Las agencias antifraude urgen a la transposición de la directiva europea de protección de denunciantes

VALÈNCIA. La Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España ha celebrado su 8º encuentro en el marco del VI Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Alicante entre el 27 y el 29 de septiembre.

A lo largo de dos sesiones las agencias y oficinas antifraude han debatido y reflexionado sobre diferentes cuestiones relacionadas con su ámbito de actuación y muy especialmente sobre la situación en la que se encuentra la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva Whistleblowers.

Tras los trabajos desarrollados se ha adoptado una declaración institucional que ha sido leída en el plenario del Congreso y en la que se urge a las autoridades competentes de la transposición al ordenamiento jurídico de la Directiva al desarrollo del marco legal advirtiendo que el plazo para la finalización de los trabajos concluye el 17 de diciembre de este año.

En esa misma declaración se recomienda a los gobiernos, administraciones y otras partes interesadas a fomentar la cultura de la denuncia; promocionar los canales de denuncia; reconocer la ejemplaridad de quienes denuncian; garantizar la confidencialidad; proteger a las personas denunciantes; promover e implementar acciones correctoras; facilitar a las personas denunciantes y alertadoras medidas de apoyo, así como desplegar acciones de difusión, formación y sensibilización.

La declaración institucional ha sido suscrita por la Oficina Antifraude de Cataluña; Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado; Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona; Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana; Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears y Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

Además de los organismos que han suscrito la declaración, en el encuentro han participado otros organismos como la Dirección del Servicio de Análisis y Buzón Ético del Ayuntamiento de Barcelona; el Consello de Contas de Galicia; la Audiencia de Cuentas de Canarias y la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. 

También estuvieron invitados a este encuentro representantes del Ministerio de Justicia, del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Tras la lectura de la declaración institucional se celebró un Seminario sobre la Directiva Europea de protección de las personas denunciantes de corrupción en el que participaron como ponentes Rosa Sánchez, Directora de Análisis y Buzón Ético del Ayuntamiento de Barcelona; Jaime Far, Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de les Illes Balears y Joan Llinares, Director de la Agencia Valenciana Antifraude.