Del "adoctrinamiento" en las aulas a forocoches: así fue la sesión de control de este jueves en Les Corts

VALÈNCIA. Contra todo pronóstico, Cataluña no fue el primer tema del que se habló este jueves en la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig. A pesar de que la mañana comenzó con el Gobierno de Mariano Rajoy anunciando que aplicaría el artículo 155 de la Constitución Española -una situación que genera no poca incertidumbre-, el escrache que sufrió la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por un grupo de ultraderecha la noche anterior a las puertas de su domicilio, centró el inicio de la jornada. 

Todos los grupos parlamentarios condenaron este tipo de actos intimidatorios. Desde el PP hasta Podemos. Eso sí, la líder de los populares, Isabel Bonig, quiso aprovechar la ocasión para condenar no sólo lo que sucedió en la noche del miércoles, también los escraches que en su día sufrió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. "Entonces algunos grupos decían que eso era libertad de expresión. Está mal lo de Soraya Sáenz de Santamaría y está mal lo de Oltra", condenó, como también lo hizo con las amenazas con balas a Rita Barberá. "Estaba mal, como está mal que se increpe a la gente de Compromís, del PSPV o de cualquiera", subrayó.

Y es que, desde que el pasado 1 de octubre se celebrara el "referéndum" catalán, la tensión en las calles ha aumentado considerablemente, como pudo comprobarse con las agresiones y altercados que se produjeron en la manifestación del pasado 9 d'Octubre que de momento se ha saldado con 12 detenciones. 

Consciente y sensibilizado por esta situación, el president del Consell anunció que había instado a la Abogacía de la Generalitat a interponer una demanda en la Fiscalía por delitos de odio sucedidos en aquella manifestación y en el escrache a Oltra. Puig lo hacía después de que los cinco partidos con representación en la Cámara valenciana firmaran una declaración institucional para mostrar su "firme condena" a los "actos violentos", tanto verbales como físicos, ocurridos durante la Procesión Cívica y la accidentada tarde de celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Pero tras estos momentos de unidad, los típicos revuelos que se producen cada jueves en las sesiones de control aparecieron en escena. Bonig, como más tarde hizo la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, cuestionó al president si cesaría al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. Se mostraron "convencidas" de que así lo haría tras sus críticas al Gobierno central, a quien acusó de "crear pruebas falsas" para encarcelar a los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. 

Por su parte, Ciudadanos, siguió con las iniciativas presentadas a nivel nacional. Después de haber rechazado en Les Corts la propuesta de resolución del PP que pedía lo mismo que defendió este martes el parlamentario naranja Toni Cantó en el Congreso de los Diputados, la síndica Cs en la Cámara valenciana, Mari Carmen Sánchez, continuó con el mismo discurso que planteaba la moción de Cantó. Es decir, que no solo en Cataluña se está "adoctrinando" en las aulas, también en otros territorios como la Comunidad Valenciana.

Para justificar que este "adoctrinamiento" se está produciendo en la autonomía, Sánchez aludió a una agenda que habría sido distribuida en centros de la provincia de Alicante con un mapa de los 'Països Catalans'. Tras matizar que el logo de la Generalitat Valenciana que llevan esas agendas son antiguos y fueron utilizados por el Gobierno popular, el jefe del Consell negó que esta agenda tuviera nada que ver ni con la Conselleria de Educación, ni con el Ejecutivo valenciano.

Sánchez también se refirió a las denuncias de "presiones" a los niños que tienen exención de estudiar valenciano, con profesores que "intentan convencer a los alumnos diciendo que sin el valenciano no podrán trabajar". O a los materiales que citarían a Jaume I como rey de Cataluña y de Aragón o referencias a los Països Catalans que "atentan contra el Estatuto de Autonomía". Para la portavoz naranja, da igual que estas situaciones se den en 600 colegios o solo en uno: "No se puede consentir".

Tras ironizar con que ese "supuesto ejército adoctrinador que tiene el conseller es el mismo ejército que había antes", Puig le pidió sensatez. "Se puede quejar del sistema educativo, pero no puede hablar en serio de que aquí hay adoctrinamiento, no puede insultar a los profesores de esta comunidad, no les falte al respeto", añadía el jefe del Consell.

Además, recordó que todo currículum, y el actual que deriva del anterior Consell del PP, siempre impone las materias, tanto las matemáticas como el valenciano, como el castellano, e incidió de nuevo en que no sabía dónde estaba el adoctrinamiento.

Tras su intervención, llegó el momento de la diputada responsable de Educación en Ciudadanos, Mercedes Ventura, que pidió explicaciones al Consell de por qué se estaban financiando entidades como Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana o plataformas como Racó Català, que abiertamente "se han manifestado a favor del independentismo catalán", dijo enseñando unas viñetas de este último.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, tras pedirle a la diputada que no le enseñase "más pantallazos de forocoches", espetó que los libros que hay ahora en los centros son los mismos que con el anterior Consell del PP, y que estos eran revisados "por la misma gente" y los maestros valencianos seguirían "haciendo tan bien el trabajo como hasta ahora", zanjó. 

Con esto, una vez disipada la solemnidad por la gravedad del acoso de los ultras en el domicilio de Oltra que había aparecido al principio de la mañana, Cataluña volvió a recuperar el protagonismo que tuvo semanas anteriores en las sesiones de control del hemiciclo valenciano. La cuenta atrás para Puigdemont terminaba justo ese día, y Rajoy tomar una decisión acto seguido. Con el Gobierno español activando la suspensión del autogobierno catalán a través del artículo 155 de la Carta Magna, la cuestión catalana tiene todos los boletos para ser la protagonista en los siguientes plenos.