Fuentes de Vaersa explican que tienen material y personal suficiente para hacer frente a los encargos de la Generalitat valenciana
VALÈNCIA. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, aseguró este viernes, con respecto a la investigación abierta por la Fiscalía de la que informó Valencia Plaza en exclusiva, que los informes técnicos avalaban la encomienda de gestión a la empresa pública estatal Tragsa sobre la valenciana Vaersa, pese a ser la opción más cara, ya que no se podía escoger a Vaersa porque "están desbordados" y para algunos contratos "no tienen el material necesario".
Al ser preguntada en rueda de prensa sobre la investigación del fiscal tras una denuncia del sindicato USO contra la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián; el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, y el director general de Agricultura, Rogelio Llanes, Oltra manifestó que las encomiendas de gestión de la Conselleria a Tragsa son legales y justificó que se eligiera la oferta más cara porque "no solo se ha de tener en cuenta el precio" y "entre dos empresas públicas se elige la que está más especializada y tiene determinadas condiciones técnicas que son necesarias".
Valencia Plaza se ha puesto en contacto con una persona integrante de la cúpula de Vaersa, que pidió no ser identificada, quien asegura que esta empresa dependiente 100% de la Conselleria "está operando con absoluta normalidad, con los problemas normales que tiene cualquier empresa de gestión en el día a día". Añade que "como cualquier empresa, con más recursos podría ir mejor", pero "en absoluto se encuentra en una situación de desbordamiento que implique no poder dar respuesta a las peticiones que le lleguen de la Generalitat".
Con respecto al personal y la maquinaria, afirma que "Vaersa tiene tanto el personal como la maquinaria necesaria para dar respuesta a lo que se le solicite, y como cualquier otra empresa, está preparada para llegado el caso poder contratar personal o alquilar el equipamiento necesario para dar la respuesta a los contratos".
Según fuentes sindicales, las palabras de Oltra causaron malestar entre los trabajadores, que ven cómo se encarga a una empresa estatal trabajo que consideran que pueden realizar ellos.
Por otro lado, desde el sindicato USO le recordaron a la vicepresidenta, quien afirmó que todas las encomiendas están respaldadas por la Intervención, que "el interventor está denunciado junto a los cargos de la Conselleria de Agricultura por dar el visto bueno a unas encomiendas de gestión que ellos consideran ilegales".
Para los denunciantes uno de los movimientos más sospechosos por parte de la Conselleria y de la Generalitat fue la compra de una acción de la empresa Tragsa el pasado mes de agosto. De hecho, dicha compra llevó a ampliar la denuncia por parte de USO.
Según su versión, que ahora se encuentra bajo investigación, a raíz de las primeras denuncias verbales y avisos a la Conselleria sobre la presunta ilegalidad de las encomiendas de gestión a Tragsa, la Generalitat decidió comprar una acción de la empresa pública estatal. Lo que USO advertía es que al pertenecer Tragsa al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, nunca se puede considerar como un medio propio de la Generalitat.
Fue en agosto de 2016 cuando el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, autorizó la venta de la acción por 8.000 euros, pero dicha venta no fue efectiva hasta el mes de noviembre. USO ha denunciado que las encomiendas realizadas a Tragsa entre agosto y septiembre nunca se han hecho públicas por parte de la Conselleria de Agricultura, lo que a su juicio "deja en evidencia el oscurantismo con que la consellera y el resto de denunciados han actuado".
Este periódico preguntó a Oltra en la rueda de prensa por qué Agricultura siempre escogía la oferta más cara pese a que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a escoger la oferta más económica. Oltra aseguró que las encomiendas de gestión no son contratos y no están sujetas a dicha ley y que, por eso, se podía atender a otros criterios.
Sin embargo, las encomiendas de gestión, a pesar de no ser contratos, sí están incluidas en dicha ley, como recordó Valencia Plaza a la portavoz del Consell, que se negó a entrar en discusiones jurídicas.
La denuncia presentada por USO ha supuesto la investigación de parte de la cúpula de la Conselleria de Agricultura por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito fiscal. Estas Diligencias de Investigación Penal abiertas por Fiscalía afectan a políticos de los dos partidos del Pacto del Botánico, ya que Cebrián fue designada por Compromís, aunque es independiente, mientras Mulero y Llanes lo fueron a propuesta del PSPV.
La denuncia de USO versa sobre las encomiendas adjudicadas a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en detrimento de la empresa pública de la Generalitat Vaersa.
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