Lorena Ferrandis, José Ramón Chirivella, José Luis Espinosa y José Morgan, miembros de AJVALICANTE. Con el arranque del nuevo año, renace la campaña para exigir la recuperación del Derecho Civil valenciano, derogado de facto por tres sentencias del Tribunal Constitucional a partir de 2016. La campaña, impulsada por la asociación Juristes Valencians, sigue recabando apoyos entre los municipios de la Comunitat Valenciana mientras culmina la tramitación de la iniciativa para pedir la modificacion de la Constitución en Les Corts.
Según explica el presidente de la asociación, José Ramón Chirivella, la moción a favor de recuperar el Derecho Civil se ha aprobado ya en 461 ayuntamientos de toda la región, lo que supone más del 85% de los consistorios valencianos. No obstante, en cuanto a población, estos municipios representan a más de 4,7 millones de habitantes, lo que supera el 90% de la población censada en la Comunitat. En realidad, todas las grandes ciudades y municipios de mayor población han aprobado ya en sus plenos la moción.
Los impulsores de la iniciativa se han empleado a fondo en la campaña, puesto que buscan el triunfo moral de pedir la modificación de la Constitución con unanimidad municipal. En cuanto a la tramitación en Les Corts, la propuesta de modificación constitucional para permitir la recuperación se votará de manera definitiva en la Cámara autonómica en el mes de febrero, en cuanto se abra el periodo de sesiones. El texto se ha tramitado de urgencia tras decaer con el adelanto electoral de abril, pero desde la pasada legislatura ha cambiado el nivel de apoyos que tiene en el pleno: si antes era Cs quien se descolgaba de un acuerdo que apoya toda la izquierda y el PP, ahora se suma la negativa a apoyarlo de Vox.
La propuesta planteada por Juristes Valencians y que apoyan los partidos del Botànic y el PP pasa por una modificación light del artículo 149.1.8 de la Constitución, para levantar el veto que impone su actual redacción a la recuperación del Derecho Civil valenciano. En esencia, este artículo permitía disfrutar de su propio derecho civil a aquellas comunidades autónomas que lo tuvieran compilado en el momento de entrar en vigor la Carta Magna. Algo que ha facilitado que regiones como Cataluña o incluso Galicia puedan legislar en el ámbito civil. En el caso valenciano, como el derecho consuetudinario no estaba por escrito en ese momento, el Constitucional estimó los recursos del Gobierno central a las primeras leyes civiles aprobadas al amparo del Estatut de 2009 y las tumbó entre 2016 y 2017: la Ley de Régimen Económico Matrimonial, la de Custodia Compartida, y parte del articulado de la de Uniones de Hecho.
La asociación de Juristes Valencians busca, mientras tanto, una unanimidad de los municipios de la Comunitat Valenciana que respalde la proposición no de Ley que se votará en Les Corts, para que la recuperación del Derecho Civil llegue al Senado como una reivindicación de toda la sociedad. En este sentido, con la votación del texto, la última semana del año, en dos ayuntamientos castellonenses, son ya 461 municipios los que apoyan la iniciativa.
En el caso de Alicante, son 110 ayuntamientos los que han respaldado el texto, por lo que solo faltan 31. Sorprendentemente, la práctica totalidad de pueblos de la Vega Baja han respaldado el texto. En los últimos días se han aprobado mociones en la Mancomunidad del Bajo Segura por iniciativa de la presidenta socialista, Noemí Cutillas (que incluye Daya Vieja, San Fulgencio, San Isidro, Benejuzar y Benferri), y también los municipios de Rafal, Cox, Benitachell, Bigastro, Tibi, Aspe y Pinoso. Curiosamente, en el plano municipal la moción sí ha sido respaldada por representantes de Ciudadanos.
