Montoro abre la puerta a "corregir desviaciones" para las CCAA "discriminadas"

VALENCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, llegó este lunes a un acuerdo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para la creación de un Plan de Tesorería con el objetivo de evitar que en la Comunitat se produzcan problemas de pago. Este pacto se produjo después de que el jefe del Consell presentara durante el encuentro -que duró dos horas y media- una serie de medidas al responsable estatal con la intención de garantizar "la viabilidad financiera de la Generalitat". 

Así, según fuentes del Ejecutivo valenciano, varias de las seis medidas que fueron presentadas por el jefe del Consell fueron tenidas en cuenta por el ministro. La primera, destacada aunque previsible por lo irremediable de otra vía, la creación de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de carácter extarordinario para cubrir el déficit de 2015. Un fondo adicional que el jefe del Consell cifró en 2.500 millones de euros, el equivalente al déficit del año pasado. Montoro aceptó estudiar la posibilidad aunque en su comparecencia no concretó cifras. 

Además, en el documento de 10 páginas presentado por Puig, también venían incluidas tres de las reivindicaciones que el Gobierno valenciano está realizando en bloque desde el pasado año. La reforma del sistema de financiación, una compensación por los déficits acumulados por la infrafinanciación (también llamada deuda histórica) y, en tercer lugar, inversiones equivalentes al peso poblacional de la Comunitat Valenciana o al de su aportación al PIB, algo que no se ha producido en los últimos 16 años.

Precisamente en la rueda de prensa posterior al encuentro, Montoro por primera vez dejó la puerta abierta a una posible consideración de la deuda histórica. Así, el ministro señaló que la idea del gobierno es crear -tal y como estaba previsto y también exigió Puig ayer- un "comité de expertos" que sea además "un comité con la máxima objetividad para que vayan precisando cuál es el resultado del sistema de financiación autonómica y si se ha producido discriminación territorial como resultado del vigente sistema para que el siguiente pueda corregir esas desviaciones". 

Unas palabras de las que se desprende por primera vez por parte del ministro la posibilidad de una compensación para las comunidades autónomas que han sido continuadamente infrafinanciadas en los últimos años. De hecho, el concepto de "discriminación territorial" usado ayer por Montoro es idéntico al que se viene utilizando por el Gobierno valenciano. "No parece razonable hablar de discriminación sin que exista una compensación", reflexionaba este lunes un alto cargo del Gobierno valenciano.

En esta línea, respecto al grupo de expertos que deba llevar a cabo esta tarea, Montoro subrayó que desde hace meses el Ejecutivo está buscando "la oportunidad política para promover su creación" para añadir que la "insistencia del Gobierno valenciano" le parecía "muy correcta". 

El 0% de interés del FLA, otra de las cuestiones abordadas

Otro de los asuntos puestos sobre la mesa por Puig fue la intención de dejar al 0% el interés del FLA hasta que se produzca la reforma del sistema de financiación que viene exigiendo el Gobierno valenciano. Una medida que implicaría una ahorro importante para la Generalitat, empezando por 45 millones de euros para el presente año. No obstante, este compromiso no quedó concretado aunque la intención es que continúe abierto el diálogo entre los representantes de la Conselleria de Hacienda y del ministerio en el propio marco del Plan de Tesorería creado.

Otra de las iniciativas reclamadas por Puig ante Montoro fue contemplar una solución "para los impagos realizados por el anterior Consell" y, por último, también se incluyó en las propuestas la financiación por parte del Gobierno central "para la totalidad del tratamiento de Hepatitis C".

De la misma manera también se habló de la multa a España por el déficit oculto de la Generalitat Valenciana de 2008 a 2011, Puig reiteró la posición de su gobierno contraria a tenerla que asumir. En este sentido, aseguró que ambas partes van a apoyarse en el recurso en los tribunales europeos, pero que si la multa se mantiene, la Generalitat se plantea que los responsables políticos de aquello "paguen las consecuencias".