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Los sindicatos minoritarios recurrieron la subvención de 5,2 millones

El TSJ valida los 5,2 millones en ayudas del Consell a CCOO, UGT y Cierval

19/07/2016 - 

VALENCIA. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat ha desestimado las peticiones de nulidad presentadas contra el Reglamento de la Ley de Participación y Colaboración Institucional (LPCI), con la que se regula una subvención de 5,2 millones de euros a los sindicatos mayoritarios de la Comunitat -CCOO-PV y UGT-PV- y a la patronal autonómica Cierval. Así lo ha trasladado este martes la propia CCOO, que considera que el fallo "desmonta las supuestas vulneraciones por discriminación planteadas por CSIF, USO, Intersindical y el Sindicato Independiente".

"La sentencia parte de la distinción constitucional entre sindicatos más representativos y los que no lo son, para confirmar que todo el conjunto de acciones, programas y ejecuciones incorporadas en la participación institucional les son propias y exclusivas a las organizaciones más representativas. Recalca incluso que los espacios que corresponden al resto se recogen en la norma recurrida bajo el epígrafe de colaboración institucional", según CCOO.

"Habida cuenta el contenido del artículo 17 del propio reglamento, el cual incluye en la colaboración institucional aquellas actuaciones que impulsen la actividad económica y sociolaboral, no cabe considerar discriminados a los sindicatos recurrentes", subraya la organización citando la sentencia. 

El sindicato agrega que el fallo "rechaza las afirmaciones de los sindicatos demandantes sobre los costes asociados a la participación institucional". "No se aprecia que el contenido de este precepto afecte a los derechos de libertad sindical o de igualdad", recoge la sentencia, que agrega que la participación “no se circunscribe a la mera asistencia a las reuniones, sino que incluye toda la actividad previa y posterior a las mismas, lo cual conlleva gastos complementarios de material y personal, los cuales, en definitiva, estarán sujetos a los límites de la normativa de la Generalitat y de la Ley General de Subvenciones”, tal y como destaca CCOO.

Como informó este diario, los sindicatos CSI·F, Intersindical, USO y SI emprendieron acciones legales contra la norma por partida doble. Primero interpusieron un recurso contra su contenido y solicitaron la suspensión cautelar de las ayudas -2,6 millones para CCOO-PV y UGT-PV y otros 2,6 para Cierval-; y, posteriormente, sumaron un segundo por haber aprobado el Consell el reglamento de la ley fuera de plazo.

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