Señala que la afinidad política de los altos directivos no queda probada y que no participó en su selección
VALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ha presentado finalmente recurso contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez del caso Alquería contra él y otros 14 cargos. Los presuntos delitos que se atribuyen a los investigados son los de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por una contratación "simulada" de un total de nueve directivos en la empresa pública Divalterra entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. Algo que conllevó, de acuerdo con el magistrado, un posible desvío de 1,12 millones de euros de fondos públicos "en favor de unos particulares" y "por puros intereses de índole partidista" en el reparto de cargos entre las dos formaciones en el poder: PSPV y Compromís.
La defensa del actual alcalde de Ontinyent trata de contradecir al juez en uno de los principales argumentos que expuso en el auto: que realizó las contrataciones a sabiendas de que eran ilegales con un "cabal y completo conocimiento" de todo ello. Para lo cual citaba los avisos previos que recibió, como el del entonces gerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, o el del secretario de la Diputación de Valencia, Vicente Boquera, además de los diversos informes técnicos en contra.
En el recurso, el abogado de Rodríguez, sin embargo, niega las pruebas que para el magistrado resultan evidentes. "No consta advertencia alguna de la posibilidad de que dichos contratos fueran irregulares y muchos menos delictivos", indica. Así, critica, al igual que los escritos de otros de los investigados, a los denunciantes iniciales del caso, José Luis Castellote y José Luis Pellicer, responsables de los departamentos financiero y jurídico de Imelsa –posteriormente renombrada como Divalterra–. Reproche que extiende a Boquera y a los responsables de los Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos, Vicente Domingo y José Luis Vera respectivamente. El motivo, que ninguno de todos ellos puso reparo a los contratos en ese momento y que el hecho de que fueran de alta dirección fue responsabilidad de estos dos últimos.
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"Rodríguez no tuvo intervención alguna en la contratación de los responsables de área y, algunos de ellos, como ha quedado acreditado, ni siquiera lo conocían y viceversa. Teniendo cada gerente unas áreas determinadas, era a ellos a quiénes competía poner al frente de las mismas a personas capaces de llevar a cabo una ardua tarea, que era reflotar la empresa", destaca el recurso.
Agrega que para estas contrataciones, los gerentes hicieron un proceso de selección "con estudio de currículums y entrevistas a varios candidatos". Y se contrató a personas "con un amplio currículum y experiencia en cada materia, verdaderos profesionales que realizaron una labor intachable". Por esta razón, en su opinión, resulta "carente de todo sustento probatorio" que se debiera a la afinidad política.
El letrado apunta, del mismo modo, que el sueldo de estas personas contratadas "no solo ha estado debidamente justificado con todas sus memorias y trabajos realizados y acreditados, sino que el mismo ha sido eficiente, ahorrando a la entidad nada menos que seis millones de euros en un periodo de cuatro años".
Por su parte, Ricard Gallego, jefe de gabinete de Rodríguez en la Diputación –y ahora en Ontinyent–, ha alegado en otro recurso que nunca formó parte del equipo de dirección de Divalterra.
Su letrada ha defendido que Gallego, licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral, se dedicaba a coordinar el área de Presidencia de Diputación, ocuparse de las cuestiones de protocolo, atender la agenda del Presidente y coordinarla con la de otros diputados, especialmente la Vicepresidencia.
"Ni el cargo que ocupaba ni su formación profesional le habilitaban para dictar ningún tipo de resolución, ni para la emisión de informes jurídicos en la gestión de los asuntos propios de la Diputación, ni mucho menos de Divalterra ni de cualquier otra empresa pública en las que participaba la Diputación Provincial, de las que nunca formó parte", comenta.
"Es obvio que Gallego tenía la confianza del presidente, pero no por ello participaba en asuntos que no le correspondían por razón de su cargo, ni por el sólo hecho de gozar de la confianza del presidente debe ser acusado de algo que no ha hecho", añade.