El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pasado mes de noviembre el Consell aprobó el anteproyecto de ley de la Inspección General de Servicios (IGS). La norma, que ahora mismo se encuentra en pleno trámite parlamentario, anula casi por completo la protección del denunciante recogida en la ley de la Agencia Antifraude valenciana. Una situación sobre la que alertó la propia Oficina que dirige Joan Llinares, que en junio remitió un informe con numerosas alegaciones para que los diputados las tuvieran en cuenta en sus enmiendas al texto normativo y con las que la Conselleria de Transparencia –área del Ejecutivo del que parte esta ley– dice estar de acuerdo para que se incorporen.
No en vano, fuentes del propio departamento de que dirige Manuel Alcaraz aseguran que han dado la orden al grupo parlamentario Compromís para que acepten las enmiendas dirigidas a proteger a las personas que denuncien malas prácticas en la administración o transaccionen las propias con las de otros grupos parlamentarios que vayan dirigidas en esta dirección.
En concreto, la ley de la IGS hacía referencia a que se pudiera dar a conocer la identidad de la persona denunciante cuando fuese necesario para que la persona denunciada pudiera ejercer su derecho de defensa en un procedimiento. En este caso, el denunciante podría, o bien dar su conformidad para que se le identificase, o retirar la denuncia.
Una consideración con la que la Agencia Antifraude se mostró disconforme en su informe y pidió que se suprimiera o mejorara la redacción, ya que no solo colisionaba con el estatuto de protección del denunciante de la ley de la propia oficina que dirige Llinares. También daba pie a un "alto nivel de inseguridad jurídica" por existir una doble regulación sobre el mismo tema y generaba "desigualdad de trato" porque distinguía entre tipos de denunciantes: aquel que sustentara con datos que aportaran veracidad sobre posibles irregularidades o malas prácticas de la administración serían considerados "denunciantes de buena fe" y se le aplicaría el régimen de protección. Mientras que la Agencia Antifraude da el mismo trato a todos los denunciantes y garantiza su confidencialidad sin distinciones.
Por otra parte, cabe recordar que el propio Llinares aseguró en su última comparecencia en Les Corts que la protección del denunciante había sido "indispensable" para que algunas personas se decidieran a denunciar, ya que ocho funcionarios habían solicitado ya acogerse a esta protección tras revelar posibles casos de corrupción. Con lo que, la reducción de esta confidencialidad, podría ahuyentar a los denunciantes.
La mayor parte de las alegaciones de la Agencia Antifraude al anteproyecto de ley han sido recogidas por Podemos en sus enmiendas. Entre ellas, varias que eliminan casi por completo el artículo 32 de la ley de la Inspección General de Servicios de la Conselleria de Transparencia que es el que hace referencia a que se pueda desvelar la identidad del denunciante y que, además, distingue tipos de delatores.
También suprime el apartado de sanciones que reducía considerablemente las cuantías por las que podían ser multadas aquellas administraciones que infringieran las normas. Así, mientras la ley de la Agencia Antifraude contemplaba multas de entre 30.000 y 400.000 euros para las infracciones graves -entre las que se encontraba no proteger al denunciante-, la ley de la IGS la reducía a 30.000 euros.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
