Podemos propone crear una agencia para gestionar el SDDR y una tasa para financiarla

VALÈNCIA. Podemos, que este viernes lanzó en Les Corts uno de los órdagos más serios desde la firma del Acord del Botànic, continúa presionando con los dos temas que más incomodan al Consell, en particular al PSPV: la tasa turística y la puesta en marcha del polémico Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases de bebidas (SDDR).

En relación al segundo asunto, la formación morada ya advirtió de que si el Consell no deba pasos adelante para implantar el SDDR esta misma legislatura, ellos tomarían la iniciativa para acelarar la llegada de este sistema, que persigue incentivar el reciclaje de envases al imponer un sobreprecio a los productos que el consumidor recuperaría en el momento de devolverlos al comercio.

Y eso es lo que han hecho vía enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018: definir cómo debería llevarse a cabo su implantación y crear las estructuras necesarias para hacerlo. Este es el sentido de una de las enmiendas presentada por el partido que lidera Antonio Estañ en la Comunitat para crear la Agencia de Residuos de la Comunitat.

Según el diseño planteado por Podemos, la función principal de este organismo que estaría adscrito a la Conselleria de Medio Ambiente, sería el desarrollo y ejecución del SDDR y la gestión integral de las bolsas de plástico ligeras. El partido propone que ambos sean declarados "servicios públicos de titularidad autonómica".

Por estructura y competencias, la Agencia de Residuos de la Comunitat que plantea Podemos tendría un peso relevante dentro del sector público instrumental de la Generalitat, pero entraría en conflicto con Vaersa ya que, entre otras funciones, la formación morada pretende incluso que pueda construir y explotar –mediante convenios o la participación en sociedades– instalaciones públicas supramunicipales de gestión de residuos.

El organismo, que se crearía como una entidad de derecho público, también se encargaría de "colaborar en la recaudación de los tributos establecidos para la gestión de los servicios de los residuos de competencia autonómica, en referencia general a la valorización, incineración coincineración y eliminación de depósitos de residuos de vertedero".

En este sentido, Podemos plantea que este nuevo organismo debería financiarse principalmente con cargo al presupuesto de la Generalitat, pero también con los ingresos obtenidos de un nuevo impuesto de valorización incineración, coincineración y eliminación en depósitos de vertedero de residuos y los generados por la propia gestión del SDDR y las bolsas de plástico.

Pagar por usar el vertedero

El impuesto que financiaría la agencia del SDDR sería un nuevo gravamen a las empresas que hagan uso de los vertederos, un tributo que empezaría a aplicarse a partir del próximo 2018, tal y como detalla Podemos en otra enmienda de adición.

(ENMIENDA COMPLETA DEL IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS)

El denominado "impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, co-incineración y valorización energética" sería de nueva creación, pero además modificaría al existente actualmente sobre la "eliminación de residuos en vertederos" -un tributo insuficiente, a juicio de Podemos-.

El nuevo impuesto que propone la formación morada persigue "adaptar la Comunitat a las exigencias de la normativa europea, que impondrá la aplicación de estos criterios a partir de 2020". El partido subraya que no se trataría de una medida recaudatoria, sino que se utilizarían los recursos recaudados para su inversión en una mejor gestión de los residuos.

"Si no se hace ya deberá hacerse deprisa y corriendo en 2019 y 2020. Aplicarlo ahora es una manera  de permitir a las empresas que se adapten al nuevo sistema de forma progresiva", explica al respecto el diputado de Podemos Antonio Montiel.

El gravamen afectaría fundamentalmente a "los gestores industriales de residuos", es decir, a las firmas que hacen uso de los vertederos o que se desprenden de residuos mediante otras fórmulas como la valorización de los mismos para producir energía, tal y como realizan cementeras asentadas en la Comunitat como Cemex o Lafarge.