Local del juzgado 8 de Llíria. Foto: CSIFVALÈNCIA. El sindicato CSIF reclama un nuevo local para el juzgado número 8 del partido judicial de Llíria, ubicado en la calle Gerardo Ferrand y separado del resto un kilómetro de distancia. La central sindical plantea un acuerdo para que un bajo cedido por el Ayuntamiento a la Generalitat situado en la avenida dels Furs, junto al resto de dependencias judiciales. albergue los juzgados seis, siete y ocho.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que el juzgado número 8 fue instalado inicialmente en un ´barracón’ y trasladado posteriormente, de manera provisional, a un local alejado del resto de dependencias del partido judicial que carece de las condiciones necesarias, como sala de vistas adecuada o calabozo. Esta situación provoca que el personal de auxilio se desplace a diario al Decanato para recoger avisos, con el riesgo de golpe de calor y de extravío de documentos.
El sindicato propone que el bajo de propiedad municipal ubicado en las proximidades de la mayoría de juzgados y cedido a la Generalitat sea habilitado para instalar el juzgado número ocho, además del seis y el siete, radicados en la calle Manuel López Varela en un espacio demasiado reducido y sobre el que Inspección de Trabajo realizó un informe de deficiencias tras denuncia de CSIF.
La central sindical señala que el origen del problema radica en el retraso en comenzar las obras de la futura ciudad de la justicia. Su finalización estaba prevista inicialmente para 2021, aunque la actuación no se inició hasta el pasado año con un periodo de ejecución de 21 meses; no obstante, hasta finales de 2022 no empezaron las obras, por lo que no concluirán, siguiendo esa previsión actual, hasta 2024.
El sindicato reclama que hasta que se disponga de las nuevas dependencias judiciales, los juzgados permanezcan en un mismo inmueble o que estén lo más cercanos posible. En este sentido, avisa de las dificultades que genera el alejamiento del número 8 respecto del resto y pide que se aplique la solución que propone de trasladarlo al local municipal.
CSIF también añade que con esta multiplicación de sedes se triplica el gasto en seguridad. A esta circunstancia se suma el coste de las reformas en tres locales que en un futuro se dejarán y el pago de alquileres, lo que comporta un gasto mayor que el de estar en un espacio municipal que podría cederse a cambio de la obra de adecuación.
