estado también participan en la comisión la catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria Natividad Fernández; el director de Fedea, Ángel de la Fuente; la profesora Maria Antonia Monés, y el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares Manuel Lagares, que ya presidió el comité de expertos de Cristóbal Montoro para la reforma del sistema fiscal en 2013.
Por parte de las comunidades y ciudades autónomas, forman parte de la comisión Santiago Lago Peñas (Galicia); Francisco David Adame Martínez (Andalucía); Carlos Monasterio Escudero (Principado de Asturias), quien renunció hace varios meses debido a las discrepancias con las posiciones de los representantes del Estado-; Juan Manuel Rodríguez Poo (Cantabria); Juan José Rubio Guerrero (La Rioja); José Carlos Sánchez de la Vega (Murcia); Francisco Pérez García (Comunitat Valenciana); Alain Cuenca García (Aragón); Jesús Fernando Santos Peñalver (Castilla La Mancha); Arturo Melián González (Canarias); Francisco Pedraja Chaparro (Extremadura); Guillem López Casasnovas (Baleares); Jorge Onrubia Fernández (Madrid); Jaime Rabanal García (Castilla y León); Miguel Ángel Pérez Castro (Melilla), y Joaquín Aranda Gallego (Ceuta).
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
