Aitor Esteban, portavoz del PNV en el CongresoBILBAO/MADRID (EP). El acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado (PGE) suscrito entre el Gobierno y el PNV recoge una reordenación de las tarifas eléctricas que pagan las empresas en función de su tensión que, a afectos prácticos, implicará un ahorro de 50 millones de euros para las industrias vascas, según indica la Plataforma energética kV 25/30.
Los responsables de la plataforma realizan este cálculo y expresan en una nota de prensa su "satisfacción" por el acuerdo sobre entre el PNV y el Gobierno, al incluir la reforma de los peajes en las líneas de 30 kilovoltios (kV).
En concreto, en el pacto con los jeltzales para la aprobación de las Cuentas públicas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se compromete a eliminar la tarifa 6.1.b y englobar las tensiones de 30 a 36 kv en la tarifa 6.2.
La plataforma energética kV 25/30 ha demandado el mismo tratamiento para las más de 4.500 empresas que en la actualidad están en 25kV "pagando un sobrecoste anual de 250 millones de euros".
Según ha destacado, en el acuerdo entre jeltzales y populares se recoge "una de las reivindicaciones" que realiza desde hace meses ante distintas instituciones y partidos políticos, "denunciando la discriminación tarifaria para las empresas encuadradas entre 25 y 30 kV".
En este sentido, ha subrayado que el pacto supone el compromiso de eliminar la tarifa 6.1.b y englobar las tensiones de 30 a 36 kV en la tarifa 6.2, "lo que supondría, de cumplirse el pacto, la corrección para 1.250 empresas de un sobrecoste tarifario que históricamente ha supuesto 100 millones de euros año".
En todo caso, aunque considera que el acuerdo "es satisfactorio", ha indicado que "el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV, que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros al año por estar mal encuadradas".
La plataforma energética kV 25/30 está promovida por SEA Empresarios Alaveses, Grupo ASE, Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, que, junto a un centenar de empresas asociadas, han reclamado durante meses "la eliminación de la discriminación tarifaria".
