El complemento que recuperan los interinos costará unos 90 millones anuales a la Generalitat

VALÈNCIA. El roto de la Administración valenciana, que repercutirá en beneficio de miles de trabajadores interinos, ya deja ver sus dimensiones. Atendiendo a las cuantías económicas que actualmente desembolsa la Generalitat valenciana para abonar el complemento profesional de sus funcionarios, es posible inferir cuánto le supondrá entregar el mismo concepto a los interinos de la Administración autonómica. 

El resultado puede alcanzar la nada desdeñable cifra de 94 millones de euros anuales, además de lo que podría tener que pagar la Generalitat con efecto retroactivo por los más de dos años en que no se han estado pagando. 

Todo ello como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo (TS), que viene a ratificar lo que ya dijera el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV): que los interinos con más de cinco años de antigüedad tienen derecho a percibir el complemento retributivo de carrera profesional como el resto de funcionarios y en igualdad de condiciones. El fallo abre la puerta a que buena parte de los 25.000 miembros de las plantillas autonómicas en situación de interinidad, según las estimaciones de los sindicatos, puedan reclamar su aplicación a partir de ahora y con efectos retroactivos por los años que no lo han cobrado.

Actualmente, la Generalitat contempla 282'8 millones de euros en sus Presupuestos de 2017 para el pago de dicho complemento retributivo de carrera profesional entre su personal funcionarial, una estimación facilitada desde la propia Conselleria de Hacienda, en la que está también incluida la cotización a la Seguridad Social. Si tenemos en cuenta que en las plantillas autonómicas hay un porcentaje aproximado del 25% de interinos, podemos inferir que lo que ellos tendrían que percibir serían algo más de 94 millones. 

La cifra, no obstante, puede ser algo menor puesto que la antigüedad suele ser inferior en los interinos que en la plantilla estable y el complemento se paga a los que llevan más de cinco años contratados.

La situación se agrava cuando multiplicamos por los años pasados la devolución de dicho importe. La Conselleria de Vicent Soler no dispone de ninguna partida que pueda servirle para hacer frente a la deuda, por lo que deberá habilitar fondos especiales, mientras Justicia y Administración Pública convoca mesas de negociación con los sindicatos. Porque aunque la sentencia establece como plazo el 25 abril para la puesta en marcha de dicha medida, probablemente las cuantías exigidas deban verse prorrateadas.

Administrativos, sanitarios y educadores

Por departamentos, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económica desembolsará este año 47'1 millones para el complemento profesional del personal administrativo, a los que cabe sumar 12'1 millones de coste de Seguridad Social. En total, 59'2 millones de euros. En el cómputo cabe incluir al personal sanitario, para cuyo complemento salarial se han destinado 178'6 millones de euros, a los que se añaden 45 de Seguridad Social. En total, 223'6 millones de euros. De aquí salen los 282'8 millones apuntados en los Presupuestos de 2017.

• PERSONAL ADMISTRATIVO: 59'2 MILLONES
• PERSONAL SANITARIO: 223'6 MILLONES

Consideración aparte merece el personal autonómico del área de Educación. Los docentes no perciben la retribución de carrera profesional como tal, sino los famosos sexenios, que vienen a ser complementos por formación y experiencia docente. Los trabajadores interinos han tenido numerosas dificultades para ver reconocido dicho derecho y todavía hoy pugnan por ello en los tribunales. Es por ello que la sentencia del TS podría ser un argumento de peso para que optaran a dichas cuantías y el Consell se viera obligado a pagarlas.

A quien además atañe directamente el fallo del Alto Tribal es al Personal Administración y Servicios (PAS) de las universidades públicas valencianas, que ya cuenta con graves problemas para el reconocimiento del complemento y que ahora podría apelar a la jurisprudencia para que la Generalitat se lo entregara en igualdad de condiciones.

Una deuda heredada

La Asociación de Interinos de la Generalitat Valenciana (Igeva), actualmente integrada dentro del sindiato UGT, pero antaño constituida de forma independiente, fue la encargada de llevar el complemento de carrera profesional a los tribunales. Lo hizo mediante la interposición un recurso contencioso administrativo contra la anterior Administración del PP, la de Alberto Fabra, por su regulación de la carrera de los empleados públicos. Concretamente, el sindicato cargaba contra el Decreto 186/2014 del Consell.

En este decreto, aprobado el 7 de noviembre de 2014, se excluía a los interinos del cobro de una retribución que los funcionarios iban a empezar a percibir en 2015. La idea era que recuperaran de forma gradual la carrera profesional suspendida total o parcialmente, según los casos, por un decreto de enero de 2012 elaborado por el entonces conseller de Hacienda José Manuel Vela, con el fin de recortar gastos. Sin embargo, el Consell de Fabra decidió paralizar dicha recuperación en 2014 a golpe de decreto.

Cuando llevó el caso a los tribunales, Igeva alegó que la norma vulneraba la Constitución al establecer un "trato discriminatorio" entre el personal funcionario de carrera de la Generalitat y el interino. El TSJ también lo entendió de la misma manera. Ahora, el Alto Tibunal avala la decisión de su predecesor y pone en un fuerte aprieto a la Generalitat.