VALÈNCIA. (EP). El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han enviado una carta al Ministerio de Hacienda en la que solicitan que se amplíe el periodo de amortización de los préstamos suscritos por los ayuntamientos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales para hacer frente al pago de sentencias judiciales firmes y poder garantizar, así, su sostenibilidad financiera.
Soler ha explicado que algunos ayuntamientos han sido condenados mediante sentencia firme a hacer frente al pago de "elevadas cantidades de dinero" que las haciendas municipales son "incapaces de hacer frente", por lo que se reclama aumentar el plazo para devolver esa deuda vinculada a sentencias. Los ayuntamientos valencianos han pedido en total 71 millones de euros para este fin y actualmente el plazo de amortización es de 10 años.
"Es la única manera de que la hacienda municipal pueda continuar trabajando con normalidad, dando los servicios que la ciudadanía necesita y, al mismo tiempo, hacer frente a sus deudas", ha dicho, para advertir también que "de otra manera el coste para las condiciones de vida de los ciudadanos de estos municipios será mucho peor".
Alfaro ha defendido la flexibilización de estos préstamos que "comprometen" las cuentas locales, con periodos más largos de amortización o "incluso que pueda haber un periodo de carencia".
En la carta, ambos explican que "existen determinadas situaciones que se han generado en ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que han agravado sobremanera su posición económico-financiera, ya que, consecuencia de sentencias judiciales firmes, se les condena al pago de elevados importes dinerarios".
Recalcan que "la mayoría presentan una difícil situación económico-financiera que les impide concertar, conforme al régimen general de endeudamiento, una operación de préstamo para dar cumplimiento a la correspondiente sentencia, siendo la única alternativa acudir al Fondo de Financiación a Entidades Locales, en tanto que en muchos casos tampoco es viable formalizar un calendario de pagos con el acreedor".
"Somos conscientes que tanto los mecanismos extraordinarios de pago a proveedores como el Fondo de Financiación a Entidades Locales, han permitido a los beneficiarios disponer de mayor liquidez y de un margen de maniobra financiero imprescindible para atender sus obligaciones de gasto corriente y para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales", reconoce la misiva.
No obstante, destaca que las sentencias "son en su mayoría de tal importe que imposibilitan a estas entidades cumplir con el calendario de vencimientos de los préstamos que se pudiesen formalizar con el Fondo de Financiación" pese a la última modificación de las condiciones en marzo de 2017.
Pone como ejemplo el Ayuntamiento de Monòver (Alicante), condenado a pagar una indemnización que asciende a una aproximadamente 4,6 millones de euros, deuda clasificada por la Intervención General de la Administración del Estado como deuda pública a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo.
Su situación económico-financiera, agrega la carta, le imposibilita concertar una operación de endeudamiento conforme al régimen general y "aunque se acogiese al Fondo de Ordenación para atender la ejecución de la mencionada sentencia, el ayuntamiento no podría cumplir los actuales plazos de amortización aplicables a estas operaciones de crédito, máxime teniendo en cuenta que el presupuesto de la Entidad asciende a 9,6 millones de euros aproximadamente".
Por ello, y "agradeciendo de antemano el esfuerzo realizado en la puesta en marcha de estos mecanismos extraordinarios de financiación", Alfaro y Soler defienden la necesidad de modificar las actuales condiciones financieras de los préstamos a formalizar con el Fondo de Financiación para el supuesto de sentencias judiciales firmes, "consistente en una ampliación sustancial del período de amortización que permita garantizar la sostenibilidad financiera de la correspondiente entidad y el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos esenciales".
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado la "alianza profunda" entre la administración local y autonómica, ha agradecido a los municipios su implicación en la reivindicación de la reforma de la financiación autonómica y ha asegurado que el Ejecutivo valenciano también apoya la reivindicación de los ayuntamientos frente al Gobierno central respecto a medidas "absolutamente discriminatorias" y "restricciones absurdas" como la imposibilidad de reinvertir el superávit.
Así lo ha indicado el 'president' en una comparecencia junto al presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, tras recibir la memoria de actividad 2015-2017 de la entidad.
Ambos han puesto en valor la alianza existente entre la Generalitat y el municipalismo valenciano, con la colaboración en XarxaLlibres, Edificant o el Fondo de Cooperación Municipal, entre otros programas, y han abogado por seguir en esta línea "por el bien de los valencianos", ha dicho Alfaro.
Puig ha destacado la normalización de las instituciones en la Comunitat y ha puesto en valor el trabajo de la FVMP en defensa del interés general, para destacar también que "la suma de las instituciones" favorece que los ciudadanos tengan una mayor confianza en ellas.
Según ha dicho el jefe del Consell, la administración autonómica va a colaborar de manera "intensa en la reivindicación de los ayuntamientos frente al Gobierno central respecto a medidas absolutamente discriminatorias y, de alguna manera, imposibilitadoras de llevar adelante toda la energía que pueden provocar".
Así, ha explicado que si los ayuntamientos valenciano pudieran invertir el superávit podría hablarse de "más de 500 millones de euros que estaría en disposición de ser invertidos en la Comunitat", lo que supondría "miles de puestos de trabajo".
Se trata, ha dicho, de un "acompañamiento conjunto de las instituciones valencianos a favor de tener los recursos que merecemos y que se posibilite a los ayuntamientos ejercer con toda legitimidad lo que les corresponde, que es el gobierno de sus ciudades sin restricciones absurdas que lo único que hacen es empeorar la calidad de vida de los ciudadanos".
Rubén Alfaro ha explicado también que la FEMP ha reclamado al Ministerio de Hacienda la flexibilización del cálculo de la regla del techo de gasto, garantizar la tasa de reposición de los trabajadores públicos, poder reinvertir el superávit no solamente en inversiones financieramente sostenibles y que los ayuntamientos tengan "una silla" en el debate sobre la reforma de la financiación".
"Queremos que se debata tanto la financiación autonómica como local, se está hablando mucho de financiación autonómica, pero queremos que parta ese debate al unísono", ha dicho.
El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, ha presentado a Puig la memoria de gestión y actividades de 2015-2017 que refleja los principios de "abrir las puertas de la federación a la transparencia y buen gobierno" y hacer de ella "un vehículo fuerte y potente para el municipalismo valenciano".
Ha destacado que se han incrementado los cursos de formación para cargos electos y trabajadores públicos, llegando a más de 3.000 participantes, la FVMP ha participado en más de 50 jornadas para "estar al día" sobre los cambios legislativos y ha conseguido reducir su deuda de 9 millones en 2015 a "poco más de 3 millones" en la actualidad.
Preguntado sobre la sentencia del TSJ que impide a los municipios a contratar arquitectos e ingenieros como autónomos, Rubén Alfaro ha indicado que hay una "preocupación evidente" y que hay consistorios que estaban trabajando así y esto supone "una situación de ahogo".
Aunque aún no han analizado esta cuestión, ha señalado que tendrán que ver "cómo garantizar estos servicios" ante las restricciones para las ofertas públicas de empleo y jubilaciones.
