VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Sagunto instará al Gobierno de España a asumir el coste del canon de construcción de la desaladora, que por el momento corre a su propia cuenta. Además, también pedirá que se derogue el convenio inicial, mientras se estudian nuevos usos alternativos para la planta.
Según explica el Ayuntamiento de Sagunto, los motivos que han llevado a la presentación de esta moción se remontan a la propia construcción de la desaladora. Por aquel entonces, el Gobierno impulsó este tipo de instalaciones tanto en Sagunto como en otros municipios de los alrededores, con el fin de dar respuesta a las necesidades hidráulicas del elevado número de viviendas que se iban a construir con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto. Un plan que a día de hoy todavía no se ha materializado.
En la moción, se recoge que Acuamed promovió la actuación y firmó convenios con todos los ayuntamientos afectados, pero ninguno de los proyectos se materializó dentro de los tiempos. Pasados los años, estas infraestructuras se han puesto parcialmente en marcha, firmando nuevos convenios temporales con los consistorios para salir del paso, con un horizonte en el que serían los propios ayuntamientos quienes se hicieran cargo del coste no subvencionado de la construcción.
En el caso de Sagunto, el acuerdo de puesta en marcha de la desaladora era no superior a los 18 millones de euros. Pero, con el paso del tiempo, la cifra ha ido aumentando, hasta el punto de que la empresa reclama 43,5 millones de euros en el plazo de 25 años. Una cifra que según la autoridad local no aparece en el convenio y ha sido decidida de manera unilateral. Por todo ello, en el año 2019, decidieron rechazar el suministro de agua desalada presentado por Acuamed.
En este sentido, el consistorio defiende que este convenio le obligaba a hacerse cargo del agua desalada pero no acreditada "y alejada de las necesidades reales del municipio". Así, inciden en que Sagunto ya no necesita en la actualidad ese tipo de servicios, que además comportan costes demasiado elevados porque, al margen de pagar la planta, el precio del metro cúbico es más caro.
"La única manera de hacer rentable ahora esta inversión es pensar en nuevas alternativas de uso para las instalaciones. Como podría ser, por ejemplo, que el agua forme parte del conjunto de los recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, puesto que no existe ninguna demanda actual que justifique su puesta en funcionamiento. En la actualidad, funciona bajo mínimos, con convenios transitorios, aunque todavía producen más agua desalada de la que la demanda real necesita”, aluden desde el consistorio.
Así, no solo exigen al Gobierno que asuma el coste de la construcción, sino que determinen nuevos derechos como los usos ambientales para recuperar pozos y aguas subterráneas, usos agrícolas, humanos y de desarrollo económico basado en la sostenibilidad. "Hacen falta nuevos acuerdos entre administraciones donde, además de resolver ese coste, se analicen prioritariamente cuestiones sociales, ambientales y de desarrollo sostenible. Además, según la propuesta aprobada, hay constancia de que las desaladoras en otros lugares en España han sido pagadas por el Estado", concluyen.
