GRUPO PLAZA

el coste de su estructura será de tres millones el primer año

La Empresa Pública de Salud arrancará con los servicios de resonancias y farmacia sociosanitaria 

Foto: EFE
21/04/2021 - 

VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha dado el paso definitivo para crear una empresa pública en la que revertir los servicios externalizados que van a volver a la gestión pública directa. Así lo recoge el proyecto de decreto que autoriza la creación de la Empresa de Salud Pública (EPS) y que arrancará con los servicios de resonancia magnética -cuyo concurso terminó hace casi dos años y medio y sigue prestando la UTE Erescanner- y el servicio de farmacia socio sanitaria de las residencias públicas

Un instrumento que también estaría pensado para acoger a los trabajadores de las concesiones sanitarias tras su reversión y evitar los problemas que se generaron con la dualidad de regímenes jurídicos en el departamento de La Ribera. Como ya avanzó Valencia Plaza, esta fórmula fue activada en diciembre de 2019 por el departamento de Ana Barceló, cuando se firmó una resolución que iniciaba la elaboración de un decreto ley que pusiera en marcha este mecanismo. 

Una ejecución que, según la propia conselleria, se ha retrasado debido a la pandemia, algo que le ha llevado a alargar la prestación de servicios por empresas externas, como el de las resonancias, aunque su plazo extra fuera de contrato no puede justificarse con la pandemia. También recalca la premura para poner en marcha esta empresa pública ante las próximas reversiones de concesiones sanitarias.

Y es que, aunque no se concreta, en esta misma empresa presumiblemente también se asumirán los trabajadores de la reversión de las concesiones, concretamente la de Torrevieja, que se abordará en el mes de octubre de este mismo año. Un proceso en el que ya se huele el conflicto con sus socios de Gobierno

El grueso de esta decisión, tal y como se señalaba en el documento que dio inicio al proceso, se debe a la dualidad de regímenes jurídicos generados en la reversión del Hospital de Alzira, donde el personal estatutario y laboral mantienen diferentes condiciones de trabajo. "La coexistencia de ambas categorías supone una situación irregular e impropia para la administración sanitaria puesto que implica gestionar recursos humanos en régimen estatutario y simultáneamente recursos humanos en régimen laboral", señalaba.

32 personas y 3 millones de euros, la estructura inicial

En todo caso, este ente instrumental servirá para acoger a todos los trabajadores de servicios revertidos aunque, para su puesta en marcha inicial con los servicios señalados, la estructura tendrá un coste de tres millones en su primer ejercicio. Ésta estará compuesta por 32 personas, según consta en la memoria económica, entre gerencia y equipo de administración que se podría ampliar con los nuevos servicios que se incorporen. 

De estos tres millones de gasto,  la memoria económica -firmada por la subsecretaria Mónica Almiñana- recoge que el gasto en este personal estructural será de alrededor un millón de euros, mientras que los gastos generales como alquiler de locales, vehículos, dietas, publicidad o limpieza asciende a dos millones de euros. No obstante, con la prestación de estos dos servicios, el presupuesto de la misma para el primer ejercicio ascenderá a 25,8 millones.

Mónica Almiñana, subsecretaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Por el momento, tal y como consta en dicho documento, a los 32 empleados estructurales de la sociedad pública se sumarán 107 heredados de la UTE Erescanner Salud, entre enfermeros, técnicos especialistas o auxiliar administrativo, entre otras categorías. En el caso de los servicios de farmacia sociosanitaria se asumirá el servicio que hasta ahora venía prestado por una empresa privada par elaborar las dosis unitarias de medicamentos para residencias.

Concretamente, las residencias Burriana y El Pinar, en Castellón, La Cañada, en Paterna, y La Florida, en Alicante y cuyo coste asciende a 2,7 millones de euros. El contrato estuvo activo entre 2010 y 2014 y, actualmente, la partida está a cargo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. De hecho, desde la finalización del contrato, se paga con resarcimiento de enriquecimiento injusto, al igual que las resonancias. Un servicio que ahora pasará a gestionar la Conselleria de Sanidad y por el que asumirá a 55 trabajadores, la mayoría farmacéuticos y técnicos de farmacia. Un número que irá creciendo, según concreta la memoria, hasta 68 profesionales en 2022.

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