La construcción de un colegio será la primera licitación del Consell con 'auditoría ciudadana'

VALÈNCIA. La Conselleria de Transparencia sigue aumentando los filtros para evitar la corrupción en la administración valenciana. Entre ellas, la puesta en marcha de mecanismos de 'auditoría ciudadana' en las licitaciones del Consell. Esta promesa, incluida en el Pacte del Botànic, ya es una realidad con un proyecto piloto. El primer caso para aplicar esta fórmula será simbólico ya que se ha elegido la construcción del CEIP El Rajolar de Aldaia, colegio que se quedó sin construir a causa de los sobrecostes en la empresa pública Ciegsa. 

Así lo explicaba este miércoles la directora General de Transparencia y Participación Ciudadana, Aitana Mas, en un desayuno informativo en la sede de la Conselleria para trasladar las nuevas iniciativas del departamento dirigido por Manuel Alcaraz. Dentro de estos mecanismos la primera medida elegida ha sido el 'Pacto de Integridad'. Esta herramienta consiste en establecer una fórmula para que la ciudadanía pueda supervisar de forma externa un proceso de contratación.

Sin embargo, es evidente que esta voluntad debe estar articulada y la ciudadanía es un término muy global, por lo que es necesario aterrizar el mecanismo. Por este motivo, desde Transparencia se impulsó a finales de 2017 un contrato por importe de 16.456 euros para prestar este servicio de forma externa e independiente en una licitación determinada previamente, en este caso la de construcción del centro educativo. 

Según explicó Mas, a pesar de que el contrato fue menor, se expuso de forma abierta a la Plataforma de contratación del Sector Público además de invitar a ocho empresas para que concurrieran. "La única oferta presentada fue la Transparencia Internacional España, que resultó adjudicataria". 

Un arquitecto y una jurista, los representantes ciudadanos

El contrato con Transparencia Internacional España se firmó la primera semana de febrero de 2018, momento en el que la empresa empezó a elegir a los expertos independientes. Teniendo en cuenta la licitación se seleccionaron un arquitecto y una jurista, que representan la figura de "monitores", perfiles idóneos para evaluar el proceso de construcción de un centro educativo.

Estos dos profesionales tienen la tarea de detectar y seguir "banderas rojas". Sin embargo, el monitor no busca tener un enfoque sancionador sobre las irregularidades detectadas sino que la intención es resolverla de forma constructiva en primera instancia. Estos profesionales también elaboran los informes sobre la transparencia e imparcialidad del proceso, que serán expuestos a disposición pública. 

Tras constituirse la primera comisión de seguimiento del Pacto de Integridad, la Conselleria de Educación ha empezado a librar la documentación a los dos monitores para el estudio. Mientras, la dirección general está trabajando en un apartado del portal de transparencia de la Generalitat donde se pueda seguir el desarrollo del pacto y obtener los informes cuando sean redactados. 

Además, Transparencia Internacional España ha realizado dos jornadas de formación para los empleados públicos sobre estos Pactos de Integridad. De momento, el único pacto de este estilo puesto en marcha en España se ha realizado en el Ayuntamiento de Madrid. Por ahora, la Comunitat Valenciana ha sido la única autonomía en desarrollar esta iniciativa, aunque próximamente se sumarán otras, como la de Castilla la Mancha. 

Alerta anticorrupción

El subsecretario de Transparencia, Alfonso Puncel, también presentó el prototipo del nuevo sistema informático de alerta anticorrupción para detectar fallos de sistema en la Generalitat en cuanto a datos sobre contrataciones o subvenciones, para cuya implantación se ha contado con el asesoramiento de Hervé Falciani, que se encuentra en libertad provisional tras ser detenido el pasado 4 de abril por una petición de extradición de Suiza.

Este sistema, que se prevé que entre en funcionamiento en noviembre, permite a la Inspección General de Servicio (IGS) obtener alertas de manera organizada sobre malas prácticas como fraccionamiento de contratos o la relación de los adjudicatarios con ciertas empresas, por ejemplo.

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, aseguró que no es una herramienta creada para la investigar la etapa del Partido Popular al frente del Consell, sino para controlar las acciones actuales, aunque Alcaraz reveló que "los únicos que han pedido información sobre la etapa del PP ha sido el propio PP".

Desde la conselleria también se ha impulsado la creación de una Carta de servicios de portal de transparencia de la Generalitat, que facilitará a los usuarios el acceso a las secciones más visitadas de la plataforma, mejorará la comprensión de los contenidos y responderá a los ciudadanos todas las consultas en un plazo máximo de dos días.