VALÈNCIA. La investigación relativa al posible fraude de subvenciones concedidas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover se encuentra en modo de espera. Los avances en la instrucción desde que declaró su principal protagonista ante el juez en mayo han sido tímidos. La causa es que existen tres informes clave pendientes que todavía no han llegado: uno de la Guardia Civil, uno de la Generalitat Valenciana y otro del Gobierno de Cataluña.
Una de las últimas comparecencias ante el magistrado ha sido la de un jefe de Servicio de la Conselleria de Educación, encargada del reparto de ayudas a medios para la promoción del valenciano, entre las que se incluyen las del hermano del jefe del Consell. Acudió el pasado lunes. Se trataba de la persona responsable de fiscalizar las subvenciones en ese momento. Según fuentes conocedoras del interrogatorio, fue cuestionado por el hecho de que la Generalitat hubiera abierto procedimientos de reintegro de las cantidades percibidas a los Adell Bover pero no a Francis Puig. De hecho, este último detalló ante el juez que desde el Ejecutivo autonómico no se le había solicitado ni tampoco se le había cuestionado ninguna factura.
El funcionario se desentendió de este asunto porque ya no se encontraba en el puesto en el momento en el que ese procedimiento se tuvo que haber iniciado debido a que estaba jubilado. A continuación, se le preguntó quién debía haber elevado al conseller –encargado de firmarlo– ese expediente de reintegro y afirmó que no lo sabía.
El jefe de Servicio dio una explicación detallada de cómo se lleva a cabo la fiscalización de las ayudas después de la tramitación administrativa. Las empresas beneficiarias, remarcó, tienen que presentar muestras y cuentas justificativas de lo que han hecho, más las memorias de la programación en televisión y radio y los enlaces de prensa digital. Se comprueba todo y se envía una propuesta de pago a la Intervención. Cuando da la conformidad, se efectúa el pago. Si la empresa no justifica la cantidad solicitada se minora la concesión.
"La comprobación de las subvenciones se hace desde el inicio; el control administrativo se hace desde el minuto uno. Después de la concesión, está el plan de control, que se realiza sobre una muestra", indicó en su declaración.
El jefe de Servicio llevó el citado plan de control en 2015 y 2016 de las empresas investigadas Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions –vinculadas ambas a Francis Puig– y dijo ante el juez que cree que el de 2017 y 2018. Afirmó que reclamaron todas las facturas y documentación que consideraron necesarias y "el resultado fue positivo, no salió ninguna irregularidad". En cuanto a la firma Canal Maestrat (de los Adell Bover), aplicaron el plan de control a raíz de la denuncia en 2019 de una extrabajadora.
Sobre las ayudas púbicas pedidas tanto al Gobierno valenciano como catalán, el funcionario comentó que únicamente se han de comunicar si superan el límite y aseguró que nunca supieron que uno de los solicitantes era el hermano de Puig.
Tras esta declaración, el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia se encuentra a la espera de la documentación que falta. El abogado de Francis Puig insiste en que en este caso no hay fraude de subvenciones, entre otras cuestiones porque la suma de las cuantías supuestamente irregulares percibidas no alcanza los 120.000 euros que exige este tipo penal. Pero el magistrado acordó el pasado julio que se practicara un nuevo informe por parte la Guardia Civil de cara a "acreditar la realidad de los servicios prestados" que se reflejan en las facturas de las empresas. Con él se pretende recabar información complementaria sobre los proveedores que han emitido las facturas para verificar los servicios llevados a cabo.
Junto a estas indagaciones, el juzgado está pendiente de recibir sendos informes de la Generalitat valenciana y catalana sobre las ayudas. La segunda ha comunicado que trabaja en ello, mientras que la primera pidió reunirse con las partes pero no hay encuentro previsto. Hay muchos que dudan de que ese informe pueda llegar antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2023 en el caso del Gobierno autonómico. Y, por tanto, de que pueda hacer un avance sustancial en la investigación.
Mientras, el magistrado trata de dejar claro en sus escritos que las dilaciones en la instrucción se deben a la dificultad para la incorporación del material probatorio necesario para la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Algo ajeno al juzgado.