Presidencia propone suprimir el anonimato del denunciante de la ley lobbies

VALÈNCIA. Por séptima vez consecutiva, el pleno del Consell no aprobará este viernes el decreto que desarrolla la conocida como Ley de lobbies. Una norma que regula las relaciones entre la administración y las empresas públicas con los denominados grupos de interés que fue presentada hace ya tres años y más tarde aprobada en Les Corts, pero que todavía no ha podido aplicarse porque su desarrollo normativo sigue bloqueado en el Gobierno por las discrepancias que genera su contenido. 

En concreto, existen diferencias entre Presidencia de la Generalitat y la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo sobre tres artículos. Divergencias que todo parece indicar que seguirán vivas, pues ninguna de las partes está dispuesta a ceder en sus posiciones, por lo que el decreto podría tardar aún semanas en ver la luz. Y no sería el primero que sufre un bloqueo laxo por la distancia que existe entre los socios. 

Una de las cuestiones que alejan a Ximo Puig de Pérez para llegar a un entente sobre el redactado de este decreto, tal y como publicó Levante EMV, afecta el anonimato para poder realizar denuncias por el incumplimiento de la ley. La disposición adicional segunda establece que la Generalitat podrá "habilitar canales telemáticos accesibles desde el Registro de Grupos de Interés para que terceras personas puedan comunicar posibles casos" de información contenida en dicho registro "que sea errónea o que contenga una omisión relevante o de incumplimiento de la ley". 

Añade, además, que se "garantizará el anonimato de las personas que formulan las alertas y, en todo caso, su confidencialidad" sin que quienes gestionen el registro puedan identificarlas. Presidencia quiere eliminar esta garantía y Transparencia, por contra, se niega a retirarla del articulado porque "ya existe normativa europea que avala el anonimato" del denunciante y hacerlo sería dar un paso atrás. En concreto, se trata de la Directiva 2019/1937 de protección del denunciante. 

Cabe recordar que sobre esta cuestión ya hizo especial hincapié también el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, cuando Les Corts Valencianes iniciaron la tramitación de la ley del Consell de la Inspección General de Servicios (IGS) y su redactado anulaba casi por completo la protección del denunciante anónimo de malas prácticas en la administración. Para Llinares era una cuestión prioritaria la protección del denunciante, dado que sin ella, muchos podrían decidir no dar el paso de denunciar malas praxis.  

Obligación de los funcionarios

Ahora bien, no es el único cambio significativo que pretende hacer Presidencia sobre el texto legal. También pretende que se modifiquen los artículo 3 y 13 para fijar las mismas obligaciones para los funcionarios que para los cargos públicos. Exactamente, el primero de ellos determina que el Registro de lobbies pretende aplicar los principios de transparencia y publicidad "a las relaciones de los cargos públicos no electos y al personal empleado público que mantenga, con conocimiento o instrucciones previas del cargo público del que dependa, reuniones" con estos grupos de interés. 

En este caso, Presidencia suprime la referencia a que los funcionarios se reúnan con lobbies previo "conocimiento o instrucciones del cargo público del que dependa". Es decir, que dota del mismo rango a los altos cargos que a los empleados públicos para que la obligación de informar sobre estas reuniones sean las mismas para unos que para otros. Y, además, también añade que las entidades que deseen actuar como grupos de interés deberán estar inscritas en el citado registro. Sin esa inscripción, no podrán mantener encuentros ni con los altos cargos, ni con los funcionarios que estén bajo su mando. 

La equiparación de uno a otro no agrada en Transparencia, puesto que a pesar de que Presidencia lleva insistiendo semanas en que los cambios que quería introducir se limitaban a "pequeños flecos", para la Conselleria de Pérez Garijo las modificaciones propuestas suponen bloquear la norma. No en vano, argumentan que el régimen de los empleados públicos no puede ser el mismo que el de los cargos no electos. 

Insisten también en que los reparos que expone ahora el Palau, que no presentó alegaciones mientras el texto se encontraba en fase de participación, no tienen cabida porque resultan de especial calado y el texto legal ya pasó el filtro del Consell Jurídic Consultiu. Por lo que aceptarlos supondría volver a iniciar su tramitación. 

El último punto de desencuentro entre ambas partes se centra en a quién compete plantear una propuesta de expulsión de un grupo de interés. El texto original plantea que la Conselleria de Participación y Transparencia puede proponer la expulsión de un grupo de interés si este incumple de forma reiterada las obligaciones que marca el decreto, pero Presidencia quiere que esta instancia parta de dos grupos de interés que hayan podido verse afectados por la mala práctica del otro y no sea Garijo la competente en esta cuestión.