VALÈNCIA. PSPV, Compromís y La Vall Ens Uneix sacaron este viernes adelante en un pleno extraordinario la asunción por parte de la Diputación de Valencia de los servicios que presta la empresa pública Divalterra cuando se produzca su disolución. El acuerdo contó con el voto en contra de los partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) y los documentos que lo avalan se han topado con el rechazo frontal de la mayor parte de los sindicatos por el modo en el que se integran los trabajadores.
Durante la sesión, que fue calificada de "histórica" y "alegre" por parte de los representantes socialistas y de la coalición, el presidente de la corporación, Toni Gaspar, señaló que "después de 30 años" de la creación de la mercantil pública y de "tres años de trabajo", vuelven a "gestión directa" por parte de la Diputación servicios que se prestaban "de forma indirecta" desde Imelsa primero y de Divalterra posteriormente. En su intervención, agradeció el apoyo a los grupos políticos que habían votado a favor y la labor de los técnicos.
"Podría no haber hecho nada, pero prefiero hacer cosas. No espero que nadie me lo agradezca, solo que no se increpe por la calle a los trabajadores por la situación de la entidad pública y su oscura reputación heredada", afirmó.
Desde Compromís, su diputado Xavi Rius remarcó que era "un día de satisfacción para los valencianos". "Cuando entramos nos encontramos una empresa intervenida judicialmente. Frente a ello, se ha hecho lo posible por los trabajadores para intentar dignificar su labor", comentó. Así, recordó que en 2017 se anunció el cierre ordenado de Divalterra y "desde entonces se han estudiado las opciones" que han acabado en disolución.
Las declaraciones del equipo de Gobierno fueron contradichas por las de la oposición, que criticaron la excesiva celeridad con la que se estaba gestionando el asunto. La portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, hizo hincapié en que es "totalmente falso" que se estuviera trabajando tres años en la disolución de Divalterra, sino que se hacía en su transformación. "Hay muchos defectos de forma y de fondo y dudas sobre la sucesión de empresas. La Junta General nunca ha votado sobre disolver la empresa, esto se esta haciendo únicamente en base a un anuncio del presidente", argumentó. Además, incidió en que todos los sindicatos tampoco están de acuerdo con la propuesta, por lo que "no existe la unanimidad de la que alardea el equipo de Gobierno".
Tanto Ciudadanos como el PP pidieron que no se realizara la votación porque parte de la documentación no se había subido a tiempo junto a la convocatoria del pleno para que tuvieran acceso todos los grupos. El secretario de la Diputación consideró que no era un impedimento para conformar la opinión de los partidos puesto que sí que habían podido consultarla a tiempo, por lo que se acabó votando con la advertencia de la oposición de que sería recurrido.
El portavoz del PP, Vicente Mompó, apuntó en su turno de palabra que Divalterra funciona y que su disolución estaba relacionada únicamente con motivos políticos. Igualmente, opinó que nunca existió opción de cierre en los informes –"sólo PSPV y Compromís saben por qué se hace", afirmó– y que no era el momento oportuno al estar investigada en los tribunales.
Desde Vox, Joaquín Arlés aludió al presidente de la empresa, Ramiro Rivera. "Usted nos ilustró el 23 de marzo sobre el buen funcionamiento de Divalterra y luego anunciaron el cierre. ¿Por qué? No lo han explicado. Con las causas judiciales abiertas, ¿si hay responsabilidades como persona jurídica ahora qué ocurre?", reflexionó.
Nada más finalizó la sesión, Gaspar envió un correo a todos los trabajadores que todavía incrementó más el enfado de los sindicatos. En él hizo llegar, con modificaciones, el dictamen aprobado por el pleno y al que ya se dio luz verde a finales de mayo en la comisión especial para la transformación del sector público de la corporación. Con una "decisión histórica", expresó, se "primará únicamente la estabilidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores y el óptimo desarrollo de sus funciones".
El apartado que más controversia provoca es el relativo a la subrogación de los contratos. En él consta que el personal laboral de Divalterra desempeñará sus tareas en la Diputación y en el Consorcio Provincial de Bomberos como personal laboral indefinido o temporal (según los contratos) en plazas "a extinguir" en el grupo de clasificación profesional correspondiente hasta el final de su vida laboral o su cese por las causas de extinción previstas en el Estatuto de los Trabajadores. También que tendrán la consideración de personal laboral no empleado público y que contarán con las mismas condiciones laborales y retributivas que tenían en la empresa pública.
El punto polémico viene en lo relacionado con los procesos de selección. El dictamen expresa que aquellos trabajadores que hubieran accedido a Divalterra de esta manera y de forma equiparables a los empleados públicos podrán continuar su carrera profesional y participar en los concursos de provisión de puestos y demás sistemas de movilidad establecidos legalmente si cumplen los requisitos de la convocatoria.
¿Y cuáles lo son? "Se considerarán procedimientos de selección equiparables a los de los empleados públicos los convocados por la sociedad mercantil de la Diputación de Valencia, con publicidad en un diario oficial, en la página web de la Diputación o en el Portal de empleo de Divalterra, en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los demás establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público", especifica el dictamen.
Algo que los sindicatos consideran que no puede ser igual que los procesos que han pasado los empleados públicos y que, critican, supone una "colocación" por parte de Toni Gaspar. De este modo, recuerdan, como informó Valencia Plaza, que irán a los tribunales si comprueban ilegalidades.