Foto: AYUNTAMIENTO DE VALENCIAVALÈNCIA. La crisis de la covid-19 sirvió, entre otras cosas, para que la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos valencianos firmaran un acuerdo (Alcem-nos) que muchos tildaron de "histórico" para la reconstrucción de la Comunitat. Entre sus ejes destacaba el reconocimiento por parte de las instituciones firmantes de la necesidad de explorar una mayor colaboración público-privada para la promoción económica.
El compromiso obligaba a "combinar los esfuerzos privados con las políticas públicas" para que cualquier medida fuera lo más eficaz posible. Una hoja de ruta que el Ayuntamiento de València tiene la intención de seguir en un futuro inmediato a pesar de que antaño esta fórmula despertaba el rechazo en la coalición valencianista, especialmente si se trataba del ámbito sociosanitario.
El alcalde de València, Joan Ribó, presentó este miércoles junto al concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramón, la Empresa Municipal de Energía Sostenible (EMES) que quiere crear el gobierno municipal en los próximos meses y que ya incluyó en su Plan de Acción Local como parte del programa para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en 2030. Esta será una mercantil que no será completamente pública, sino que entre sus socios también habrá capital privado.
El Ayuntamiento de València tendrá un 51% de la mercantil, mientras el otro 49% quedará en manos de una o varias empresas privadas, como ya avanzó este diario. Todo dependerá de cómo se articule el pliego técnico de la licitación que saque en su día el Cap i Casal en la Plataforma de Contatación. La parte privada será la que aporte el "know how", el conocimiento del mercado y el capital que, según el primer edil, en estos momentos el consistorio no tiene.
De hecho, estos son algunos de los motivos por los que el equipo de gobierno, según Ribó, ha decidido optar por la fórmula de la colaboración público-privada y no constituir una empresa 100% pública como ya han hecho otras ciudades como Barcelona. "Necesitamos el conocimiento que tienen las empresas sobre energías renovables, pues el mercado eléctrico es complejo, oscila por horas y hay elementos que varían a lo largo del día. Pero también necesitamos la aportación de capital de forma inmediata. Y eso el Ayuntamiento no lo puede hacer en un año sino que tardaría más tiempo en invertir", expuso el alcalde tras reconocer que la unión con el sector privado ofrece a la administración trabajar con unos ritmos más ágiles.
Tanto es así que Ribó reconoció que esta es una vía que el consistorio quiere explorar de forma más frecuente de lo que ha hecho hasta ahora: "Nos parece que la colaboración público-privada es importante y la queremos extender a muchas actividades en las que, de alguna manera, el Ayuntamiento por su forma de actuar se ve muy limitada", explicó para acto seguido añadir que siempre y cuando se mantenga la mayoría pública cuando se produzcan este tipo de uniones.
Más allá de los planes a largo plazo que tenga el consistorio en este sentido, el alcalde explicó que con este proyecto Compromís y PSPV aspiran a canalizar 73 millones de euros de inversiones públicas y privadas para generar una potencia eléctrica de 72,25 MW mediante la instalación de placas solares en los tejados de edificios públicos municipales. En total, se estima que podrían realizarse actuaciones en 525 espacios de la ciudad, si bien todavía el mapa donde se instalarían no está definido. De hecho, en los próximos días se constituirá la comisión de estudio, que presidirá el coordinador de Estrategias Urbanas y Agenda Sostenible, Jordi Peris.
La puesta en marcha constará de tres fases. En la primera de ellas, la intención es instalar placas solares destinadas al autoconsumo para satisfacer las necesidades energéticas del Ayuntamiento, lo que permitirá abaratar el coste de la luz en los espacios municipales. Los tejados no se cubrirán al 100% con fotovoltaicas, sino sencillamente las justas para autoabastecer de suministro al consistorio, por lo que no generarán excedente.
En esta fase, la inversión necesaria será de cerca de 11 millones de euros y se prevé generar una potencia de 11 megawatios. Además, "no dependerá de plazos de autorización para el acceso y conexión por parte de la distribuidora, lo que se traduce en una reducción de plazos".
La intención es que en la segunda parte de la implantación de este proyecto, la empresa amplíe las instalaciones de placas para entonces generar excedente que pueda utilizar tanto para venderlo para aumentar los ingresos municipales o utilizarlo en actuaciones sociales; destinarlo a ayudar a familias en riesgo de pobreza energética como medida para mitigar el impacto del aumento del precio de la luz en los sectores más vulnerables. Asimismo, la idea es que el excedente de energía pueda ser aprovechada por terceros situados a menos de 2.000 metros de las instalaciones.
Con todo, el objetivo no será comercializar la energía generada, según el alcalde. Si bien aunque no se constituya con ese fin, sí podrá venderse a una empresa que la suministre a la red, explicaron fuentes municipales a este diario. La tercera fase, que llegará en un medio-largo plazo (se estima que en dos años, 2025) cuando ya todos los edificios municipales estén cubiertos de placas fotovoltaicas, servirá para mantener las instalaciones desplegadas durante toda su vida útil.
