Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El sindicato CCOO PV inicia el proceso de negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para adelgazar su estructura interna tras una década de pérdidas y una deuda de 2,5 millones de euros. Un desequilibrio económico que, según reconocen, se ha agudizado "por la subida del IPC".
En un comunicado, la organización que dirige Ana García asegura que el desajuste económico estructural que arrastra CCOO PV desde hace varios ejercicios ha llevado a los órganos de dirección a acordar "una negociación formal con el Comité de Empresa". Un proceso que incluye, entre otras medidas y propuestas, la aplicación de un ERE en su organigrama.
"El ERE tiene, entre otras, causas económicas y productivas, derivadas de 10 años consecutivos de pérdidas; del incremento inasumible de gastos, que solo en masa salarial ha supuesto un aumento en los dos últimos años de más de un millón de euros; y de la reducción de los ingresos propios, especialmente las cuotas de afiliación", exponen.
Ante esta situación, el sindicato ha resuelto "no continuar con esa descapitalización y abordar medidas que reviertan la situación para obtener resultados positivos en los siguientes ejercicios, que le permitan regenerar el patrimonio y garantizar su viabilidad", subrayan en un comunicado.
Según exponen, de un presupuesto cercano a los 15 millones, la masa salarial alcanza los 8 millones. "La organización mantiene una deuda de 2,5 millones de euros, las cuotas por afiliación descienden, a la vez que los gastos se disparan, fruto de la subida de precios. Las pérdidas persistentes durante los últimos diez años han ascendido a más de 4 millones de euros", admiten.
Por ello, ahora el objetivo con el que CCOO PV encara la negociación es el de "llegar a un acuerdo con la representación legal, priorizando medidas de ajuste salarial, combinadas con otras fórmulas de flexibilidad, que minimicen todo lo posible el impacto en el empleo". "Una pretensión que va en consonancia con lo que ya está asumiendo el personal sindicalista", aseguran.
El pasado mes de enero, la dirección del sindicato acordó que el personal sindicalista no cobrara los atrasos de 2021, producto de la desviación del IPC, y la congelación salarial en 2022, que se mantendrá en 2023. "Un esfuerzo asumido para no agravar más los problemas económicos de la organización y del que no se ha visto afectado el personal laboral, que ha cobrado los atrasos del año anterior y ha visto incrementado su salario conforme al IPC, tal y como tiene reconocido en el convenio colectivo", remarcan desde la organización.
Asimismo, defienden que, además de la negociación del nuevo ajuste laboral, también han desplegado otras medidas recogidas en el Plan Integral de Mejora, que pasan por diversas vías de incremento de los ingresos, por un reajuste organizativo, por continuar con la reducción de gastos en servicios exteriores u otras partidas como de desplazamientos, dietas y de ahorro energético; así como la reestructuración de la deuda a largo plazo.
