VALÈNCIA. La empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, ha remitido al juez encargado del caso Taula diversa información solicitada por el propio magistrado respecto al supuesto desvío de dinero de un espectáculo del MuVIM a la empresa Thematica, propiedad del empresario Rafael García Barat y de la que era socio el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
Los investigadores apuntan al pago de facturas por servicios que no eran reales o a que se inflaran precios, algo que habría ocurrido en este evento llamado Metamorphosis y celebrado en 2011 en el que más de 130.000 euros de los 234.000 euros que pagó Imelsa por él acabarían en la mercantil de Barat y Benavent.
Todo ello se realizó, de acuerdo con la Guardia Civil, a través de contratos menores con varias empresas como Scope, Vialbo, Nomon o Cyan. En un escrito que Divalterra -la antigua Imelsa- acompaña de algunas de esas facturas, asegura que no hubo expediente de contratación ni contrato escrito conocido. "No existía control alguno en el departamento de contabilidad respecto a la realidad de los servicios que se dicen prestados ni de fraccionamientos de contratos", añade. Labor que correspondía a la dirección económico-financiera que ocupó José Enrique Montblanc.
En la respuesta al juez, la empresa pública explica que, a partir de 2010, no hubo conformidad de la factura. "Se generaban los cheques y pagarés en una plantilla configurada informáticamente e incorporaba la firma del director financiero". Éste, cuando accedía a su cargo, "conformaba su firma al servicio económico, la que se escaneaba para adjuntarse al documento que se añadía a la factura. Ese documento es el que se remitía al banco para su pago e incorporaba la firma del director financiero y el cheque o pagaré suscrito por el gerente de la empresa", detalla.
Cuando entra de director financiero Montblanc, asegura Divalterra, únicamente se le recoge su firma siguiendo esa mecánica, la cual figura en las facturas del espectáculo Metamorphosis.
Con la llegada del nuevo equipo financiero, la empresa pública remarca en su escrito que se incorporan nuevos mecanismos de fiscalización, como procedimientos de control interno, formación al personal con este objetivo o la creación de un nuevo protocolo para la supervisión del dinero en efectivo de la caja.