Amigó defiende los contratos de Divalterra y dice que vio los informes contrarios tres años después

VALÈNCIA. La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó (Compromís), ha defendido este miércoles las siete contrataciones de altos directivos entre 2015 y 2018 en la empresa pública Divalterra que ahora se consideran irregulares. Durante el juicio del caso Alquería, en el que ha declarado como testigo, ha asegurado que nadie les dijo nunca que podían ser ilegales y que no vio los informes contrarios hasta 2018, cuando ya se inició la investigación judicial (tres años años después de los primeros nombramientos).

Amigó ha destacado que, cuando entró el nuevo equipo de Gobierno en la corporación provincial (del cual ella formaba parte), se designó a José Luis Vera como jefe jurídico de Divalterra. El motivo fue, ha explicado, que el exnúmero tres de los socialistas valencianos, José Manuel Orengo –entonces jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez–, les manifestó que estaba muy bien relacionado con la Fiscalía en el caso Taula, que era un magistrado de reconocido prestigio y que si lo nombraban se podrían "quedar todos muy tranquilos porque las cosas se iban a hacer bien". 

Según ha comentado, "jamás" escuchó a Vera decir que los contratos eran irregulares. "Yo personalmente le pregunté a él ya en 2018, cuando estalló Alquería, si aquello se hizo mal, y me insistió en que eran perfectamente legales. Confiamos en él plenamente desde el principio", ha indicado. 

La vicepresidenta de la Diputación ha detallado que el equipo de Gobierno conformado por cuatro partidos (entre ellos PSPV y Compromís) llegaron a varios acuerdos. Primero, la estructura de áreas y su reparto tanto en la corporación como en Divalterra. "Sí, recuerdo el documento en el que firmamos ese reparto", ha dicho sobre el relativo a la empresa pública. Y el cual ha defendido como "lógico" porque tenían que dividirse las competencias entre los partidos en el poder. "Cuando empezamos a negociar nos repartimos lógicamente las áreas de gobierno. Eso fue en la propia diputación, en Divalterra, en Girsa, en Egevasa, en el Patronato de Turismo... tuvimos en cuenta las áreas que ya había en la época del PP y la que más reforzamos fue la de Medio Ambiente", ha expuesto.

"Nos planteamos cerrar Divalterra, pero decidimos que no tras el cierre de Canal 9"

A continuación, ha remarcado, acordaron la necesidad de cubrirlas con altos directivos "porque la empresa estaba intervenida". "Aquello era un desastre. Nos planteamos cerrar Divalterra, pero pensamos que no era el mejor momento después del cierre de Canal 9. Así que decidimos fortalecerla con altos cargos de confianza que tuvieran capacidad. Queríamos que funcionara", ha apuntado. 

Amigó ha asegurado que su intervención llegó hasta ahí porque los responsables políticos no participaron en los nombramientos de las personas concretas que ocuparon esos puestos. "Las áreas se encargaron de seleccionar a las personas. Era importante que fuera personal cualificado, pero de confianza", ha insistido. 

Según ha comentado, no vio los informes contrarios a esas contrataciones hasta 2018, cuando ya había estallado el caso Alquería. "En ese momento, pedí copia de todos y los leí", ha destacado. "Nadie del equipo de gobierno se opuso. Nadie tuvo nunca ninguna duda de que aquello era legal y confiábamos muchísimo en el señor Vera", ha añadido. 

En cuanto al hecho de que no pasaran por el Consejo de Administración de la empresa, ha respondido que no les dijeron que fuera necesario. "Vera no nos dijo que lo fuera, no creo que lo planteara nadie del equipo de gobierno", ha afirmado. Y sobre por qué en 2018 sí que suspendieron los otros nombramientos de alta dirección que realizaron, ha expuesto que debido a que se empezó a cuestionar la legalidad de los anteriores por parte de Jorge Ochando, el representante de Ciudadanos en el Consejo y uno de los posteriores denunciantes de Alquería. "Ante la duda y tras conocer informes contradictorios, los despedimos para solucionar el tema, siempre pensando que podía ser una cuestión administrativa", ha señalado. "Fíjese si las cosas han cambiado desde 2015 que ahora mismo Divalterra ya no existe, está liquidada", ha remarcado Amigó. 

La vicepresidenta de la Diputación ha asegurado que las personas que ocupaban las altas direcciones sí que efectuaron su trabajo y que "nunca" quisieron saltarse la legalidad. "Estamos muy satisfechos con todo lo que hicimos porque de verdad pensamos que le dimos la vuelta a la antigua Imelsa y que se ofreció ayuda a los municipios", ha dicho. 

A continuación, ha declarado el que fuera diputado provincial de València en Comú Berto Jaramillo. En la misma línea de Amigó, ha hecho hincapié en que en ningún momento se consideró que las contrataciones pudieran ser ilegales y que desde su departamento de Transparencia pidieron los currículums de los altos directivos, los cuales se les enviaron por correo: "Nos los hicieron llegar, vimos que los informes eran favorables y creímos que era todo correcto".