Carles Peris, secretario general de la Unió. Foto: UNIÓVALÈNCIA. La Unió de Llauradors i Ramaders ha propuesto el desarrollo de un instrumento público de estabilización de ingresos, dirigido al menos a los profesionales de la agricultura y la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural cofinanciado por la UE, así como mancomunar servicios que favorezcan la puesta en el mercado de productos.
Estas han sido dos propuestas que el secretario general de La Unió, Carles Peris, ha expuesto en su comparecencia en la comisión de reconstrucción de Les Corts Valencianes, en la que ha explicado iniciativas de futuro en nueve áreas agrarias que contribuyan a la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana.
Peris ha cifrado en 54.745 agricultores y ganaderos los que han dejado el sector entre 1997 y 2016, lo que representa una disminución del 33 %, mientras se permite la entrada de producciones de países terceros que "no cumplen los estándares” que se exigen aquí.
El sector primario ha sufrido una reducción de las ayudas públicas para su mantenimiento, una reducción de inversiones en modernización de regadíos, en investigación de nuevas variedades y lucha contra plagas, acuerdos bilaterales con países terceros sin tener en cuenta a los productores europeos, con especial mención a la entrada de plagas que arrasan las producciones valencianas, ha afirmado.
Para Peris, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de reforzar el papel de las Administraciones en los ámbitos relativos a la seguridad sanitaria y alimentaria y que hay que trabajar para que el gasto público impulse estos dos aspectos.
La Unió cuestiona que las grandes empresas multinacionales acaparen el material vegetal, las nuevas patentes de variedades y los nuevos productos fitosanitarios para luchar contra las plagas, y ello crea una dependencia externa "peligrosa" en aspectos básicos relacionados con la producción de alimentos y sanidad vegetal.
La covid-19, según Peris, ha puesto de manifiesto que el sector agrario valenciano necesita un punto de equilibrio económico entre la economía de mercado y el hecho de ser un sector considerado estratégico para la producción de alimentos.
"Hay que planificar y establecer una dotación económica suficiente para la investigación pública, la formación y la seguridad alimentaria para proteger la agricultura y el medio rural. Puede ser sea el momento de definir una planificación estratégica de la producción para situaciones excepcionales cíclicas", ha afirmado Peris.
La Unió defiende la necesidad de que Les Corts impulsen y aprueben a la mayor brevedad posible una Ley de Creación del Consell Agrario de la Comunitat Valenciana, como órgano institucional para canalizar la participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias en la elaboración de las políticas agrarias y de desarrollo rural.
Entre las propuestas, Peris ha citado crear una lista de prácticas comerciales desleales prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena agroalimentaria, un clúster para promover el trabajo en red y visibilizar la potencialidad del sistema de innovación e investigación valenciano, e incrementar la investigación pública para desarrollar variedades públicas protegidas.
En la propuesta de que las Administraciones mancomunen servicios que favorezcan la puesta en el mercado de productos agrícolas y ganaderos, su transformación y venta directa (mataderos, salas de despiece, centros de envasados de miel, embotelladoras, obradores).
También ha planteado la creación de una red de emprendimiento y viveros de empresas agrarias para incrementar el éxito de las incorporaciones de jóvenes, la revisión de la normativa relativa a la preferencia comunitaria para que sea una medida efectiva, la reciprocidad a las producciones procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias normativas europeas y que la Generalitat emita un informe completo de las consecuencias de cualquier acuerdo con países terceros.
Por su parte, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha apostado por medidas para reconstruir la agricultura, no solo por el bienestar del agricultor sino para toda la sociedad, como la creación de un Observatorio de precios y un sistema de inspección en puntos de venta de la trazabilidad, o inversiones para impedir que se instalen plagas o enfermedades.
Aguado, que ha comparecido a continuación de Peris, ha pedido que se prioricen medidas derivadas de la Ley de estructuras agrarias, y el incremento del tamaño de las exportaciones y el poder de negociación en las compraventas.
La sanidad vegetal también es imprescindible para AVA, con el fin de impedir que se instalen nuevas plagas o enfermedades en la Comunitat Valenciana, y en este sentido ha dicho que la Xylella fastidiosa debería estar ya erradicada.
También ha defendido medidas para introducir la digitalización en el sector agrario, controlar la fauna salvaje, implantar un etiquetado diferenciador de las producciones valencianas, la simplificación administrativa y un sistema de inspección en puntos de venta, donde "ni siquiera sabemos qué Conselleria es la competente ni a qué entidad debemos dirigir las denuncias de irregularidades".
Aguado ha pedido no confundir al sector productor con el agroalimentario, que "funciona muy bien y es una potencia", una situación de la que no se benefician los agricultores, que desde hace muchos años tienen problemas de rentabilidad.
Sobre el documento de la Comisión Europea "De la granja a la mesa", se ha preguntado si es "economía circular o negocio redondo", y ha manifestado que la COVID ha dejado claro que no se puede ceder autonomía alimentaria.
"Ante una crisis grave, ¿quién garantiza que los países terceros seguirán exportando a Europa, a qué precios y en qué condiciones sanitarias?", ha expuesto.
A su juicio, toda la Unión Europea es "nuestro mercado de proximidad" y hay que complementarse ante ausencia de frutas pero "no tiene sentido si la hay".
Aguado ha señalado que la mayoría de los partidos se refiere al agrario como un sector estratégico, y ahora tienen que hacerlo "una realidad" e incluirlo como sector estratégico en el acuerdo de reconstrucción.
"Hacen falta profesionales del campo formados, un mercado transparente y seguridad fitosanitaria", ha reiterado.
