La Fiscalía considera que el plurilingüismo es legal porque "ni se prohíbe ni se excluye el castellano"

VALÈNCIA, (EFE). La Fiscalía de la Comunitat Valenciana considera que el decreto de plurilingüismo "no lesiona ningún derecho fundamental", pues "no se prohíbe ni se excluye" la enseñanza en castellano "ni se impone" la del valenciano, y tampoco "se limita ni restringe la libre elección de centro".

Así consta en el informe de la Fiscalía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dentro del procedimiento de protección de derechos fundamentales interpuesto por el sindicato CSIF contra la Conselleria de Educación, cuyo contenido ha adelantado el conseller Vicent Marzà en la sesión de control de Les Corts.

La Fiscalía, según consta en el informe que ha difundido Escola Valenciana, recoge la "falta de legitimidad" de CSIF para esta demanda, ya que no tiene representación de centros docentes ni de alumnos de la Comunitat, y considera que no se vulneran derechos fundamentales, tratándose de cuestiones "de mera legalidad ordinaria".

Además, afirma que el decreto no "obliga a nadie" a optar por la enseñanza en valenciano en detrimento del castellano; no "proscribe" la enseñanza del castellano; no "restringe" el conocimiento ni el uso del castellano, y los padres de los alumnos pueden elegir la opción "que mejor les convenga".

En la sesión de control, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que confía en que la resolución judicial sobre el decreto de plurilingüismo "sea favorable", ya que cuenta con el informe favorable de la Abogacía, del Consel Jurídic Consultiu y el "aval" del Ministerio de Educación.

Puig se ha pronunciado así en respuesta a la portavoz del PP, Isabel Bonig, quien le ha preguntado si va a respetar las resoluciones judiciales tras los "tres varapalos" a "su decreto de chantaje lingüístico" y ha negado que el Ministerio avale esa norma.

"¿Dónde está el recurso del Ministerio de Educación?", le ha replicado el president, quien ha considerado que si el Ministerio hubiera visto "algún problema de derecho" en el decreto habría actuado en consecuencia y habría recurrido, y no lo ha hecho.

Puig ha destacado que este Consell "ha cumplido, cumple y cumplirá siempre" las sentencias judiciales, y que este decreto es la respuesta "al fracaso de veinte años".

Además, ha agradecido en la persona de la diputada de Podemos Sandra Mínguez, a quien el PP dijo ayer que nadie de Cuenca le va imponer la lengua en la que hablar, a todos aquellos que han venido de otros territorios a la Comunitat y que aman el valenciano.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha denunciado la "inseguridad y caos" existente tras la suspensión cautelar del decreto, que a su juicio supone que en estos momentos está vigente y se aplica el que el PP hizo en 2012, y ha anunciado que el PP y el Ministerio "vigilarán" que se cumpla esa suspensión.

Bonig ha lamentado que el Consell haya dicho que la Diputación de Alicante "no pinta fava" en este decreto, y ha preguntado si "pintan fava" los padres y las madres, el sindicato USO y la Plataforma en defensa de los derechos del castellano, o bien "solo pintan los suyos" y hay que "arrinconar" a los demás.

La diputada del PP María José Catalá ha alertado de que la resolución de la Conselleria del pasado mayo sobre estancias de profesores en el extranjero se basa en el decreto suspendido cautelarmente por el TSJCV, por lo que la Conselleria puede haber incurrido en "desobediencia" o "supuesta prevaricación".

Escola Valenciana ha afirmado en un comunicado que ha interpuesto otro recurso contra el auto del TSJCV que paraliza el decreto, al considerar que las alegaciones de la Asociación para la defensa del castellano y las de la Diputación de Alicante son "idénticas" y no se basan "en el interés general del alumnado".