El Consell aprueba el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de 2024

Respecto a las rebajas fiscales, el Consell estima que se beneficiarán 2,1 millones de contribuyentes valencianos, el 87,5% del total de la Comunitat Valenciana.

Entre las nuevas medidas, la conocida como Ley de Acompañamiento incluye deducciones de hasta 150 euros por el 30% de los gastos generados por miembros de la unidad familiar que necesiten ayuda por sufrir cualquier patología asimilada a problemas de salud mental, así como deducciones de hasta 100 euros por gastos producidos por miembros de la unidad familiar con enfermedades crónicas de alta complejidad o las denominadas raras, que podrá incrementarse hasta los 150 euros si la unidad familiar es numerosa o monoparental.

Además, se incorpora una deducción del 30% hasta 150 euros por cantidades satisfechas por gastos asociados a la salud bucodental; deducción del 30% hasta 100 euros por gastos destinados a la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza, así como una deducción de hasta 100 euros por gastos generados por miembros de la unidad familiar con diagnóstico de daño cerebral adquirido o alzhéimer, que aumentará hasta los 150 euros si la unidad familiar es numerosa o monoparental.

Asimismo, se incluye una deducción del 30 % hasta 150 euros por los gastos asociados a la práctica deportiva.

En el caso de las deducciones en el IRPF, se aplicarán con efecto retroactivo para que el ahorro se produzca en la declaración de la renta de 2023, y podrán beneficiarse las declaraciones con una base liquidable individual de hasta 32.000 euros y conjunta de hasta 48.000 euros, lo que se traducirá en un beneficio estimado para el conjunto de la ciudadanía valenciana de más de 180 millones de euros.

Rebaja de tipos por la compra de vivienda

La Ley de Medidas Fiscales, que salió a exposición pública el pasado 21 de septiembre, también contempla como novedad la modificación de los tipos de gravamen de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas que recoge la Ley 13/1997 de la Generalitat, que se traducirá en un ahorro de más de 19 millones de euros.

En concreto, se establece el tipo reducido del 6% para la adquisición de vivienda habitual por jóvenes menores de 35 años, así como para los compradores de viviendas de protección oficial de régimen general, siempre que el valor de la vivienda sea de hasta 180.000 euros.

Igualmente, se establece un tipo superreducido del 3% por compra de vivienda habitual de protección oficial de régimen especial y por compra de vivienda para familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género, siendo también 180.000 euros el límite del valor de la vivienda.

Otra de las novedades que incluye el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales es que se introducen varias modificaciones de la Ley 1/2020 de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana.

Una de ellas es que se incluye a los centros de protección específicos para problemas graves de conducta de personas menores de edad en el listado de centros educativos que deben de situarse a más de 850 metros distancia de los locales de apuestas.

Modificación de la Ley de Plurilingüismo

En el ámbito educativo, esta norma recoge la modificación de la Ley 4/2018 de Plurilingüismo, de forma que se suprime la obligación de que los alumnos y alumnas de las zonas castellanas cursen en valenciano asignaturas troncales.

De este modo, se modifica el sistema actual por el que el alumnado de zonas exentas asistía a la clase de valenciano, pero no se examinaban de la asignatura y en cambio estaba obligado a recibir al menos una materia troncal en valenciano, como podía ser matemáticas o historia.

"El Gobierno valenciano apuesta por el estudio y conocimiento de la asignatura de valenciano por parte de todo el alumnado de la Comunitat Valenciana y se propone que se incentive al alumnado que estudia valenciano, certificándose de manera automática el nivel correspondiente cuando finalice sus estudios", ha señalado el Consell.

Supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos 

La Ley de Acompañamiento también prevé la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) y del Consell Social de les Llengües.

En el caso de la Oficina de Derechos Lingüísticos se creó con la finalidad de poner el foco en la lengua utilizada en comercios, establecimientos de consumo o de turismo de carácter privado, pudiendo declarar esta oficina la vulneración de derechos lingüísticos sin establecer la posibilidad de audiencia, defensa y recursos del presunto vulnerador.

La ley no regula ninguna potestad sancionadora, pero se considera que la ODL supone una duplicidad, ya que ejerce una actividad paralela a otros organismos que pueden ejercer las mismas funciones, como por ejemplo el Síndic de Greuges o la propia tramitación de quejas y sugerencias por parte de los diferentes órganos de la administración.

En cuanto a la propuesta de eliminación del Consell Social de les Llengües se justifica porque sus funciones de control se pueden ejercer también en el ámbito parlamentario, así como a través de otros órganos de participación existentes, así como por su elevado número de miembros que supone poca operatividad en cuanto al funcionamiento.

En lo que se refiere a las competencias que corresponden a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, hay que destacar la modificación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo para simplificar trámites, agilizar procedimientos y reducir tiempos de resolución de expedientes.

Prevención en la lucha contra incendios forestales

La Ley de Acompañamiento también incluye la modificación de la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana con el fin de dar certeza a la gestión de la prevención y extinción de incendios forestales a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con terreno forestal y en las zonas urbanizadas en la zona de influencia forestal, así como a la aplicación del fondo estratégico municipal de prevención de incendios y gestión forestal.

Así, establece que se incluirán las previsiones necesarias relativas a infraestructuras, actuaciones y medios para la prevención de los incendios e infraestructuras de apoyo a la extinción. Además, la Conselleria de Justicia e Interior establecerá ayudas económicas a los municipios para la ejecución de las actuaciones planificadas.

Además, será necesaria una declaración responsable en actuaciones de silvicultura preventiva sobre la vegetación forestal y en el mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales, siempre que estuvieran previstas en un plan de prevención de incendios forestales aprobado por la administración competente.