Foto: Agostime/EPVALÈNCIA (EFE). España está a la cola de Europa en vivienda social, ya que mientras su porcentaje no llega al 3 % del parque total, en Países Bajos representa el 30 %, en Austria el 24 %, en Dinamarca el 20 % o en Suecia el 19 %.
Junto a España, en la parte baja de la tabla europea se encuentra Rumanía (1,5 %); Estonia (1,7 %); Croacia (1,8 %) o Portugal, con un 2 %, según los datos recogidos en el especial de vivienda social del Observatorio de la Vivienda y el Suelo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Con porcentajes similares a España se encuentran Bulgaria (2,5 %) o Eslovaquia y Hungría (3 %, respectivamente), pese a que su número de habitantes está muy por debajo del español.
Entre los países más poblados de la Unión Europea el peso de la vivienda social varía mucho. En Alemania es del 3,9 %; en Francia del 17 %; en el Reino Unido se acerca al 18 %; en Italia es del 3,7 %; en Polonia del 7,6 % y en Bélgica del 6,5 %.
Con estos datos, España necesitaría incrementar el parque existente de vivienda social en casi un 8 % para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos.
Mientras que en España, con 47 millones de habitantes, había poco más de 450.000 viviendas sociales sobre un parque total superior a los 25 millones de casas, Países Bajos, con una población cercana a los 17 millones de ciudadanos, contabilizaba más de dos millones de viviendas protegidas.
En términos absolutos, el mayor número de viviendas sociales se observa en Francia, con 4,7 millones, una cantidad que representa el 17 % de su parque total de viviendas. Tras Francia, la mayor cifra se encuentra en el Reino Unido, que sumaba 4,6 millones de viviendas sociales, el 17,6 % de su total.
Mientras que en la media de la Unión Europea había 4 viviendas sociales por cada 100 habitantes, en España no se llega a alcanzar el 1 % de vivienda social, según los datos recogidos en dicho Observatorio.
A la cabeza se sitúa también Países Bajos, con más de 12 viviendas sociales por cada 100 habitantes.
Lo siguen por encima de la media, Austria, con 10 viviendas por cada 100 habitantes (10 %); Dinamarca (9,5 %); Suecia (8 %); el Reino Unido y Francia, ambos con algo más del 7,5 %.
En su conjunto, la Europa de los 28 contabilizaba cerca de 19 millones de viviendas sociales, el 9,3 % del parque total (243 millones de casas), para una población que superaba los 500 millones de habitantes.
En España, el parque de vivienda social es básicamente titularidad de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
De acuerdo con los datos ofrecidos en este estudio, Andalucía es la que encabeza el número de viviendas sociales, con unas 50.000 de titularidad pública en régimen de alquiler, seguida del País Vasco, con 24.000 viviendas y la Comunidad de Madrid, con más de 20.000. Unas cifras pendientes de actualizarse con los planes anunciados por las distintas comunidades en esta materia.
Si atendemos a las cifras medias de gasto en protección social en vivienda, según los datos disponibles, en la década comprendida entre 2007 y 2017, el Reino Unido fue el país con más desembolso (439 euros por habitante), seguido de Dinamarca (311), Irlanda (250) o Luxemburgo (253). En el caso de España, según esta estadística, la media fue de 35,4 euros.
Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que el porcentaje de vivienda social en España, que no llega al 3 %, es "ínfimo", "ridículo", "bochornoso" y "sonrojante".
A las puertas de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, se ha marcado como propósito incrementar en un 20 % el número de viviendas en alquiler público en un breve espacio de tiempo, un objetivo que ha calificado de ambicioso, pero que entiende que es justo y acertado.
En los últimos días, el Ejecutivo ha anunciado que va a movilizar 50.000 viviendas y suelos de la Sareb para vivienda pública, y a financiar la promoción de otras 43.000 casas de alquiler a precios asequibles mediante una nueva línea de financiación con fondos europeos de 4.000 millones.
El compromiso, ha agregado Sánchez, es garantizar que la vivienda sea un derecho y no un "problemón" como lo es hoy para los ciudadanos.
