La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el alcalde de València, Joan Ribó. Foto: VPVALÈNCIA. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que no habría "una segunda oportunidad" para el decreto de ahorros locales, tumbado el pasado jueves por el Congreso de los Diputados tras granjearse un amplio rechazo de todos los partidos -sólo lo apoyó PSOE y Unidas Podemos-. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, le instaba a que no fuera así, a que negociara un nuevo texto con mayor acuerdo. Finalmente, la amenaza de la ministra quedó en agua de borrajas y habrá nuevo decreto, pues el delicado panorama financiero al que se enfrentan los ayuntamientos lo requiere.
En este segundo intento, Montero tiró por lo más sencillo: elaborar una nueva norma light, que incluya sólo aquellos aspectos en los que existía consenso y retrasar lo controvertido hasta que haya acuerdo posterior. Así, la propuesta de Hacienda incluye fundamentalmente aspectos ya recogidos en la primera, que fue rechazada. Aspectos que, si bien servirán para ampliar la capacidad de gasto de los ayuntamientos ante la situación de crisis tras la pandemia de coronavirus, también resultarán, a priori, insuficientes para hacer frente a la apremiante necesidad de ingresos de los entes locales el próximo año. Al menos en el Ayuntamiento de València.
Entre las medidas que el nuevo texto recupera, se encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, que permitirá a los entes locales superar la tasa fijada para el incremento anual del gasto municipal. El anterior decreto rezaba que debido a la situación excepcional por la pandemia, "no se exigirá el cumplimiento de la regla de gasto" a los entes locales este año. Eso sí, ni el anterior decreto ni el nuevo contienen la ampliación de esta suspensión para 2021, según el anuncio, aunque Montero aseguró este lunes que su intención es introducirla en los Presupuestos Generales del Estado: "Mi vocación es que en el año 2021 las reglas fiscales también estén suspendidas".
Sí que incluye el nuevo decreto anunciado otra herramienta de calado: el permiso a los ayuntamientos para que puedan disponer de sus propios ahorros, una medida que el municipalismo venía reclamando desde hace tiempo al exigir una mayor autonomía local después de que las leyes de estabilidad presupuestaria restringieran sobremanera su utilización. Hasta el momento sólo podían haberlo dedicado a pagar deuda, a pagar 'facturas en los cajones' de años anteriores, o a inversiones financieramente sostenibles, y ahora podrán ampliar su destino a otras múltiples partidas.
El desbloqueo de estos fondos -que en València son ahora mismo cerca de 36 millones de euros y que entre todos los ayuntamientos suman hasta 15.000 millones- estaba también contemplado en el decreto tumbado. Según el texto, los ayuntamientos que tengan ahorros en 2019 podrían utilizarlo "para financiar gastos en 2020" siempre que no incurran en déficit (artículo 6). En este sentido, hay que recordar que el Gobierno ya permitió durante el estado de alarma el uso de parte los ahorros municipales para políticas de servicios sociales fundamentalmente. Ahora, el abanico se abre.
Así, el anuncio tuvo una buena acogida no sólo entre los socialistas, sino también entre fuerzas críticas con el primer decreto. Baldoví celebró el cambio y se felicitó por que el Gobierno "haya recapacitado y acceda a que haya un nuevo decreto y una nueva oportunidad". "a decreto muerto, decreto puesto", aseveró, para añadir que un político "siempre debe dar segundas, terceras, o quintas oportunidades" porque son elegidos para "buscar soluciones y no para buscar culpables".
También el alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, dio la bienvenida a que el Ministerio quiera "arreglar la situación generada", si bien pidió además eliminar la Ley Montoro -de estabilidad presupuestaria-, un fondo de ayudas extraordinario para el transporte urbano -que ya recogía el decreto anterior-, y que el fondo extraordinario para ayuntamientos de 5.000 millones que el Gobierno repartiría un 60% por población y un 40% por los remanentes, lo hiciera únicamente por población. Modificación que, si bien desvincularía totalmente el fondo de los ahorros que tengan los ayuntamientos, también perjudicaría a los ayuntamientos más pequeños con ahorros, según sus detractores.
En definitiva, las herramientas de la nueva norma permitirán más manga ancha en el gasto de los entes locales, pero sólo en 2020, lo cual entraña dificultades añadidas para hacer efectiva esta posibilidad debido a la falta de tiempo. Así, se podrán hacer realidad gastos de ejecución express, o si no se llegan a ejecutar, haber alcanzado cierto grado de tramitación para poder hacerlo el próximo año. Unas circunstancias que restringen en cierta manera aquellos proyectos o medidas que los consistorios quieran sacar adelante.
En el Ayuntamiento de València, la postura de los socialistas que dirige la vicealcaldesa Sandra Gómez, y cuyo edil Borja Sanjuán controla la Hacienda municipal, pasa por utilizar esta medida para adelantar aquellos gastos previstos para 2021 pero que podrían ejecutarse en 2020. No podrían ser grandes proyectos, obras o servicios que requieran de largas tramitaciones o licitaciones. En este sentido, y como ejemplo, apuntan a la partida de expropiaciones, que son procesos relativamente rápidos y son objeto de financiación a cargo del superávit de 2019.
Preguntadas fuentes socialistas sobre la posibilidad de dedicar este remanente a paliar la delicada situación de la EMT, subrayaron que "no sería la primera opción" porque el ente ya tiene una póliza de crédito contratada para la coyuntura actual de 27 millones de euros y que se trata de una póliza "barata", por lo que apuestan por centrar el ahorro en "adelantar gastos de 2021". La EMT espera la llegada del ya citado fondo de transporte que le reportaría 15 millones de euros.
Así, la consecuencia aplicando el nuevo decreto será doble: rechazada la posibilidad de entregar parte del remanente a la EMT, no da tiempo consumir en gastos todo el ahorro municipal -36 millones de euros- y por lo tanto, el resto debería ir a pagar deuda del consistorio como los años anteriores; pero al mismo tiempo, se permite aliviar una pequeña parte de los gastos que se proyectaban en 2021, que será el año de mayor dificultad presupuestaria. Y ciertamente, uno de los problemas más palpables en la actual coyuntura es la caída de ingresos, tal y como defendió Ribó: "El año más complicado se prevé en 2021".
El Ayuntamiento del Cap i Casal prevé una merma de ingresos el próximo año de hasta 60 millones de euros con motivo de la recesión económica tras la pandemia. Un desajuste que deberá cuadrarse en los presupuestos del próximo año, ahora en elaboración, y que plantea cierta disyuntiva a los gestores municipales: o se reducen los gastos -recortes y adelantar proyectos a 2020-, o se incrementan los ingresos -vía impuestos, pidiendo préstamos o con inyecciones externas-.
Si hay una certeza es que el consistorio optará seguramente por endeudarse, pidiendo préstamos por el mismo valor que amortizará deuda adquirida, de manera que será un ejercicio en el que la deuda no aumentará, pero será un año 'perdido' en la senda de reducción de deuda emprendida en 2013. Sin embargo, esto no sería suficiente, y la vía de incrementar los impuestos se ha rechazado a priori en el ejecutivo local. Un panorama que en la columna de los ingresos exigiría la llegada de fondos extraordinarios.
En este sentido, el decreto abría la puerta para que los ayuntamientos hicieran un préstamo al Gobierno con sus remanentes, que éste devolvería en los próximos 15 años -la última propuesta de Montero rebajaba el período-. Y además, contemplaba un fondo de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos. Este se repartiría en 2021, según la última promesa de la ministra, en función de la población -60%- y de los ahorros cedidos -40%-. Así, todos los ayuntamientos -sin ahorros o con ahorros, los entregaran al Gobierno o no lo hicieran- tendrían acceso a la línea de financiación: los que cedieran el remanente, al fondo completo; y los que no, al 60%.
Cerrado el capítulo de los ingresos, para solucionar el desequilibrio presupuestario se abre la posibilidad de reducir los gastos. O lo que es lo mismo, recortar partidas en los servicios municipales. Sin la llegada del fondo extraordinario -que según la concejalía de Hacienda reportaría 40 millones de euros a València ciudad-, el desajuste presupuestario y, por ende, los recortes serían de 33 millones de euros tras acudir a nuevos préstamos. El escenario planteado por el socialista Sanjuán fue rápidamente respondido por sus socios de gobierno, Compromís. El vicealcalde Sergi Campillo fue tajante en Plaza Radio este lunes: "Estos recortes dependen del Gobierno central".
"Ninguna concejalía se va a librar de los recortes si no hay acuerdo de remanentes"
"Que haya recortes en el Ayuntamiento dependerá del Gobierno central"
Es este fondo y la posibilidad de entregar los remanentes municipales al Gobierno en concepto de préstamo -lo que tanto en la oposición como en Compromís tildan de "chantaje" y "confiscación"-, lo que permanece en el aire y lo que se dejará para más adelante. En la coalición valencianista se han abierto a negociar un futuro voto afirmativo si el ejecutivo atiende sus peticiones, como cambiar la manera de reparto de los 5.000 millones. Por el momento, lo único real es un nuevo decreto que resultará "insuficiente", a juicio de Compromís, y que, en la práctica, no evitará los grandes problemas en los ayuntamientos en 2021.
