Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Consorcio Hospital General de Valencia suma un ejercicio más sin mejorar su funcionamiento a nivel contable. No al menos lo suficiente para satisfacer a la Sindicatura de Comptes, que un año más ha emitido como desfavorable la fiscalización de las cuentas de 2021. Así lo apunta el 'Informe de auditoría de cumplimiento en materia de contratación y personal" del consorcio, donde se recalca la insuficiencia presupuestaria y la falta de control interno de los expedientes de contratación.
Año tras año, el ente liderado por Vicent Cucarella llama la atención al gestor del departamento sanitario por realizar gastos sin expediente de contratación que ascienden a 146,6 millones, un 17% más que el año anterior. Un importe enmarcado en expedientes de enriquecimiento injusto -centrados la gran mayoría en la compra de productos farmacéuticos y sanitarios- que se tramitan como "pedidos directos" y que, en gran medida, no cuentan con la previa aprobación del Consejo de Gobierno.
"No se han atendido los principios y normas que regulan la contratación pública, a fin de asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, lo que incumple lo dispuesto en el artículo 1 de la LCSP", señala el informe. Con ahínco, alude a la infracción del principio de publicidad, debido a que gran parte de estas compras se realiza mediante fraccionamiento de contratos.
El departamento del Hospital General de València es el único junto al Provincial de Castellón que no está ubicado directamente en la red de la Generalitat, sino que se encuentra enmarcado en un consorcio participado por la Diputación y el Estado. Esto supone que sea vigilado de forma individual tanto por la Intervención de la Generalitat como por la Sindicatura de Comptes.
"Las compras de medicamentos y material sanitario deben ser objeto de una gestión contractual ordinaria en cuanto a la publicidad, procedimientos y formas de adjudicación", insiste. Sin embargo, la Sindicatura de Comptes destaca múltiples debilidades de control interno generadas por la falta de fiscalización previa al no tener servicio que lo ejecute.
En este sentido, recuerda que, desde 2018, los puestos de este servicio de fiscalización se encuentran vacantes a pesar de las convocatorias para su cobertura realizadas en 2018, 2019 y 2020, que fueron declaradas desiertas. Por otra parte, el Consejo de Gobierno del 6 de marzo de 2018 aprobó la creación de un puesto de subdirección económica de contratación, que sí fue ocupado en diciembre de 2019. "Es importante señalar que el Consorcio no cuenta con una disposición reglamentaria que regule las funciones de todos estos servicios ni las del personal que se les adscribe", concluye.
A esto, suma incumplimientos en materia de personal como la falta de autorización por parte de la dirección general de Presupuestos de la masa salarial. "El CHGUV ha desarrollado su actividad sin contar con el preceptivo informe salarial favorable para su personal", recoge. También la plantilla orgánica de plazas de personal estaba pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno del Consorcio al cierre del ejercicio 2021.
