El juez procesa a Castedo, Alperi y Ortiz por el 'amaño' del Plan General de Alicante

ALICANTE. Los dos últimos alcaldes del PP en la ciudad de Alicante quedan abocados a juicio por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad en favor del empresario Enrique Ortiz. 

El titular del juzgado de Instrucción número 5, Manrique Tejada, ha citado hoy a las partes para darles traslado del auto de procesamiento por el que da por cerrada la investigación y plantea la apertura de juicio oral para los principales imputados. Además de Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Enrique Ortiz, entre ellos figura el hermano de Castedo, Jose Luis, su socio también abogado, Javier Gutiérrez, y el arquitecto que estuvo al frente de la redacción del PGOU, Jesús Quesada.

El magistrado considera que, a partir de los informes policiales y de los pinchazos telefónicos practicados a lo largo de la investigación, existen indicios suficientes para concluir que los ahora encausados se conjuraron para planificar el desarrollo urbanístico de Alicante en beneficio del controvertido promotor, propietario de cerca del 70% del suelo urbanizable de la ciudad y también imputado en el caso Gürtel. Los imputados se enfrentarían a los cargos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada. Contra el auto de procesamiento cabe recurso y todo apunta a que las defensas lo presentarán por lo que el proceso puede alargarse todavía durante varios meses.

La del PGOU es la única pieza derivada del Caso Brugal en la que se halla investigada (figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado) la exalcaldesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la causa referida al Plan Rabasa. El titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, tenía cerrado el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, equivalente al de procesamiento en los sumarios, contra una decena de implicados desde hace al menos un mes.

La Fiscalía Anticorrupción implicó inicialmente a 21 personas al abrirse esta pieza separada de Brugal, pero el juez ha exculpado a muchos de ellos al no haberse acreditado indicios de criminalidad. Actualmente, figuran como investigados en estas diligencias, además de Castedo, Díaz Alperi y Ortiz, la esposa de éste último, Manuela Carratalá, y el arquitecto que diseñó el PGOU bajo sospecha, Jesús Quesada. La misma condición mantienen en la causa los dos socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano este último de la exalcaldesa), así como tres empresarios o directivos de empresas vinculadas a Ortiz.

La investigación persigue esclarecer la posible comisión de delitos de revelación o aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, asesoramiento ilegal y tráfico de influencias. En líneas generales, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que tanto Díaz Alperi como su sucesora en la Alcaldía, Sonia Castedo, favorecieron a Enrique Ortiz en el diseño del PGOU, que fue finalmente retirado por el siguiente alcalde, Miguel Valor, del PP, cuando Castedo dimitió por sus problemas judiciales.

A cambio de este supuesto trato de favor a Ortiz, los dos políticos populares habrían recibido presuntamente regalos y dádivas, según la investigación, que apunta a la entrega de sobornos en efectivo y un viaje a Creta en 'jet' privado para Díaz Alperi y un coche y vacaciones para Sonia Castedo.