El Consell se prepara para poder quedarse los bienes de empresas públicas morosas

VALÈNCIA. La Generalitat podrá quedarse propiedades de las entidades del sector público a cambio de cancelar sus deudas con la administración. La medida, prevista en una disposición adicional de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2018, entrará en vigor el próximo 1 de enero y permitirá a la Generalitat hacerse con bienes muebles o inmuebles de empresas o fundaciones públicas para compensar las deudas vencidas con la administración. La única excepción serán los organismos autónomos –como el Servef o el IVAJ, por ejemplo– y las fundaciones.

El pago en especie como forma para resarcirse de la millonaria deuda que la Generalitat ha heredado de sus empresas públicas no es una idea nueva para el actual Consell, pero sí la forma de llevarla a cabo. Tal y como publicó este periódico, la medida ya aparece contemplada como una de las principales novedades de la futura Ley del Sector Público. 

Sin embargo, ante la incertidumbre que existe sobre cuándo podrá salir esta norma que acumula innumerables retrasos, la Conselleria de Hacienda ha optado por incluirla en la Ley de Acompañamiento para poder comenzar a aplicar la compensación de deudas en poco más de tres meses.

Hasta ahora, la administración no tenía forma de compensar la deuda contraída con ella por las entidades del sector público, que suma cientos de millones de euros. El origen de la misma es la asunción por parte de la Generalitat de la deuda comercial contraída por las sociedades y su conversión en deuda soportada por la administración valenciana con el Estado a través del FLA para proveedores.

Una de las sociedades que más dinero debe a la Generalitat es Ciegsa, la empresa de construcción de colegios sobre la que existe un mandato de extinción desde 2013 que el Consell acaba de prorrogar hasta 2020 para que pueda seguir gestionando barracones. En concreto, el pasivo de Ciegsa con la administración superaba los 156 millones de euros a 31 de diciembre de 2015 –últimas cuentas disponibles–.

La empresa pública Cacsa, la promotora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, arrastra una deuda con la Generalitat ligeramente superior, de casi 160 millones de euros. La misma es resultado de la asunción por parte la de administración de la deuda financiera de la sociedad y del acceso de Cacsa tanto a partidas del FLA para proveedores y el FLA para vencimientos de deuda financiera.

En el caso de Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), otra de las sociedades públicas que más compromisos arrastra con la Generalitat y de la que dependen tanto la Ciudad de la Luz como el Aeropuerto de Castellón (Aerocas), la deuda pendiente ronda los 77 millones de euros.

Desde el próximo 1 de enero, la Generalitat y sus organismos autónomos podrán tratar de resarcirse mediante el pago en especie, siempre que sean deudas líquidas, vencidas y exigibles. Para ello será necesario un acuerdo previo del Consell a propuesta de la persona titular de la Conselleria de Hacienda, que es la que ostenta las competencias en materia de sector público y la que tendrá que elaborar un informe favorable si lo solicita la entidad deudora.

Para poder dar por extinguida la deuda, el Servicio de Gestión Inmobiliaria tendrá que emitir un informe de valoración del bien o bienes, mientras que la Dirección General de Sector Público deberá justificar también con un informe la el interés de aceptar esta forma de pago.

La SGR traspasará activos inmobiliarios

Una de las entidades que traspasara activos a la Generalitat para saldar deudas es la Sociedad de Garantías Recíproca de la Comunitat (SGR). En este caso no se trata de una entidad que forme parte del sector público instrumental, pero sus principales accionistas son la propia Generalitat y el Instituto Valenciano de Financias (IVF).

Tal y como preveía el plan para amortizar la mayor parte de su deuda y relanzarla, la Ley de Medidas de 2018 también contempla el traspaso de un paquete de activos inmobiliarios de la SGR a una entidad dependiente de la Generalitat –probablemente el EIGE– como dación en pago de la deuda contraída por la sociedad avalista con la administración fruto de su reestructuración.

Los inmuebles entregados por la SGR pasarán a formar parte del patrimonio propio de la entidad del sector público instrumental de la Generalitat que los reciba.