Mario Mariner, presidente de la empresa, en una imagen de archivoUn juzgado de Paterna admite a trámite la querella presentada por la otra rama de la familia Mariner, que les acusa de urdir un plan para "apropiarse totalmente de la empresa"
VALENCIA. El juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Paterna ha llamado a declarar como imputado -investigado, según la reformada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)- al presidente de la fabricante valenciana de muebles de lujo Mariner, Mario Mariner Monleón, según consta en un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza. La citación se produce tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por diez descendientes de Enrique Mariner Saurí, la rama de la familia que no posee el control de la mercantil.
El juez también ha imputado a otros siete propietarios de la misma rama familiar que el presidente. Se trata de Francisco Javier Mariner Monleón, Enrique Carlos Mariner Monleón, Alejandro Mariner Randé, Enrique Mario Mariner Randé, Jorge Mariner Randé, Sergio Mariner Randé y Francisco José Mariner Colomer. Se investiga la presunta comisión de delitos societarios recogidos en los artículos 290, 291, 292 y 293 del código penal y delitos de falsedad documental contemplados en el artículo 390.
Como informó este diario, la causa es una auténtica guerra por la propiedad de la mercantil. Las penas que se reclaman, en el caso de algunos dirigentes como el presidente, sumarían un máximo de 12 años de cárcel, según consta en la querella, presentada por el letrado Emilio Alfonso Monzó López en representación de Enrique Manuel Mariner Sanchis, Pablo Mariner Sanchis, Rafael Laborde-Bois Mariner, Mª Sonsoles Laborde-Bois Mariner, Mª Desamparados Martínez Mariner, Ana Mª Margarit Mariner, Mª Eugenia Margarit Mariner, Margarita Esperanza Margarit Mariner, Mª Enriqueta Mariner Domingo, y Mateo Margarit Balaguer.
Según los hechos que se denuncian, en 2011 tuvo lugar una ampliación de capital en la empresa cuyo objeto, "teóricamente", era permitir a la firma afrontar mejor la crisis económica. No obstante, según la querella, aquí "empiezan a aparecer las conductas de una rama de la familia (los querellados) tendentes a apartar de la gestión a los miembros de la otra rama".
El documento detalla que en la emisión de acciones correspondiente a la ampliación de 2011 se establece, tal como recogen los estatutos de la empresa, que el 50% de los títulos -y no otro porcentaje- sería para cada rama de la familia. No obtante, tal requisito no apareció reflejado en la correspondiente acta notarial del 1 de julio de 2011. "Mediante dicho artificio y, amparado por una fe pública que ha sido manipulada para dar apariencia de que plasmaba los verdaderos acuerdos adoptados, se han visto aumentados los derechos políticos de una rama de la familia", recoge el texto.
Tras esta "maniobra" se habría producido otro "engaño" en contra del régimen de transmisión de acciones y del derecho de suscripción preferente: la compra a uno de los querellantes -una persona de avanzada edad, según apuntan fuentes conocedoras del conflicto- de dos minúsculas partes de sus acciones por parte del presidente, Mario Moliner Monleón, y de Enrique Carlos Mariner Monleón, que también se habría hecho con "los derechos políticos de la totalidad de las acciones". Según reza el texto "con dicha ilegal compraventa se altera el equilibrio existente anterior".
Según continúa la querella, tras "apartarlos de la gestión de la empresa familiar", tuvo lugar una maniobra para "apartarlos definitivamente del accionariado": una operación acordeón. Esta, como informó este diario, tuvo lugar en noviembre del pasado 2015 con el objetivo de compensar los fondos propios negativos de la mercantil, según indicó entonces la dirección de la empresa.
La querella indica sobre la operación -consistente en una reducción del capital a cero y un incremento correlativo del mismo- que ésta sólo tuvo por objeto "apartar a una parte del accionariado de la sociedad, así como de privarles de su derecho a voto". En esta línea, los querellantes denuncian que, en la preceptiva junta, manifestaron su oposición "por desconocer cuál es la verdadera composición del accionariado".
En consecuencia de todo lo expuesto, los querellantes reclaman, además de la suma de hasta 12 años de cárcel por los diferentes delitos, que se suspendan los acuerdos alcanzados en la junta del 17 de diciembre de 2015 -tras la operación acordeón que les apartó de la propiedad- por haberse adoptado "con una mayoría ficticia, obtenida mediante falsedades en documentos mercantiles esenciales".
Preguntado al respecto por Valencia Plaza, el director general de la firma, Javier Moreno, subrayó que la querella "no tiene ninguna base jurídica". El dirigente indica que la ampliación de capital de 2011 se realizó con presencia en el consejo de la rama de la familia que ahora presenta la querella. "Todos aprobaron la ampliación y fueron a ella", señala. En la misma línea subraya que las diferencias porcentuales en el capital "cabe achacarlas al capital que aportó cada uno".
Al respecto, el director general se pregunta por qué han esperado tantos años en presentar la querella, y desliza que lo hacen después de que la actual dirección haya enderezado su rumbo tras superar un concurso de acreedores. Además, añade que la querella es una venganza por la interpuesta anteriormente en sentido contrario, cuando la rama familiar que gestiona la mercantil hizo lo propio contra un miembro de los ahora querellantes.
La firma de muebles y lámparas de lujo acomete la anunciada operación acordeón y sitúa su capital en tan sólo 609.005 euros
