MADRID (EFECOM).La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido que se prorroguen hasta el próximo 1 de abril los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por cese de actividad ordinario "especial" (compatible con la misma).
ATA ha señalado este lunes, en un comunicado, que solo 125.000 de los 3 millones de autónomos, 4 de cada 100, cobrarán las prestaciones por cese de actividad especial o extraordinario que se pusieron en marcha el 1 de julio para los de temporada.
La federación considera que son más de 250.000 autónomos, a los que se les "ha dejado atrás", sin poder abrir sus actividades y sin percibir la prestación por cese de actividad.
Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, son 280.000 autónomos que no han vuelto a la actividad desde el confinamiento o bien tienen bajos ingresos, pero que no cumplen los altos requisitos exigibles.
Los autónomos que no han reiniciado la actividad desde marzo "pagarán el 50 % de la cuota sin trabajar ni producir", ya que la gran mayoría no ha podido acogerse a la nueva prestación que, para poder percibirse, hay que ser beneficiario de tarifa plana o algún tipo de reducción en cotizaciones y llevar menos de un año como autónomo o estar en pluriactividad, ha lamentado.
ATA considera "ridículas y escasas" las prestaciones concedidas por cese de actividad y pide que se revisen porque el contexto es diferente a cuando se plantearon, con una demanda muy baja y muchos autónomos que todavía no han abierto.
La organización ya ha presentado "un plan de emergencia para salvar autónomos, empresas y empleos con diez medidas urgentes que Gobierno y Administraciones deben impulsar ante la situación de deterioro económico por los rebrotes y restricciones sanitarias".
Además de las medidas mencionadas, el plan incluye otras como extensión de las líneas ICO de liquidez hasta el 1 de abril de 2021; reducción temporal de IVA al 50 % del tipo en hostelería, turismo, cultura, peluquería y gimnasios o deducción fiscal a los autónomos en el IRPF y empresas en impuestos de sociedades que hayan mantenido el nivel de empleo en 2020.
