Bruselas propone sendas según deuda por país pero exige un ajuste anual mínimo del déficit del 0,5% del PIB

VALÈNCIA (EP). La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de revisión de las reglas fiscales, que contempla una senda de gasto sujeta a la deuda por país, pero con un ajuste anual mínimo del déficit del 0,5% del PIB para los años en los que se prevé que el desequilibrio negativo de las administraciones públicas supere el valor de referencia del 3%, un parámetro común que se ha introducido a petición de países como Alemania.

Además, serán los Gobiernos de cada Estado miembro los que deban presentar sus propios planes de ajuste fiscal a medio plazo en base a una reducción de la senda de gasto "plausible" que permita mantener la deuda en niveles "prudentes" a lo largo de un periodo de cuatro años, aunque podrá ampliarse hasta un máximo de siete si se apoya en reformas e inversiones específicas.

Por su parte, la Comisión proporcionará trayectorias técnicas que muestren qué ajuste fiscal es necesario para garantizar que se cumplen los criterios de los valores de referencia del 3% y el 60%, pero serán los Veintisiete quienes deberán respaldar los planes estructurales presentados por cada país, así como los compromisos de reforma e inversión en que se basen las prórrogas.

Según ha destacado en rueda de prensa el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, este planteamiento responde a un enfoque "equilibrado diseñado en torno a áreas clave para garantizar la transparencia y la igualdad de trato" que, además, "permite reducir la deuda al tiempo que se fomentan las inversiones y reformas".

"Nuestras propuestas simplifican nuestras normas y se centran en los retos fiscales. Esto significa tener en cuenta las diferentes situaciones presupuestarias iniciales de los Estados miembros y sus diferentes retos en materia de deuda pública", ha explicado, por su lado, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien ha incidido en que, al centrarse en el gasto, también se evita "el típico sesgo procíclico que la política fiscal ha tenido en los últimos años".

La propuesta mantiene también algunas de las obligaciones de la actual disciplina, como es el caso del Procedimiento de Déficit Excesivo (EDP), que continúa en un máximo del 3%, mientras que el basado en la deuda, que se activa cuando un Estado miembro alcanza una deuda superior al 60% del PIB, se reforzará.

Asimismo, la revisión introduce una cláusula específica de escape para los Estados miembro que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras, derivada del contexto tras la pandemia y de la crisis provocada por el ataque de Rusia a Ucrania.

No obstante, aunque las propuestas proporcionan a los Estados miembro un mayor control sobre el diseño de sus planes a medio plazo, también establecen un régimen de aplicación más estricto para garantizar que cumplen los compromisos que asumen en sus planes a medio plazo.

En el caso de los Estados miembro que afrontan importantes retos en materia de deuda pública, las desviaciones de la senda de ajuste fiscal acordada conducirán por defecto a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

Si no se cumplen los compromisos de reforma e inversión que justifican una prórroga del período de ajuste presupuestario, el período de ajuste podría ampliarse, pero el incumplimiento de los compromisos de reforma e inversión que justifiquen una prórroga del período de ajuste presupuestario podría dar lugar a la reducción de este período.

El objetivo de Bruselas es concluir los trabajos legislativos este año para comenzar los permitirá los preparativos a lo largo de 2024, con el desarrollo de los planes nacionales de reducción de deuda para que estos cubran el periodo a partir de 2025.