VALÈNCIA. El Pleno del Consell ha analizado la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2019 de la Junta Superior de Contratación Administrativa, en la que se recoge la gestión contractual de la Administración de la Generalitat y de su Sector Público.
El informe refleja un incremento de los contratos inscritos en el Registro de Contratos, ya que se alcanzan los 28.918 frente a los 24.140 inscritos el año anterior, lo que supone un 16,8% más. Respecto al importe total de los contratos desciende un 11,3% respecto a 2019 al pasar de 1.110,2 a 997,1 millones de euros.
Cabe recordar que en 2018 entró en vigor la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que establecía la obligación de inscribir los contratos de precio inferior a 5.000 euros, IVA incluido. Estos contratos siempre han existido, si bien sin procedimiento alguno y se pagaban por el sistema de anticipo de caja fija.
En concreto de los 28.918 registrados, 20.261 son contratos menores de 5.000 euros, cuyo importe global asciende a 20,08 millones de euros; 5.553 son contratos menores, es decir, de menos de 40.000 euros, si se trata de obras y menos de 15.000 euros en servicios y suministros, y de hasta 50.000 euros si se trata de suministros y servicios destinados a la investigación, cuyo importe ha ascendido a 60,4 millones de euros; y 3.124 corresponden a contratos no menores, con un importe total de 916,5 millones de euros.
Cabe destacar que los contratos menores de 5.000 euros y los contratos menores de más de 5.000 euros suponen únicamente el 8,08% del volumen presupuestario contratado por la Generalitat, mientras que los contratos no menores, sujetos a más controles, suponen el 91,92%.
En cuanto al procedimiento de adjudicación de los contratos, 1.548 han sido tramitados por procedimiento abierto. El importe de estos contratos ha ascendido a 676,5 millones de euros, cifra que representa el 67,8% del importe adjudicado del total de contratos.
Además, 713 contratos han sido adjudicados derivados de acuerdos marco, por un importe global de 158,9 millones de euros; 25.535 contratos por importe total de 78,1 millones han sido tramitados por adjudicación directa; y 236 contratos se han generado fruto de un procedimiento negociado, cuyo importe ha alcanzado los 11,7 millones de euros. El volumen total de contratos negociados se ha reducido en un 18% con respecto al año 2018.
Por otro lado, se han tramitado 172 contratos por el procedimiento de emergencia por un importe total de 35 millones de euros. Esta cifra representa un incremento respecto al año anterior cuando se formalizaron por este procedimiento 23 contratos por importe de 7,3 millones.
El aumento obedece a que en 2019 tuvo lugar la DANA, lo que llevó al Consell a contratar por el procedimiento de emergencia reparaciones, sobre todo en materia de infraestructuras hídricas, principalmente a la Vega Baja y la Vall d'Albaida,.
Asimismo, 607 contratos por valor de 35,1 millones de euros han sido tramitados por el nuevo procedimiento abierto simplificado que afecta a contratos menores a los 100.000 euros en el caso de servicios y suministros, así como menores de 2.000.000 euros en el caso de los contratos de obras.
Por otra parte, en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana durante 2019 figuran 2.743 empresas en activo, frente a las 2.436 que aparecían el año anterior. Esta cifra revela el esfuerzo que viene realizando la junta Superior de Contratación por inscribir con celeridad al mayor número de empresas, requisito indispensable para poder licitar por procedimiento abierto simplificado.
Del total de empresas, 804 son empresas clasificadas, de las cuales, 437 corresponden a la provincia de València, 128 a la de Alicante, 76 a la de Castellón y 163 son de fuera de la Comunitat Valenciana.
Por lo que respecta a las revisiones anuales de solvencia económica y financiera de las empresas clasificadas, se observa que el pasado ejercicio, de las 361 empresas revisadas, se ha revocado la clasificación únicamente a 23, cifra que coincide con la del año anterior. Esta cifra supone la mitad de las revocadas en 2015, lo que evidencia la recuperación de la situación patrimonial de las empresas y el freno al deterioro de sus cuentas que venía observándose desde 2008 coincidiendo con los momentos más duros de la crisis económica.
Por otra parte, en las revisiones trienales se ha procedido a la revisión de 134 expedientes, y a la revocación de 15 clasificaciones por no presentar la documentación solicitada, al tiempo que no se ha registrado ninguna revocación por disminución de las condiciones de solvencias técnicas necesarias.