UGT sale a la calle contra el Consell para exigir que se respeten empleos y sueldos en empresas públicas

VALÈNCIA. Se veía venir. El hartazgo de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV (FeSP-UGT), el sindicato mayoritario en el sector público de la Generalitat, le estallará al Consell en forma de protesta en la calle por la lentitud para sacar adelante la reestructuración de las empresas públicas. Dos años después del cambio político en la Comunitat, el sindicato cambia el paso y aprieta al Consell del Botànic para que concrete la prometida reestructuración del sector instrumental, que acumula meses de retraso.

Con ese objetivo, la FeSP-UGT ha convocado una concentración frente a la Conselleria de Hacienda para el próximo 22 de junio en la que exigirá la homologación de las condiciones laborales de los cerca de 6.000 empleados del sector público para poner fin a la disparidad de criterios que existe en la actualidad. También reclamarán que se garanticen todos los puestos de trabajo actuales y que se "respeten los salarios", también los que excedan de la norma general.

La convocatoria, según sus promotores, persigue provocar la reacción de la Conselleria de Hacienda para que dé los pasos definitivos en la reestructuración de las empresas públicas, bloqueada en su fase final de tramitación porque siguen sin aprobarse las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de varias sociedades. 

A mediados del pasado mes de noviembre, la sala de lo Social del TSJ de la Comunitat dio la razón a UGT y dio dos meses a la Conselleria de Hacienda para publicar las RPT de las empresas públicas que aún no habían cumplido con la obligación de informar sobre su plantilla, retribuciones de cada uno de los puestos y de la forma en la que accedieron sus empleados, entre otros detalles. La sentencia afectaba a CulturArts, IVAM, IVACE, EIGE y Vaersa y todavía hoy sigue sin ejecutarse en todos los casos excepto en EIGE.

El motivo son las discrepancias que ha planteado a última hora la dirección general de Presupuestos para dar por buenas las RPT planteadas por las empresas a pesar de que previamente habían superado el filtro de la dirección general de Sector Público.

Por ello, los delegados de FeSP-UGT en las diferentes sociedades celebraron recientemente una asamblea en la que acordaron instar al TSJ a que ejecute la sentencia y, a la vez, pedir a la Conselleria de Hacienda a que en la mesa de negociación de cada empresa se siente un representante de ambas direcciones generales para evitar bloqueos a posteriori de lo acordado en esas mesas. Culturarts, otra de las firmas afectadas, también ha alzado la voz esta semana para cargar con contundencia contra el Consell.

Falta de "voluntad política"

La Conselleria de Hacienda concluyó hace varios meses la redacción del texto normativo que ha de poner orden en un descontrolado sector público donde el intento de reestructuración que intentó el Consell de Alberto Fabra, que se limitó a fusionar empresas sin modificar su estructura, dio lugar a un caótico escenario en el que conviven hasta cinco convenios colectivos diferentes y más de cien modalidades salariales diferentes.

La necesidad de imponer cierto orden en ese caos, en el que se dan múltiples situaciones de salarios por encima de la norma y puestos cubiertos mediante discutibles procesos de selección choca con la intención de los comités de las empresas por mantener las condiciones de sus trabajadores.

En paralelo a la negociación de las RPT pendientes, la Conselleria de Hacienda puso en marcha a principios de este año una comisión de diálogo social para negociar con los sindicatos cómo quedarán las plantillas en el nuevo mapa del sector público y cuál será la figura jurídica que adoptará cada una de las sociedades. No obstante, los movimientos sindicales evidencian que apenas ha habido avances.

Los delegados de la FeSP-UGT en el sector público achacan la ausencia de resultados a una falta de "voluntad política". "Hay un malestar generalizado en todas las entidades respecto al abandono que estamos sufriendo del actual gobierno. Da la sensación de que no quieren resolver la situación de los más de 5.000 empleados del sector público", lamenta el sindicato.

Que se apliquen las herramientas que existen

Como ejemplo de que esa comisión "no está cumpliendo con el cometido de la regulación de personal", fuentes sindicales consultadas recuerdan que el Consell aprobó incluir en su Presupuesto de 2017 un complemento salarial que permitiría regularizar la situación de los trabajadores que actualmente cobran más de lo establecido en la norma con carácter general, pero que no lo pone sobre la mesa en la negociación que se está llevando a cabo para regularizar las plantillas. 

En concreto se trata de un complemento personal de garantía, de carácter transitorio y absorbible, que la Conselleria de  Hacienda ha previsto para los empleados de empresas y fundaciones públicas que disfrutan de aumentos salariales aplicados en su día sin contar con las autorizaciones que exigía la normativa. Se trata del personal laboral cuyo salario supera al correspondiente a los subdirectores generales de la Generalitat, que ronda los 50.000 euros en función de los complementos.

Es la indefinición en los criterios lo que nos hace dudar de la voluntad política para resolver esta situación", argumentan fuentes sindicales.

La decisión de UGT-PV de salir a la calle para protestar contra el Consell se produce en un momento clave de la legislatura. La formación es consciente de que, en el ecuador de la legislatura y en los meses previos a la aprobación del Presupuesto, es "el momento de forzar" si quiere conseguir que sus reivindicaciones sobre a la regularización de los empleados del sector público se vean atendidas.