Jorge Rodríguez. Foto: MARGA FERRER
Elena Cebrián. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El consejo de administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) volvió a aplazar este jueves su decisión sobre el contrato de 5,6 millones con la empresa mixta Egevasa (propiedad al 51% de la Diputación de Valencia y al 49% de Aguas de Valencia) para la gestión de 59 depuradoras, según informaron a este diario fuentes conocedoras de la negociación.
La gerencia de la entidad autonómica -en manos de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático (Compromís)- considera que el coste del servicio que presta la firma es superior al que tendría con una gestión 100% pública, mientras que la Diputación de Valencia (gobernada por el PSPV) discrepa sobre las cifras que maneja la conselleria y aboga por mantener el contrato con la firma -en cuyo accionariado participa-.
Ante tal disyuntiva y la ausencia de un punto de encuentro, la consellera Elena Cebrián y el presidente provincial Jorge Rodríguez acordaron posponer la decisión. En concreto, el consejo de administración de la Epsar se ha dado un plazo máximo de seis meses para decidir si arrebatan a Egevasa las 39 instalaciones públicas que gestiona a partir de un convenio suscrito en 1997.
Pese al mencionado plazo, la intención de ambas partes es decidir antes de verano para que la Epsar pueda planificar cuanto antes el próximo ejercicio.
Fuentes del entorno de la Diputación de Valencia contraargumentaban este jueves las cifras con las que la Epsar afirma que las depuradoras de Egevasa son más caras. Al respecto defienden que la entidad controlada por Compromís se centra en "el escenario más desfavorable" para juzgar todo el convenio y que el coste de las depuradoras de Egevasa, que "responde al cumplimiento de la normativa", es más elevado por tratarse de instalaciones más pequeñas y, en consecuencia, más caras.
Por otra parte, las mismas fuentes subrayaban que la Epsar no ha tenido inconveniente en adjudicar recientemente un contrato a la sociedad Facsa para la gestión de depuradoras en la provincia de Castellón, un convenio cuyo coste por metro cúbico de agua tratada sería sensiblemente superior al que se le cuestiona a Egevasa.
