VALÈNCIA. La Conselleria de Economía finalmente ha ampliado al 22 de febrero la concesión de las ITV en la Comunitat Valenciana. Así, será a partir de esta fecha cuando la Generalitat Valenciana asumirá la gestión del servicio, a través de la nueva empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV). Una decisión que supone prolongar la concesión a las empresas privadas en 53 días, ya que la reversión estaba prevista para el 1 de enero de 2023. De hecho, las concesionarias habían solicitado seis meses de prórroga para lograr una "transición tranquila" y compensar las pérdidas en el negocio por el cierre en pandemia. Pero Economía ha decidido otorgarles menos de dos meses.
Un plazo que, por tanto, no convence a la mayoría de empresas concesionarias, integradas en la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV), que advierte del "caos" que se va a producir en el servicio porque no ha dado tiempo de preparar con tiempo la reversión a la gestión pública tras 25 años de concesión.
Así se puso de manifiesto en un desayuno informativo organizado por Valencia Plaza y AECOVA, en el que participaron Alejandro Pastor, presidente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA- ITV); Francisco Llopis, portavoz de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV); Inmaculada García, directora general de la CEV; y Juan Bueno, CEO de Myrentgo Mobility y coordinador del Mobility Hub Valencia.
El debate arrancó con la intervención de Francisco Llopis, portavoz de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana (AECOVA-ITV), quien señaló que todavía quedan "muchas cosas por hacer" a nivel de proveedores, contratos de suministro, sistemas informáticos, y el traspaso de los trabajadores. De hecho, manifestó la inquietud y "los nervios" de la plantilla sobre cómo se va a producir el proceso de reversión.
"Si no tenemos programas informáticos, no podremos dar citas de ITV y sería un caos. Necesitamos un periodo transitorio y que la Generalitat asuma lo que debería haber hecho hace dos años. No han hecho nada en dos meses más que nombrar al nuevo director de la empresa pública", advirtió Llopis, quien lamentó que desde que la Consellería de Economía, encargada de esta materia, anunciara la vuelta a lo público del servicio "no han tenido reuniones de trabajo para garantizar la operativa". "Si hace dos años que se anunció la reversión ha habido tiempo suficiente para sentarse con nosotros y hacer una transición tranquila, pero no lo han hecho", lamentó.
Además, consideró que a las empresas se les debe una mayor compensación que 53 días por el cierre durante el Estado de Alarma de 2020. En este sentido, explicó que desde Aecova se pidió a una consultora externa un informe que cifró en 7,7 millones de euros las pérdidas en el negocio y en 5,6 meses el periodo necesario para cubrir esos costes.
Inmaculada García, directora general de la CEV, recalcó que la patronal autonómica siempre ha defendido la colaboración público-privada y más "en un servicio como las ITV que ha venido funcionando y se ha prestado con calidad". Por ello, subrayó que les hubiera gustado "mayor rigor técnico" por parte de la Administración autonómica a la hora de tomar la decisión de revertir la concesión de un servicio que se debe prestar "con transparencia y que venía funcionando". "Si hay empresas que ofrecen calidad, quizás debería haber habido una mayor reflexión técnica. Ahora bien, una vez tomada la decisión, se debe realizar con total transparencia y contando con los concesionarios", defendió.
Y es que una de las cuestiones que se puso encima de la mesa fue la obligatoriedad de contar con un certificado de la Entidad Nacional de Acreditación en España (ENAC), algo que se exigía a las concesionarias, pero que no pasará con la nueva empresa pública. "Se le deben de exigir los mismos requisitos de calidad y certificación que a la empresa privada", remarcó García.
Alejandro Pastor, presidente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA- ITV) también cuestionó que no se vaya a exigir la acreditación de la ENAC a la nueva entidad, como sí tienen otras autonomías. Pero, además, advirtió que sin una "buena planificación", como consideró que le ha faltado a la Generalitat, se perderá calidad en el servicio y eso afectará al cliente. "Si la reversión no se hace con unas pautas para garantizar la seguridad tendremos problemas de inversión, contratación de personal y de flexibilidad para adaptarse a ciertas situaciones", alertó.
Y más teniendo en cuenta que, según detalló, en España entre un 30-40% de los conductores no pasa la ITV y el país cuenta con uno de los parques de coches más antiguos de Europa. "Con este cambio de modelo se van a perder líneas de inspección y ello no va a favorecer a minimizar el absentismo actual", apuntó. Además, indicó que desde la Generalitat se ha admitido la necesidad de construir unas 10 nuevas estaciones en los próximos dos años, pero Pastor remarcó que cada instalación ronda los dos millones de inversión y entre año y medio y los dos años de obras. "No se ha planificado y entendemos que al final el que va a salir perjudicado es el usuario", insistió.
Juan Bueno, CEO de Myrentgo Mobility y coordinador del Mobility Hub Valencia, sostuvo que su experiencia le ha llevado a la conclusión de que las políticas públicas en materia de movilidad son "un error". En este sentido, lamentó que si el servicio privado "funcionaba bien" y cumplía con la normativa, "ahora lo quiten". "No tiene sentido y hay falta de criterio. No veo coherencia entre las políticas públicas y las europeas, que van hacia un Pacto Verde y sostenible y aquí, en cambio, se basan en decisiones políticas sin pensar en la contaminación ni en el usuario", apostilló.
Uno de los cambios que Economía ya ha anunciado que llegarán con la reversión será una bajada de las tarifas. El propio conseller del ramo, Rafa Climent, avanzó una reducción en el coste del servicio desde el mismo momento en que la gestión pase a ser pública. La opción que maneja el Consell es la de eliminar de inmediato la tasa que se paga por la prueba de sonometría, una revisión que solo se realiza en la Comunitat Valenciana, lo que supondría una bajada de la tarifa actual en algo más de 11 euros.
Una decisión que los asistentes rechazaron al apuntar que eliminar la prueba de ruido en un contexto como el actual no tiene sentido. "Cuando se implantó la prueba de ruido en 2004, desde la CEV dijimos que no tenía sentido solo aplicarla en la Comunitat cuando somos una comunidad de paso. Siempre hemos pedido un criterio común en el Estado español y ahora volvemos a cambiarlo cuando estamos en otro momento", señaló García.
En este sentido, la directora general de la patronal autonómica explicó que ahora existe una directiva europea encaminada hacia la sostenibilidad, la mejora de la calidad del aire y la contaminación sonora. "¿El criterio es solo económico para bajar las tarifas? De ser así no lo acabo de entender. ¿Hacia dónde vamos entonces si al final lo que buscamos es una mejora de la calidad de aire y la contaminación sonora", se preguntó.
Por su parte, Bueno aseguró que a nivel técnico y por cuestiones de sostenibilidad "no se entiende que eliminen las pruebas de ruido". "Europa con su Pacto Verde promueve este tipo de políticas y nosotros decimos que no. Siempre he defendido la colaboración público-privada porque lo público no tiene las herramientas ni la agilidad para llevarlo a cabo algunas acciones", defendió.
Sobre la bajada de precios en el servicio, Llopis señaló que desde que el Botànic llegó al poder han intentado "renegociar tarifas porque eran de 2009" y "muchas de ellas deficitarias", pero sin éxito. "Ahora dicen que ellos abaratarán el servicio quitando la prueba de ruido y no podremos soportar los costes de otros servicios. Nos tendríamos que haber sentado y haber definido un justiprecio de las diferentes tarifas, pero como no ha pasado, hemos estado en pleitos", manifestó.
Además, apuntó que en un principio Economía aseguró que con la empresa pública la Administración preveía inicialmente ganar 39 millones de euros al año, pero "ahora dicen que serán 16 millones y si quitamos los cerca de diez euros de la prueba de ruido por 2 millones de inspecciones al año hablamos de 20 millones menos". "Si, además, tenemos que equiparar salarialmente a los trabajadores de los diferentes lotes empezamos a perder dinero", avisó. Por ello, incidió en la necesidad de abordar "una transición tranquila y ordenada para abrir un convenio sectorial y que se puedan debatir esa y otras cuestiones". "Y ya no por el bien de las empresas, sino por el de los clientes", remarcó.
Pastor explicó que en España existen varios modelos en las diferentes autonomías para la gestión de las ITV. Por un lado, está la concesión administrativa, la gestión directa, el régimen abierto mediante autorización pero fijando unos precios máximos y la liberalización total como en el caso de Madrid. Eso sí, apuntó que la tendencia va hacia la autorización de empresas para la prestación del servicio.
"España tiene un modelo que es referente y muy reconocido a nivel técnico, de exigencias y de control. El problema es el absentismo que hay. Si en la Comunitat se van a cerrar puntos móviles no habrá capacidad", aseguró para lamentar que la reversión es "un tema político e ideológico" porque el servicio "funcionaba". "Al final el usuario va a ser el gran perjudicado porque la Administración no tiene nada definido y no ha habido una buena planificación, pese a que estamos hablando de seguridad vial", subrayó.
También García puso el acento en la necesidad de poner el foco en la necesidad de concienciar al usuario para hacer las revisiones de los vehículos. "Estamos jugando con la seguridad de todos. Se debe de doblar el número de estaciones y acercarlas al usuario para reducir el absentismo. En Alicante, por ejemplo, se van a quedar sin muchos puntos porque las líneas móviles se revierten. El Consell debe confiar en las empresas privadas en la gestión de los servicios públicos cuando se prestan con calidad y eficiencia", sostuvo.
Para concluir el debate, Francisco Llopis volvió a poner de manifiesto el temor y preocupación de la plantilla y la tensión existente a nivel salarial. Por ello, pidió mantener una relación más fluida con la Administración para ver las necesidades que hay y evitar "el caos". "Tienen toda nuestra predisposición para colaborar en este traspaso con el objetivo de que no se vea afectado el servicio", concluyó.