El patronato 'florero' de Feria Valencia

VALÈNCIA. Los vocales del patronato de Feria Valencia que comparecieron este jueves en la comisión de Les Corts que investiga responsabilidades políticas en la gestión del recinto coincidieron en atribuir un rol "decorativo" a este órgano durante la presidencia de Alberto Catalá. Según explicaron, lejos de controlar la gestión del comité ejecutivo, su función se limitó a aprobar sin discusión los asuntos que venían ya decididos desde la cúpula de la institución, que ha acabado siendo rescatada por la Generalitat al no poder asumir sus casi 600 millones de deuda.

El más explícito para definir el papel florero de este órgano al que en teoría le correspondía dar conformidad a los presupuestos y la liquidación de cuentas fue el empresario Federico Félix, quien formó parte de este órgano durante quince años. "Cuando llegaba algo dábamos la cabotà. Es la estructura que había; era así, lo hacíamos y ya está porque las cosas venían decididas desde el comité", detalló.

Félix fue el último de los cuatro exvocales del patronato que comparecieron en la tercera sesión de la comisión, centrada sobre todo en indagar la forma en la que se contrataron unas obras de ampliación que, según denunció la Intervención de la Generalitat, debieron someterse a las normas de contratación del sector público.

Antes que Félix pasaron por la comisión el empresario Cristóbal Aguado, el abogado Manuel Broseta y el notario José Maldonado. Todos minimizaron la responsabilidad del patronato en la quiebra de Feria Valencia, defendieron como adecuada la decisión de ampliar el recinto por la necesidad de espacio que existía en el momento en el que se aprobó el proyecto y aseguraron que la institución funcionaba como una empresa privada a pesar de que sus obras estaban avaladas por la Generalitat.

Félix: "No es por quitarle responsabilidad al patronato, pero no pintábamos nada"

Félix opinó que, sin el respaldo financiero de la Generalitat, Feria Valencia no hubiera podido sacar adelante su ampliación, una obra que se contrató por 325 millones de euros pero que se acabó facturando por 586 tras sucesivos modificados y ampliaciones de los contratistas. El informe de la Intervención de la Generalitat encargado por la Conselleria de Hacienda en 2013 concluyó que los costes se incrementaron un 86% de forma injustificada.

Privada, pero "mandaba" la Generalitat

El empresario consideró que ese "excesivo" incremento de precios no tenía sentido: "Es un despropósito". Según dijo, Feria Valencia era una empresa privada y funcionaba como tal, pero quien "mandaba" era la Generalitat. Al respecto, dijo no tener "evidencias" para concluir si Feria Valencia estaba "controlada por el PP", aunque supuso que alguien en el comité ejecutivo del recinto estaría encargado de "despachar" con el Consell.

"Si hay una entidad que mete el dinero que ha metido, lógicamente tiene que tener una capacidad para decir algo, pero quienes llevaban la gestión del día adía y de los certámenes era la dirección y el comité", concretó.

Félix, que actualmente es miembro de AVE y presidente de Fedacova, consideró que la gestión de Feria Valencia era "francamente mejorable" porque en los últimos años se han perdido varios certámenes que se celebran en otros recintos y otros como el del mueble han venido a menos. "No es por quitarle responsabilidad al patronato, pero no pintábamos nada", insistió el empresario, quien afirmó que en las reuniones a las que él asistió nunca se trataron las elevadas dietas del comité ejecutivo.

Por su parte, Cristóbal Aguado, también sostuvo que el papel del patronato era "más decorativo que real", aunque no pudo responder a cuestiones concretas sobre la gestión al asegurar que no las recordaba. "Se nos explicaba todo pero no lo mirábamos con detalle porque había equipos encargados y que tenían la responsabilidad. Quizás el patronato debería haber tenido una información más amplia", dijo Aguado.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) opinó que, en su momento, el proyecto de ampliación de Feria Valencia "estaba justificado", pero dijo que a la vista del resultado podría cuestionarse. "Ahora ni haríamos Feria Valencia ni la Ciudad de las Artes y las Ciencias", opinó.

Aguado detalló que, cuando estalló la crisis, los exresponsables de Feria Valencia la afrontaron "saliendo más y buscando más pero consiguiendo menos", una consideración que coincide con la valoración que realizó el actual director general, Enrique Soto, quien afirmó en la comisión que los anteriores gestores se equivocaron incrementando los gastos en promoción para salir de la crisis.

Broseta: "No pongo en duda la gestión"

Por su parte, el abogado Manuel Broseta manifestó que a la vista del "tamaño" del patronato, integrado por setenta miembros, "nadie podía entender que estuviera en un órgano de decisión". Además, sostuvo que los vocales tenían la "tranquilidad" de que las decisiones que llegaban del comité contaban con el visto bueno de los auditores y la dirección económica y financiera."No teníamos sospechas, lo veíamos todo normal. Y sigo sin tener sospechas porque no vi nada raro", subrayó.

Broseta consideró que la información que se le facilitaba a los patronos era "amplia" y "suficiente" para el desempeño de sus funciones. "No pongo en duda la gestión de Feria Valencia. No tengo elementos para pensar que la gestión de feria valencia haya sido mala. Nos presentaban los gastos y había bastantes gastos en viajes porque una de las claves del negocio era la internacionalización. Nos parecía normal. No vi desproporción ni nada que nos llamase la atención", justificó.

Respecto a la idoneidad de ampliar el recinto, Manuel Broseta aseguró que el "contexto competitivo" indicaba que había que hacerlo. "Nadie, ni los auditores, ni el IVF, ni los bancos… Nadie lo puso en duda", aseguró el abogado.

Además, Broseta dijo que, en su opinión, la diferencia entre los 325 millones por los que se contrataron las obras y los 587 millones por los que se acabaron facturando no fueron entendidos como una desviación "sino como una ampliación de necesidades".

A su llegada al patronato, que se concretó en el año 2000 y por invitación de su expresidenta, Rita Barberá, no tenía "ninguna duda" de la naturaleza jurídica privada de Feria Valencia. "Es algo que difícilmente se podía poner en duda hasta 2012", añadió.

El abogado, que salió del patronato de Feria Valencia en 2015, dijo también que nunca se sintió "presionado" para tomar alguna decisión. "No lo hubiera admitido", advirtió. También se refirió brevemente los trabajos de asesoramiento que su despacho desarrolló en 2013, cuando Feria Valencia comenzó a trabajar en la reforma de sus estatutos.

El trabajo, por el que el despacho facturó 90.000 euros, consistió en "el análisis de cómo estaban las cosas, asesorarles y redactar los documentos para llevar a cabo la propuesta elegida".

Mientras, el notario José Maldonado recordó cómo el patronato delegó en el comité ejecutivo la firma de algunas cuestiones ligadas a operaciones de financiación de la ampliación de Feria Valencia. Aunque dijo que la inversión no debería valorarse solo desde el punto de vista de su rentabilidad económica, admitió que visto lo ocurrido, no parece que fuera una buena gestión.

"Me siento responsable en el sentido de que como miembro del patronato aprobé cosas que después han salido mal, pero nada más. La culpa de que Feria Valencia esté como está es de la crisis. No tengo constancia de que el departamento jurídico avisase al comité de que se estaban haciendo mal las contrataciones", se justificó.

La Generalitat le endosó obras por 100 millones

Además de los cuatro exvocales del patronato, en la sesión de este jueves pasó por la comisión el arquitecto José María Tomás, responsable del estudio al que se le encargaron tanto el proyecto para la ampliación como la dirección de la obra. Su testimonio era clave para aclarar el porqué de los abultados sobrecostes derivados de la obra, pero el arquitecto negó la mayor y arremetió contra la Intervención por haber extraído sus conclusiones de un informe "poco riguroso".

"Se puede decir que el informe de la intervención fue poco riguroso", criticó el arquitecto, que también lamentó que el interventor  no le consultó durante la elaboración de su informe a pesar de que se ofreció. "Nos llamaron cuando el informe ya estaba firmado", sostuvo.

En el informe cuestionado por José María Tomás se denunció la existencia de desviaciones de hasta un 86,27% sobre los precios que figuraban en el proyecto y lo que finalmente se pagó por las obras. En cifras absolutas, 152,97 millones por modificaciones de contrato (+52,5%) y 98,37 millones más por nuevos proyectos (+33,76%).

El arquitecto explicó que el incremento se debió a una "sucesión de encargos y cargas asumidas por Feria Valencia", como el túnel que pasa bajo el recinto, un centro de datos o un centro médico que la Generalitat, avalista de las obras de ampliación de Feria Valencia, endosó al recinto ferial. Este hecho encareció las obras de ampliación de Feria Valencia en 100 millones, destacó.

El de los sobrecostes no fue el único punto en el que el arquitecto discrepó con los responsables de la fiscalización del recinto. En un informe posterior, realizado en calidad de perito judicial de la Fiscalía, la Intervención destacó que, para la redacción del proyecto inicial, Feria Valencia contrató directamente a Áreas, Ingeniería y Arquitectura sin publicidad ni concurrencia.

De ese modo, el estudio del arquitecto pasó del contrato inicial de asesoramiento urbanístico por 62.805 euros a un conjunto de contratos abonados tanto por Feria como por los contratistas de las obras que superan los 58,32 millones. Para justificarlo, Tomás aseguró este jueves que los costes que tuvo que asumir su estudio para desarrollar el proyecto fueron muy elevados.

Además, en relación a la sospecha de la Intervención que el arquitecto pudiera haber cobrado por duplicado –a Feria Valencia y a las contratistas– los honorarios por la redacción de los proyectos, José María Tomás aseguró que era falso.

"En absoluto he cobrado por duplicado los 17 millones de euros. Las constructoras se hacían cargo de los honorarios por dirección de obra", dijo Tomás. El arquitecto también se sacudió cualquier responsabilidad que como director de obra hubiera podido tener en el coste final de los trabajos.

"Nosotros como directores de obra nos limitábamos a controlar y garantizar los aspectos técnicos estéticos y materiales de la obra y su adecuación al proyecto, pero en ningún caso los precios", concluyó.