Juan José Medina, exalcalde de Moncada. VPReprocha al Ayuntamiento de València que intente aportar ahora informes para imputar a la exedil Mayrén Beneyto que ya están en la causa; muestra su sorpresa por que el consistorio diga que la instrucción se ha cerrado pronto cuando la investigación se inició en 2015
VALÈNCIA. Los primeros procesados del caso Taula se encuentran a un paso de la apertura del juicio oral, algo que podría ocurrir en cuestión de días. La juez sustituta de Instrucción 18 de Valencia ha rechazado, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, todos los recursos presentados contra el auto de incoación de procedimiento abreviado del pasado 11 de enero al entender que éste se encuentra suficientemente motivado y que recoge de manera completa los indicios de delito que pudieron cometer cada uno de los investigados.
La juez procesó a diez personas. Entre ellas, el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado "yonki del dinero" Marcos Benavent; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina; el exdirector financiero de Imelsa José Enrique Montblanch; los empresarios Rafael García Barat y Jaime José Úbeda Merino; el presunto testaferro de Benavent José Estarlich; y varias funcionarias del Ayuntamiento de la capital. También señala la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas Thematica Events, Liberty Iceberg, la Tienda de Campaña, Scope Producciones, Vialbo 1972, Cyan Animatica y Berceo Mantenimientos.
El auto apuntaba a que se podrían haber cometido los delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
En esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula se desgrana una operativa de contratación del Ayuntamiento de València a través de la cual acabaron desviados unos 190.000 euros de dinero público. En el centro de todo ello, la firma Thematica Events, administrada por García Barat y tras la cual se encontraba Benavent. Éste, desde su puesto en Imelsa, la habría utilizado para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta.
De un lado, se encuentran las relativas al servicio del Bibliobus, una iniciativa de biblioteca itinerante durante el verano; de otro, 'Metamorphosis', un espectáculo audiovisual encuadrado entre las acciones que, por parte de Imelsa en colaboración con el Museo Valenciano de Ilustración y Modernidad (MuVIM), se llevaron a cabo para la promoción del año internacional de los bosques.
Una mención de especial relevancia tenía en el auto el apartado relativo a las campañas electorales del PP en Moncada y Vilamarxant en las municipales del año 2007 –cuyos candidatos fueron Juan José Medina y Vicente Betoret respectivamente– y las generales del año 2008 en Valéncia. Los gastos de ambas fueron sufragados con fondos públicos procedentes de Imelsa, según los investigadores.
En el caso de Moncada, Thematica realizó una serie de trabajos por valor de 11.782 euros, hecho conocido por Medina, indicaba la juez. El exalcalde de la localidad ha alegado en su recurso que todos los gastos fueron pagados y cargados en una cuenta con la que constituyeron una póliza de crédito. A lo que añadía que solo tenía conocimiento de los gastos electorales que pagaba el partido a través de la gerencia, desconociendo cómo se hacía.
La juez le replica en un auto que los registros en el domicilio de García Barat evidenciaron la existencia de unos trabajos que fueron llevados acabo por Thematica y una serie de correos electrónicos que ponen de manifiesto que Medina era "partícipe en el encargo de los mismos, corroborado también por declaraciones testificales".
Respuestas similares, en cuanto a la fundamentación de los indicios de delito, da para el resto de procesados. Y recuerda que no procede en este momento procesal "entrar a valorar si las pruebas practicadas o no son suficientes para enervar el principio constitucional de presunción de inocencia". Cuestiones que deberán ser resueltas en el juicio.
Uno de los autos más llamativos es de contestación al recurso presentado por el Ayuntamiento de València, que ejerce la acusación particular. Uno de los motivos que alega es el "cierre prematuro de la instrucción". Algo que para la juez "resulta sorprendente", puesto que los hechos investigados se refieren a los años 2008 y 2009, las diligencias previas se incoaron en el año 2015 y la formación de la pieza separada sobre Thematica se acordó en 2018.
El consistorio indica, en segundo lugar, que ha tenido
acceso a documentación que puede modificar el sentido de la instrucción por incluir nuevos hechos relacionados con adjudicaciones de contratos a la firma con posterioridad al año 2009 y que implicarían a la exedil Mayrén Beneyto. Expone, igualmente, los argumentos que justificarían su declaración como imputada y reprocha a la Guardia Civil que no dirigió la investigación contra la exconcejal y dejó prescribir los hechos relacionados con el Bibliobus del año 2009.
La juez replica, con evidente ironía, que los expedientes que manifiesta el Ayuntamiento que acaba de conocer "constaban ya incorporados a las actuaciones", pese a lo cual no pidió ninguna diligencia.
"No puede ser compartido en absoluto el razonamiento de que como la UCO no dirigió la investigación sobre la señora Beneyto, los hechos respecto a la misma han prescrito", expresa la juez. Y zanja: "Efectivamente, tal y como manifiesta el Ministerio Fiscal, sólo el juez instructor puede imputar formalmente, por lo que si tras la valoración que se llevó a cabo de las diligencias instruidas por la fuerza policial no se acordó su imputación es porque no se consideró oportuno. La señora Beneyto declaró como testigo sin que por parte del Ayuntamiento de Valencia se hiciese ningún reproche a la misma, ni solicitud alguna que se cambiara su condición".
