Jorge Rodríguez, en la Diputación de Valencia. Foto: MARGA FERREREl juez abre juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Valencia y otros 14 cargos de PSPV y Compromís
VALÈNCIA. El juez encargado del caso Alquería ha dictado apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y más de una decena de excargos de PSPV y Compromís en la corporación provincial. En el escrito de acusación, la Fiscalía ha solicitado ocho años de cárcel para el actual alcalde de Ontinyent, pena que también hace extensiva a su exjefe de Gabinete en la corporación, Ricard Gallego, a su exasesor Manuel Reguart, al exgerente de Divalterra José Ramón Tíller y a la excogerente Agustina Brines. Igualmente, les pide 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público, incluyendo para el ejercicio de cualquier profesión que comporte asesoramiento jurídico o económico durante el tiempo de seis años.
Anticorrupción les atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. En total, se trataría de diez años de prisión, pero al encontrarse en concurso se propone la imposición de una pena conjunta por el delito más grave en su grado máximo, lo que darían los ocho años.
El juez encargado de la causa sostiene que los acusados habían "infringido la legalidad" en la "cabal y correcta aplicación de los fondos públicos" al haberse producido en la empresa pública Divalterra una contratación "simulada" de un total de nueve directivos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018 sin que hubiera "motivos suficientes" y con hasta once informes jurídicos en contra. En ella, señala, no se tuvieron en cuenta, "con conocimiento y voluntad de ello", los requisitos legales y estatutarios. Además, cree que las personas contratadas bajo esta modalidad no ejercieron "nunca como tales". Esta forma de actuar conllevó, a su juicio, un posible desvío de 1,12 millones de euros de fondos públicos "en favor de unos particulares" y "por puros intereses de índole partidista" en ese reparto de cargos entre las dos formaciones en el poder: PSPV y Compromís.
Para algunos de los directivos contratados –Josep Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri Llopis , Salvador Femenía y Víctor Jiménez– la Fiscalía pide seis años de cárcel y doce de inhabilitación. Los considera autores de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular y cooperadores necesarios de la malversación.
Por último, para el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda y para el excogerente de Divalterra Xavier Simó pide seis años de prisión y 20 de inhabilitación por los delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario, malversación y prevaricación.
En su escrito, el fiscal indica que Jorge Rodríguez, Manuel Reguart, Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV) diseñaron "un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba". Algo que respondía, en su opinión, a "una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes a los partidos políticos, los cuales se estaban repartiendo las diferentes áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública".
Mantiene, en este sentido, que los acusados, "sin sujetarse a la normativa de contratación pública" e "incumpliendo lo dispuesto en los estatutos", dispusieron y formalizaron el nombramiento como personal de alta dirección de siete personas "sin sujetarse a los principios de publicidad, mérito, transparencia y capacidad y sabedores de que iban a suponer tan solo coste salarial a la empresa". Contrataciones que realizaron los gerentes Tíller y Brines "careciendo de la capacidad legal, obviando las funciones del Consejo de Administración que es único órgano que puede realizarlas, no existiendo ningún expediente de contratación, informe de necesidad, ni solicitud de existencia de crédito o consignación presupuestaria". La única motivación, añade, fue "la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos políticos que gobernaban en la Diputación: Compromís y el PSPV".
