VALÈNCIA (EFE). Centenares de personas se han concentrado este jueves ante la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para mostrar su rechazo a los recortes en las ayudas y reclamar un "nuevo modelo sostenible" de acceso al sistema de salud mental y de dependencia, que fomente la "autonomía" de las personas "y su atención cuando así lo requieran".
En la protesta, celebrada bajo el lema "Contra el bloqueo del acceso al sistema de salud mental y de dependencia", han participado cerca de medio millar de personas, que han gritado frases como "la salud mental merece más" o "no a los recortes de salud mental", según ha señalado a EFE José María Toro, presidente de la patronal de residencias Aerte, convocante de la movilización.
Profesionales, usuarios, familiares, asociaciones como FEVAFA y entidades se han sumado a esta protesta, según Toro, que ha indicado que les han ofrecido reunirse con la directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert.
Sin embargo, "nos hemos negado porque en todas las reuniones que hemos tenido ha indicado que no cambian su criterio", ha señalado Toro. "Necesitamos una interlocutor que tenga capacidad de cambiar esta situación", ha dicho para añadir que quieren mantener ese encuentro con la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, y que sea ella quien se "haga cargo del tema".
Según ha dicho, "nos preocupa mucho que la Consellería no conteste con argumentos a los aspectos específicos planteados, sino deslegitimando nuestra posición por el mero hecho de ser una asociación empresarial", y ha recordado que en Aerte hay "empresas, asociaciones, fundaciones, cooperativas, ayuntamientos, asociaciones de familiares y autónomos, con o sin ánimo de lucro".
Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que denuncian los recortes que ha realizado la Conselleria en los importes de ayudas para acceder a viviendas supervisadas en salud mental tras la publicación del Decreto 102/2022 de agosto del pasado año, ya que hasta entonces se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y tras el decreto "se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo".
Destacan que se ha desarrollado una red muy importante de viviendas de apoyo en salud mental en los últimos años en la Comunitat Valenciana, con la generación de 107 nuevos espacios desde septiembre de 2015 "debido al fomento de la propia Conselleria de Igualdad y a las ayudas puestas a disposición por la misma".
Pero desde agosto del pasado año, Igualdad ha reducido los importes de las ayuda que ofrecía a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda supervisada con el argumento de que hay "otros servicios compatibles para apoyarlos", denuncian en el manifiesto.
Esto, añaden, está provocando el "bloqueo del acceso al sistema" ya que las trabajadoras sociales de los hospitales o de los municipios no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan "porque la prestación que le ofrece no cubre el importe total de la plaza y no tienen capacidad de pagar la diferencia".
"Hay que lograr un rápido cambio entre las residencias, las viviendas tuteladas y los domicilios de las personas atendidas, con flexibilidad para avanzar en un sentido u otro y sin tener la inseguridad de que se pueda perder el total de la ayuda en cada cambio", reclaman.
En caso contrario, alertan, "paralizaremos el proceso de rehabilitación de las personas que lo necesitan, lo que resulta absolutamente irresponsable por parte de la Administración y no podemos aceptar de ningún modo".
"Como profesionales, nos ha decepcionado que se haya cambiado el sistema sin ni siquiera preguntar el resultado que estaba dando y cómo estaba ayudando a las personas atendidas. No se ha cambiado el sistema porque no funcione, que lo está haciendo, sino porque les parece caro", añaden, y consideran que esta decisión no ha "priorizado la salud mental".
Por ello, piden a la Conselleria que dé la ayuda suficiente a cada persona que necesite ser atendida en una vivienda tutelada supervisada y que desbloquee el acceso al sistema de atención a la salud mental en la Comunitat "de manera inmediata".
Con el Decreto 102/2022 "se ha limitado la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores o con problemas de salud mental que han solicitado una plaza pública de las escasas que hay y que no pueden acceder a ella", critican para añadir que han sido más de 100 residencias las que han informado a la Conselleria de la imposibilidad de poder atender a personas con esta limitación.
"Tenemos que avanzar hacía un nuevo modelo de atención en residencias, centros de día, viviendas tuteladas, servicios de ayuda a domicilio y servicios de promoción de la autonomía que sea capaz de ofrecer en cada momento el servicio adecuado a las personas que apoyamos, pero hay que hacerlo conservando las plazas existentes, generando nuevas y sin que le cueste un euro más a nadie", afirman.
En su opinión, el incremento de las ayudas previsto "es insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos, lo que provocará que aumente el copago que llevan a cabo las personas usuarias y sus familias, y que muchas personas tengan que abandonar estos centros por la incapacidad de hacer frente a las nuevas tarifas".
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha asegurado que "nadie se queda sin servicio" en materia de dependencia, salud mental o residencias y ha indicado que en la manifestación convocada este jueves estaba "exclusivamente el sector patronal, sin apoyo sindical o de la federación del tercer sector".
Así lo han destacado desde la Conselleria en respuesta a la concentración que ha reunido este jueves a centenares de personas ante la sede de este departamento para mostrar su rechazo a los recortes en las ayudas y reclamar un "nuevo modelo sostenible" de acceso al sistema de salud mental y de dependencia, que fomente la "autonomía" de las personas "y su atención cuando así lo requieran".
Desde Igualdad han destacado que se han incrementado las plazas para personas con trastornos de salud mental, se han mejorado las ratios y se han actualizado los precios, además de que "ni una sola persona ha abandonado ningún centro ni ninguna vivienda tutelada".
"Además, desde la administración pública garantizamos que nadie queda sin servicio por motivos económicos y regulamos un sector muy privatizado, ponemos orden y garantizamos la atención de todas las personas", han añadido.
Desde la Vicepresidencia han asegurado que su trabajo se centra en una reordenación del sistema que "atienda a las necesidades de la administración y permita garantizar mejores ratios y una mejor atención de los pacientes", por lo cual han dicho no compartir la visión de la patronal de residencias Aerte, convocante de la movilización, respecto a que existe un recorte en la prestación del servicio.
"Si bien es legítimo que una patronal defienda tener más beneficios de su actividad empresarial, la obligación de la Conselleria es velar por el interés de la ciudadanía y unos servicios sociales en los que, al igual que en áreas como la sanitaria, debe prevalecer una filosofía que ponga en el centro de la acción social a la persona y su salud", han afirmado.
