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la generalitat le exigió los documentos del nou mestalla para estudiar salvar los beneficios de la ate

El Valencia pide esta semana la licencia del estadio y enviará la próxima el proyecto a la Generalitat

El club tiene previsto pedir esta misma semana al Ayuntamiento la modificación de la licencia de obras que se le concedió con el proyecto antiguo

22/02/2022 - 

VALÈNCIA. En cuestión de dos semanas, el Ayuntamiento de València, de quien depende la licencia de obras del Nou Mestalla, y la Generalitat, de la que dependen los beneficios urbanísticos que en su día se le dieron al club para facilitar su cambio de estadio, conocerán el nuevo proyecto de la entidad para finalizar su nueva casa al detalle.

El club tiene intención, según anunció este martes la radio oficial, de presentar esta misma semana al consistorio la petición para la modificación de la licencia de construcción del Nou Mestalla, de acuerdo con los cambios que ha introducido en el proyecto. Aunque las obras llevan más de una década paradas, la licencia no se le ha retirado. Ahora bien, habrá que ver si hay que tramitar una nueva (con los plazos que eso supone) o si se puede tramitar como una modificación.

Además, la semana que viene tiene previsto presentar por el registro de entrada de la Generalitat (así se le exigió en la última reunión con la administración autonómica), el nuevo proyecto así como las garantías financieras con las que cuenta para acometerlos.

Foto GVA

Aunque el pasado mes de noviembre, el Consell dio inicio a la cancelación anticipada de la Actuación Territorial Estratégica que se le concedió al club para impulsar el cambio de estadio por retrasos imputables al Valencia como promotor, dio a la entidad un plazo de 90 días para presentarle la documentación y se comprometió a estudiar el mantenimiento de los beneficios urbanísticos que se le dieron en su día (fundamentalmente, una mayor edificabilidad en  la parcela del actual Mestalla para incrementar su valor).

Será la Conselleria de Territori que encabeza Arcadi España la que estudie el proyecto y decida si cumple con los requisitos de interés general para mantener esos beneficios, aunque ni se han hecho públicos los criterios que se seguirán ni tampoco si en la ATE se establecieron unas características mínimas para el proyecto.

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