"Quienes ahora hablan de infrafinanciación decían que la deuda se debía a la corrupción del PP"

VALÈNCIA. Juan Carlos Moragues es probablemente, junto al conseller Vicent Soler, la persona que mejor conoce el estado de la Hacienda valenciana. Tras aceptar la llamada de Alberto Fabra para intentar poner orden en unas cuentas raquíticas y castigadas por la infrafinanciación, ahora le toca defender la gestión del Gobierno central como su máximo representante en la Comunitat.

Durante sus dos años como delegado del Gobierno, Moragues ha sido el principal encargado de rebatir las críticas del Consell y justificar el retraso en la reforma de un sistema de financiación que perjudica a la Comunitat. En esta entrevista, se muestra muy crítico con su sucesor en la Conselleria de Hacienda, a quien acusa de faltar a la verdad al no reconocer que la bajada del déficit se debe fundamentalmente a que la Generalitat cuenta con 2.000 millones de euros más del Estado que hace dos años.

Además, rechaza que el Consell haya convertido una reivindicación general en un "eslogan" particular favorable a sus intereses, así como la posibilidad de que se convoque una manifestación para exigir la mejora de la financiación. "Es momento de la negociación política", repite Moragues, quien apela a la "corresponsabilidad de todas las partes" en ese proceso.  A su juicio, si la reforma del sistema no se completa para que pueda entrar en vigor cuanto antes, será un "fracaso compartido".

Además, apela directamente al jefe del Consell, Ximo Puig, para conseguir que la postura del PSOE en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sea favorable a los intereses de la Comunitat, mientras que a Compromís le reprocha que su postura de "no a todo" le impide poder llegar a acuerdos con el Gobierno beneficiosos para la Comunitat.

[Lea la segunda parte de la entrevista: "La ambición es sana en política, pero no espero ni aspiro a nada"]

–El informe de Fedea sobre la liquidación del sistema de financiación ajustada por habitante de 2015 vuelve a dejar a los valencianos como los peor financiados en España, a 728 euros de los habitantes mejor habitantes mejor financiados, ¿se puede mantener esta situación?

–Que el actual modelo de financiación autonómica perjudica a la Comunitat es unánime para las fuerzas políticas valencianas y para los expertos. El Gobierno de España hace tiempo que ha reconocido que este sistema discrimina a la Comunitat, por lo que Mariano Rajoy está fomentando un gran acuerdo entre las comunidades autónomas y los diferentes partidos políticos con presencia en el congreso para cambiar el modelo y mejorar la situación valenciana.
Pero dicho esto, hay que recordar que el actual modelo se aprobó en 2009 con el voto a favor de Pedro Sánchez y el voto en contra de Mariano Rajoy. Dado que estamos en un momento de negociación política del nuevo modelo, el objetivo principal del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene que ser que el PSOE a nivel nacional no falle en el nuevo modelo como hizo en 2009. Los partidos tienen que tener una actitud constructiva para buscar consensos y acuerdos en un nuevo modelo que mejore la situación valenciana. Y Compromís, con una presencia estéril hasta ahora para los intereses valencianos, ha abanderado el discurso del 'no a todo'. Ahora es momento de la negociación política y Compromís debería aprovechar su presencia en Madrid en favor de los intereses valencianos y abandonar su bandera de no a todo, de no negociar y acordar nada en Madrid. Es hora de hablar en las mesas de negociación, en el Congreso de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no detrás de una pancarta. Es el momento de la negociación política con mayúsculas.

–¿Qué opina de las conclusiones de los expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica?

"El objetivo de Puig debería ser que el PSOE no falle a la Comunitat y que su posición en el CPFF favorezca a los intereses valencianos"

–Hay tres cosas fundamentales. Primero reconocen la infrafinanciación valenciana. El anterior Consell, del que yo formaba parte como conseller de Hacienda, ya decía que gran parte de la deuda valenciana se debía a la infrafinanciación y lo que decían los partidos que entonces estaban en la oposición es que era por el despilfarro y la mala gestión. Nosotros pedimos el apoyo del resto de fuerzas políticas y nos lo denegaron. Ahora ellos nos lo han pedido y el PP se lo ha dado porque nuestro objetivo fundamental es la defensa de los intereses valencianos.
Respecto al statu quo y la quita, la mejora de la financiación valenciana ha de ser un objetivo compartido por parte de todas las fuerzas políticas y no un eslogan interesado. Ha habido pronunciamientos de determinados dirigentes territoriales socialistas en contra del statu quo. Una vez han hablado los expertos, ahora toca que lo hagan todos los partidos políticos porque hay una corresponsabilidad en la negociación. No se trata como decía Ciudadanos de estar al lado del Consell, sino de negociar entre todos los partidos cualquier cuestión que beneficie a los intereses valencianos. Soy partidario de ponerlo encima de la mesa todo. El objetivo prioritario de Puig debería ser que el PSOE no falle a la Comunitat; el de Ciudadanos, que la posición de su partido a nivel nacional sea favorable a la Comunitat; y Compromís que su presencia en Madrid sirva para algo.
El Gobierno ya ha reconocido la infrafinanciación valenciana y Cristóbal Montoro ha dicho que está abierto a cualquier recomendación de los expertos, en el sentido que sea. Hay que recordar que este Gobierno ha mutualizado los intereses; a pesar de que la deuda haya subido, los intereses de la Comunitat han bajado sustancialmente. Cuando yo era conseller, en 2014, se pagaron 1.200 millones de euros de intereses, pero ahora se han reducido a una cuarta parte porque los paga el Gobierno de España, que ya ha hecho una reestructuración de la deuda. El Estado, como nuevo acreedor de la deuda que antes estaba en manos de los bancos, hizo una quita de intereses a tipo cero que benefició a la Comunitat y ahora está con un tipo de interés muy bajo que hace que el coste financiero de la deuda para la Generalitat esté muy por debajo del que tendría si accedieran a los mercados de capitales. De hecho, el Ministerio ha cifrado en 11.300 millones de euros los intereses que se ha ahorrado la Generalitat desde 2012.

–Pero no es esa la reestructuración de la deuda que ha planteado el experto nombrado por la Comunitat Valenciana, Francisco Pérez, que sí que ha argumentado con cifras concretas la necesidad de una quita de 21.500 millones...

–Soy partidario de ponerlo todo encima de la mesa si los grupos políticos lo acuerdan. Esa no fue una opinión unánime de todos los expertos, pero el Gobierno está abierto al informe de expertos, que no han ido en la línea de la quita, y ya ha hecho una condonación de intereses y ya ha reestructurado la deuda de la Comunitat Valenciana. El Gobierno está abierto a cualquier cuestión que se acuerde entre los grupos políticos en la quita o mutualización de la deuda, pero necesita al PSOE para un gran acuerdo porque doce de los diecisiete presidentes autonómicos son socialistas. La reivindicación se tiene que canalizar a través de la negociación política, no detrás de una pancarta o esgrimiendo un eslogan interesado. Está claro que la pancarta es el hábitat natural de partidos que forman parte del Consell, pero aquí está abierta la negociación política.

–¿Entiende la manifestación para pedir la mejora de la financiación de la Comunitat?

"El gobierno ya ha reestructurado la deuda de la Comunitat al condonar los intereses"

–No. El medio para defender los intereses de los valencianos y mejorar la financiación es la palabra y la negociación, la búsqueda de consensos. El enfoque ha de ser constructivo y buscando puntos en común, no detrás de una pancarta y con eslóganes interesados. Lo primero que hizo este Gobierno cuando arrancó la legislatura es convocar la Conferencia de Presidentes y puso como orden del día la reforma de la financiación. Se comprometió a tener un informe de los expertos en seis meses y lo ha habido. Ahora ha comenzado la negociación política. Soraya Saenz de Santamaría ha apelado a la empatía para buscar en el menor tiempo un gran acuerdo y consenso entre todas las partes. Si no lo conseguimos será un fracaso compartido porque hay corresponsabilidad entre todas las partes. Mariano Rajoy ha dicho que, si nos tiramos los trastos a la cabeza, no conseguiremos un acuerdo y también que tiene que cambiar el enfoque, que ha de ser de acuerdo y de negociación. Ese es el momento político actual, pero hay lecturas políticas equivocadas de este momento. 

–Isabel Bonig dijo recientemente que ella ha negociado con comunidades del PP con vistas a la reforma del sistema porque se lo pidió Ximo Puig, ¿conoce esas negociaciones?

–Recuerdo que en 2014 el ministro de Hacienda vino a Valencia y reconoció la infrafinanciación valenciana. Los informes de los expertos lo acreditan y el Gobierno lo tiene claro, pero a Puig hay que pedirle que trabaje para que la posición del PSOE, que falló para los intereses valencianos en 2009, no lo vuelva a hacer ahora. Ese debe ser su principal objetivo, que la posición del PSOE sea favorable a los intereses valencianos. Ese tiene que ser su trabajo, en Ferraz y con el resto de barones territoriales, y no detrás de una pancarta para satisfacer el discurso frentista y victimista de su socio de gobierno.

–Le preguntaba por la negociación de Bonig con gobiernos regionales del PP...

–En el congreso en el que Mariano Rajoy salió presidente nacional ya se introdujeron enmiendas sobre la necesidad de cambiar el modelo de financiación. En el anterior Consell tuvimos encuentros con Murcia y con Baleares en los que ya defendíamos la necesidad de cambiar el modelo. Isabel Bonig ha manifestado que está hablando con otros colegas del PP en defensa de la posición valenciana y, si lo ha dicho, así será. 

–El PPCV, por medio de Rubén Ibáñez, ya ha dicho que no apoya la quita de la deuda que reclama la Generalitat y que la reestructuración es la mutualización de los intereses, pero el Consell de Fabra del que usted formaba parte sí contempló en el pasado la liquidación de la deuda histórica...

–Sí. Nosotros acordamos que los intereses no los pagase la Generalitat, sino el Gobierno, en el CPFF del 23 de diciembre de 2014 en el que yo estaba sentado. También acordamos que el déficit no financiado –por encima del límite de cada año– lo cubriría el Gobierno. Y se acordó la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda consiste en cambiar un acreedor por otro. En lugar de los bancos, la deuda la tiene el Estado, que ya tiene el 80%. Y el Estado fija un interés muy por debajo del de mercado o incluso cero, con condonación o quita de intereses. El Gobierno ha inyectado el equivalente al 51% del PIB de la Comunitat desde 2012, 52.000 millones de euros. Ahora se ha iniciado una negociación y el Gobierno ha dicho que está abierto a cualquier sugerencia de los expertos o de los grupos políticos en esa negociación. La posición del PP es abierta y constructiva, reconoce la infrafinanciación valenciana y sabe de la necesidad de cambiar este modelo.

–Abierta a lo que se acuerde políticamente en el CPFF pero, ¿usted personalmente comparte el razonamiento del experto valenciano, que ha planteado una cifra concreta de 21.500 millones de euros, como suma de las desviaciones de la infrafinanciación acumulada de los últimos años?

"Si no se reforma cuanto antes el sistema de financiación será un fracaso compartido, hay corresponsabilidad entre todas las partes"

–Pero es que ese experto, Francisco Pérez, estaba en el baúl del olvido y el anterior Consell, del que yo formaba parte, recuperó a los expertos y yo les convoqué en mi despacho, a uno de cada partido, para hacer un informe en Les Corts porque lo impulsó el anterior Gobierno autonómico. Hay que tener un poco de memoria. En ese informe de expertos que avalamos desde el anterior Consell se determinaba un importe de deuda valenciana derivada de la infrafinanciación desde el modelo del 2002. Los mismos que ahora están hablando de infrafinanciación eran los que hace unos años decían que la deuda se debía al despilfarro, la corrupción y la mala gestión del PP. Nosotros desde ese Consell dijimos que la deuda se debía a la infrafinanciación; pedimos el apoyo en Les Corts y recibimos el voto en contra de Compromís y la abstención del PSPV. Luego esos mismos partidos y esos mismos dirigentes nos han pedido el apoyo y nosotros se lo hemos dado. Es lo que nosotros decíamos antes y lo seguimos diciendo. 

–Mariano Rajoy ha incidido recientemente en la división de los expertos para posponer al año próximo la reforma del sistema, ¿cómo deja eso el compromiso que adquirió el pasado enero en la Conferencia de Presidentes para reformar el sistema este mismo año?

–Es momento de negociación y hay que llegar a un consenso y un acuerdo. Cuanto antes lleguemos, antes entrará en vigor el nuevo modelo. Y como dijo el presidente, si nos tiramos los trastos a la cabeza y no tenemos altura de miras, será más complicado y será un fracaso compartido. Debemos poner todo de nuestra parte en la mesa de negociación para llegar a un acuerdo en el menor tiempo y que entre en vigor lo antes posible.

–La impresión que dio Rajoy es la de trasladar toda la responsabilidad de ponerse de acuerdo a las comunidades...

–Lo que hay que tener claro es que no estamos en un escenario de gobierno en mayoría que presenta un modelo y se aprueba, es totalmente distinto. Entre todas las comunidades autónomas se tiene que llegar a un acuerdo en el CPFF. Doce de las diecisiete tienen presidentes socialistas, por lo que el PSOE es fundamental en esa negociación. Cuanto antes se pongan de acuerdo las diecisiete comunidades autónomas, antes entrará en vigor el nuevo modelo. Pero me preocupa que haya presidentes socialistas con posiciones contrarias a los intereses valencianos, barones de otras comunidades. El mensaje que Rajoy quiso trasladar es que hay que negociar con actitud de buscar acuerdos porque si no se retrasará la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación. Y en esto también hay corresponsabilidad de todos: en el momento en el que entrará en vigor la nueva financiación.

–¿No hay nada que el Gobierno central pueda hacer para favorecer ese acuerdo? ¿Va a haber más recursos para el sistema, por ejemplo?

–Ya los ha habido. El Gobierno ha cumplido su compromiso de impulsar el modelo. Convocó la Conferencia de Presidentes y se ha presentado en plazo el informe de los expertos. Ha iniciado la negociación política y está lanzando mensajes a todas las partes a favor del consenso. Ese es el talante. Ahí es donde se tiene que demostrar la madurez; no se puede alimentar el discurso del victimismo y del eslogan interesado contrario al Gobierno central. 

–Mariano Rajoy no ha tenido reparos en rebajar el cupo vasco y comprometer inversiones millonarias en el País Vasco a cambio de su apoyo en los presupuestos. Esto es difícil de comprender para el resto de comunidades que siguen pendientes de la reforma del sistema de régimen común, en particular para la valenciana, que es la peor tratada...

–El Gobierno ha hecho de la necesidad virtud y tiene muy claro que está en minoría y ha de trabajar por la estabilidad. Entendemos que para consolidar la recuperación económica y seguir en la senda de generación de empleo y crecimiento necesitamos un entorno de seguridad, estabilidad y credibilidad internacional. Para tener ese escenario necesitamos unos PGE que se aprueben y doten de esa confianza porque no tenerlos afecta de forma negativa al país y con ello a la economía.
De hecho, gracias a que los PGE se han aprobado la Comunitat Valenciana en 2017 tiene mil millones más que no tendría si no se hubieran aprobado. Es un ejemplo. El Gobierno está abierto a negociar con todas las fuerzas, pero Compromís es 'no a todo', no se sienta a negociar y antepone la defensa del discurso político de Mónica Oltra, populista y frentista, a la defensa de los intereses valencianos, dado que su presencia en Madrid no sirve para llegar a ningún acuerdo que beneficie a la Comunitat.
Con el PSOE, en el caso del techo de gasto, se pudo llegar a un acuerdo para la abstención. El PP está abierto a pactos deEstado en todas las materias. Ciudadanos pactó y otros grupos políticos también lo hicieron. Es voluntad política de llegar a acuerdos y conseguirlos o no tenerlos.

–Pero si hablamos de los presupuestos, la llamada de la vicepresidenta del Gobierno a Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, no se produjo, con lo cual no hubo oportunidad de decir que no...

–Ha habido declaraciones públicas reiteradas por parte de todos los dirigentes y la información que tengo es que el Gobierno ha dado la oportunidad de negociar a todos los partidos políticos. Entiendo que es una excusa para justificar lo estéril de su presencia en Madrid, mientras otros partidos regionalistas o nacionalistas sí han negociado. Todo para poner excusas.

–Tras dos años de Consell de izquierdas, ¿qué balance realiza de su labor?

el Gobierno da la oportunidad de negociar a todos los partidos, pero Compromís es 'no a todo'

–Es un Consell muy ideologizado y en búsqueda constante del titular, con unos problemas muy evidentes de gestión y que ha generado debates donde no los había. Está provocando gran rechazo social en algunos sectores porque está tomando decisiones con claro sesgo ideológico en el sector educativo en las que los tribunales han apreciado indicios de clara ilegalidad suspendidas porque podían provocar perjuicios de imposible reparación y hay una aparente discriminación a unos colegios sobre otros. En el sector sanitario se han metido en cruzadas como la reversión del modelo Alzira por cuestiones ideológicas que no sabemos ni lo que nos va a costar, no está demostrado que vaya a mejorar el servicio y crea inseguridad jurídica a los trabajadores. Hay tics nacionalistas y excluyentes y debates en materia de simbología constitucional como el himno o la bandera.
En materia de Hacienda no se reconoce que, a pesar de que el actual modelo discrimina a la Comunitat, se tienen 2.000 millones más en caja, en vena, y a pesar de ello siguen los problemas de impagos a algunos sectores. Además, tampoco reconocen la reducción de los intereses de la deuda gracias al Gobierno. Han sido dos años de gobierno pensando más en el titular y con problemas de gestión. Parecen seguir en la oposición respecto al Gobierno central y mirando por el retrovisor respecto a lo que pasó hace más de dos años en lugar de resolver los problemas de la gente.

–Por tercer año consecutivo, el Consell va a cuadrar su presupuesto con ingresos no garantizados a modo de reivindicación…

–En mis últimos presupuestos de la Generalitat hubo una partida en la que planteábamos una serie de ingresos en el caso de que hubiera modelo de financiación. Pero hay una realidad que es que, si en 2014 el déficit acabó en un 2,5% y en los dos últimos años ha habido un aumento de los ingresos de 2.000 millones, equivalente a dos puntos de PIB, sin hacer nada se podría haber reducido el déficit de 2,5% al 0,5%. Cuando el Consell dice que la reducción del déficit es por el ladrillo y el control del gasto está faltando a la verdad porque no reconoce que cuenta con 2.000 millones más. A ello hay que sumar que, mientras los intereses de 2014 fueron 1.200 millones de euros, los de 2016 han sido 351, la cuarta parte. Solo, sentado, con el ahorro de intereses y con la mejora de la financiación que le viene del Gobierno central, estamos ya en escenarios de cumplir el objetivo del déficit.
Los presupuestos son un instrumento muy serio que canaliza la acción del gobierno todo el año, no pueden ser unos presupuestos con la pretensión de alimentar un discurso victimista. Hay que prestar buenos servicios y de calidad, no aumentar los asesores y sobredimensionar la administración o crear entes públicos todas las semanas porque eso puede generar ineficiencias.

–Con usted como conseller de Hacienda comenzó la reforma del sector público empresarial de la Generalitat, ¿cómo asiste a los problemas que se está encontrando su sucesor para reestructurar empresas y plantillas?

"El Consell ha incumplido el mandato legal de cerrar empresas como Sociedad Proyectos Temáticos o Ciegsa"

–Empezó y finalizó con nosotros; redujimos el sector público a la mitad e hicimos dieciocho ERE. ¿Qué empresa pública se ha cerrado desde entonces? Nosotros pasamos de 82 empresas a 42, cerramos 40 empresas, entre ellas la dolorosa Canal 9. Ahí están los informes. Existe un mandato legal para cerrar empresas que no se ha cumplido. Se ha incumplido la ley al no abordar el cierre de Sociedad Proyectos Temáticos o Ciegsa. No solo no se están cerrando, sino que se están abriendo, se crean agencias por doquier y nuevas entidades en las que más de la mitad del presupuesto se va en pago de personal. Se tendrá que justificar la necesidad económica y la idoneidad de ese gasto público en más asesores, más personal y más empresas.

–El Consell actual asegura que aquella reestructuración se hizo mal y por eso ahora hay problemas para ajustar las plantillas...

–A veces da la impresión de que estamos en el inicio de la legislatura porque siempre se recuerda el pasado. El Consell debe asumir responsabilidades; recordar el pasado para cualquier cuestión es no hacerlo ni hacer autocrítica. En política tenemos que ser claros, humildes y transparentes, además de dar a los ciudadanos las explicaciones oportunas porque manejamos dinero público. Habrá que explicar por qué se está haciendo una administración más sobredimensionada e intervencionista que supondrá más impuestos para los ciudadanos.

–El Gobierno central ha abierto varios frentes con el Consell al plantear recursos de inconstitucionalidad o amenazar con hacerlo contra cuestiones como la atención sanitaria a los inmigrantes o la ley de Función Social de la Vivienda, ¿va a continuar esta estrategia o hay espacios para la negociación?

–El objetivo del Gobierno es evitar la conflictividad entre administraciones y lo demuestra en que, cuando hay dudas de constitucionalidad, no se insta un recurso sino que se abre una comisión bilateral para negociar. De hecho, estamos con una actitud de negociación y buenas relaciones institucionales. Pero tampoco vamos a hacer dejación de funciones ni a eludir la responsabilidad del Gobierno central, que es hacer cumplir la ley. Ha habido recientemente dos recursos, uno contra la Ley de Senadores Territoriales, en las que el propio portavoz del PSPV dudó de su constitucionalidad y aún así votó a favor como contraprestación al acuerdo con Compromís, por lo que al Gobierno no le ha quedado más remedio que recurrir.
El otro recurso es contra el decreto de usos institucionales del valenciano. En este caso hay dudas sobre la legalidad ordinaria porque se fija que el envío de las comunicaciones a Cataluña o Baleares se hará en valenciano, cuando está no es una lengua cooficial en esos territorios. Si se obliga a una empresa que quiera contratar con la Generalitat a que sus servicios sean en valenciano, se está produciendo una posible discriminación, lo que va en contra de la normativa general de contratación del Estado. El Gobierno recurre cuando no le queda más remedio.
Además hay comisiones bilaterales abiertas para negociar la Ley de Identidad de Género porque se asignan a la Generalitat funciones que son del Estado; para la Ley de Función Social de la Vivienda; o la Ley de Pobreza Energética. No hay voluntad de litigiosidad, pero vamos a ser firmes en el cumplimiento de la ley porque es nuestra responsabilidad.

–¿Qué opina del proyecto del Consell para crear un cuerpo autonómico de policía a partir de las policías locales?

–El Estatut lo prevé, pero creo que hay que desideologizar la seguridad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben estar fuera del debate político. La máxima del Gobierno y de esta Delegación es la coordinación entre los cuerpos policiales y no conviene teñir la seguridad de tintes ideológicos. La relación entre la Policía, la Guardia Civil y la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica funciona en la Comunitat y eso es lo más importante. Con la seguridad no se juega, es una cuestión fundamental, y tiene que haber máxima coordinación y colaboración entre los cuerpos policiales e instituciones.
Habrá que ver en qué términos lo plantea el Consell porque, como ha puntualizado el Consell Jurídic Consultiu, la propuesta es imprecisa. Además, también hay que ver cuál es la financiación, dado el coste que puede suponer para la Generalitat, y la conformidad de los diferentes Ayuntamientos con esta iniciativa.

–¿Qué piensa de que se lance esta propuesta precisamente cuando se está debatiendo sobre la coordinación de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra en cuestiones como la seguridad nacional o el terrorismo?

"No hay voluntad de litigiosidad con el Consell, pero seremos firmes en el cumplimiento de la ley porque es nuestra responsabilidad"

–No creo que sea oportuno el debate. Debemos focalizar todos nuestros esfuerzos en hacer frente a la amenaza terrorista, aumentando la colaboración e intensificando la coordinación con las Policías Locales que son un cuerpo policial muy importante por la proximidad con el ciudadano. Todo lo que sea desviarnos de ese objetivo no nos conviene ni interesa al ciudadano, que lo que quiere es que su seguridad esté garantizada.

–El Gobierno ha decidido mantener la alerta terrorista en nivel 4, pero ha recomendado tomar determinadas medidas de seguridad como la instalación de maceteros o bolardos. ¿Colaborará con el Ayuntamiento de València para sortear los problemas que se está encontrando para ello y así puedan implementarse?

–Tras los atentados de Barcelona se reunió la mesa de valoración de la amenaza terrorista y acordó mantener el nivel 4 con refuerzo de los dispositivos de seguridad, y con adaptación de los mismos a la nueva situación y la experiencia vivida en Barcelona, Berlín, Niza, Finlandia… Hay dos grandes medidas que se pueden adoptar: la primera es la posible utilización de seguridad pasiva o medidas de protección física como bolardos, maceteros, bloques de hormigón, coches de policía... El propio Ministerio del Interior ya aconsejó el 20 de diciembre de 2016 mediante una carta que envió a las jefaturas superiores de policía nacional la utilización de estos elementos de obstrucción física. Y ahora ha vuelto a recomendarlo a los ayuntamientos. Nosotros podemos aconsejar y, de hecho, en Valencia estamos delegación de Gobierno y ayuntamiento trabajando en el establecimiento de un mapa de barreras físicas. Pero en último término es competencia suya. Estamos utilizando además, la figura del coche cruzado porque debemos tener en cuenta que si hay una situación de emergencia sanitaria, el Samur tiene que poder acceder. Hay cosas que se tienen que tener en cuenta, sobre todo en las zonas de gran afluencia turística, porque esos elementos de protección física no pueden obstaculizar o dificultar la evacuación de una zona. 

–¿La Comunitat puede ser un punto de amenaza del terrorismo yihadista?

–Cuando hablamos de terrorismo no me gusta territorializar, porque no entiende de límites provinciales. Lo que entendemos es que las zonas de gran afluencia turística son a las que hay que prestar especial atención. Pero hay que trasladar un mensaje de normalidad y no generar alarma social. Tenemos que estar muy unidos para combatirlo y es llamativo que algunos partidos políticos, como Compromís, sean observadores y no suscriban el pacto antiterrorista cuando todos tenemos claro que hay que estar unidos para combatirlo.