El Tribunal ve indicios de ilegalidad en las fianzas aseguradas por ICF y pide informe a la Abogacía del Estado

VALÈNCIA (EP). La instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por su responsabilidad contable en los gastos de las denominadas 'embajadas' catalanas en el exterior aprecia indicios de ilegalidad en los avales presentados por la mayor parte de los afectados para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

Según han informado fuentes del órgano contable, ante las dudas "sobre suficiencia y legalidad" que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF se ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

Concretamente, y según el escrito remitido por el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, José Manuel Suárez Robledano, reclamando el informe, se pide a la Abogacía que responda a cuatro cuestiones concretas con respecto los avales presentados.

Cuatro dudas para la abogacía del Estado

En primer lugar, se solicita conocer si el decreto por el que se creo el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña y la prestación de aval con garantías de fondos públicos puede constituir afianzamiento de las posibles responsabilidades contables que se reclaman a ex cargos del Govern en atención al Reglamento General de Recaudación y a determinados artículos de la Ley General Tributaria.

También se pregunta si tal y como indica la propia Exposición de Motivos del Decreto-Ley de la Generalitat, la concurrencia de dolo o culpa grave en las personas de los presuntos responsables contables se encuentra amparada por el artículo 3 del citado documento o debe entenderse, por el contrario, referido solo a supuestos en los que no concurran tales imputaciones contables por dolo o culpa grave.

Igualmente quiere saber el Tribunal de Cuentas si la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave.

Por último, se pregunta si, en definitiva, nuestro sistema de responsabilidad contable residenciado en los jueces contables del Tribunal de Cuentas, permite "que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña (artículo 2 del Estatuto de Autonomía) la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de los 'cuentadantes' que puedan haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave, únicos supuestos legales en los que está prevista legalmente dicha responsabilidad reparadora por los perjuicios originados al pueblo de Cataluña y a su erario público, en su caso", reza el escrito.

El Tribunal de Cuentas también ha informado de que, una vez terminado el plazo dado por el tribunal, y que cumplió a las 00.00 horas de este martes, se emitirá providencia de embargo a dos presuntos responsables que no han afianzado, y cuyas identidades no se han facilitado por el momento.

Los abogados preparan el recurso

Entre estos dos afectados no se encuentran los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el ex vicepresident Junqueras, así como otros ex cargos vinculados a ERC, ya que todos se acogieron al fondo público. Ante una posible negativa del órgano contable a aceptar el dinero público de este fondo para cubrir las fianzas, algunos letrados ya preparan recurso.

Las fianzas pudieron formalizarse, en su mayoría, tan sólo un día después de que concluyera último plazo dado por la instructora del expediente, que finalizaba a las 00.00 horas de este martes.

De este modo, la instructora ya analiza todos los documentos presentados y, tras conocer el criterio de la Abogacía del Estado, emitirá en los próximos días una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos.

"Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", explicaron fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros -una decisión que había descartado el martes-.
Al menos cuatro de los encausados habían presentado el jueves avales por su cuenta -dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles-, pues la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca.

Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, o ésta no se acepta, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

Cantidades individuales

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras -también beneficiado por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.
Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.