El Gobierno vuelve a nombrar a Martín Blanco director de discapacidad tras anularlo el TS

VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el nombramiento de Jesús Martín Blanco como director general de los derechos de las personas con discapacidad del Gobierno después de que su primer nombramiento fuera suspendido por el Tribunal Supremo tras la denuncia de un sindicato de funcionarios.

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) presentó un recurso contra el Real Decreto del nombramiento original de Jesús Martín Blanco por no ser este un funcionario público.

También recurrió los apartados del Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, sobre la estructura orgánica básica de los Ministerios, en la que se recogen las razones para excluir a esta dirección general de la citada regla general.

En dicho Real Decreto, se justifica esta excepción indicando que la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, el desarrollo de proyectos piloto innovadores y el impulso de la accesibilidad universal, requieren que el titular de esta dirección general cuente con experiencia y conocimiento "especializado" en el campo de los modelos más novedosos de cuidados de larga duración de las personas con discapacidad, en la innovación social y en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

"Se trata, por tanto, de un conocimiento transversal y, a la vez, específico que se corresponde con profesionales con experiencia y conocimientos que pueden no estar disponibles en el ámbito de la función pública, al no corresponderse con la preparación específica exigida a ningún cuerpo o escala concreto", se lee en el Real Decreto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el pasado mes de mayo el nombramiento de Jesús Martín Blanco, al considerar "vaga y genérica" la motivación utilizada por el Gobierno para justificar su designación.

En una sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Cuarta apuntaba que el Ejecutivo no explicó lo suficientemente bien los motivos para acogerse a la excepción a la regla general, que establece que los directores generales han de ser funcionarios de carrera.